El exministro de la Protección Social Diego Palacio dice que había decidido guardar silencio ante las críticas y acusaciones a su gestión. Que esa prudencia es sana para una buena institucionalidad. Pero los señalamientos que en las últimas semanas han hecho en su contra, especialmente la Federación Médica Colombiana, lo hicieron cambiar de idea: “me da la percepción de que muchos autores se dedicaron a buscar culpables sabiendo que no estoy respondiendo”.
¿Por qué cuando lo llamamos para conocer su opinión sobre algunos cuestionamientos a su gestión nos dijo que sólo daría explicaciones ante la justicia, pero ahora sí está dispuesto al diálogo?
Déjeme le cuento esto. A mí me llaman a las 4 ó 5 de la tarde y me empiezan a hablar de una resolución expedida en el año 2003. ¿Ustedes creen que uno sabe cuál es esa resolución en 2003 o en 2006? Mensualmente firmaba 4 ó 5 mil documentos. No es responsable ni con la noticia ni con uno mismo salir a opinar. Tengo la convicción de que la obligación de uno es responder, pero que a uno le tienen que dar toda la posibilidad de documentarse.
¿Entonces ya revisó el informe que elaboró la Federación Médica Colombiana sobre sus decisiones al frente del Ministerio?
No. El interés mío no es entrar en revisión individual de cada cosa. Si hay un acto administrativo, cualquiera que sea, y si alguien cree que fue ilegalmente expedido, lo que debe es demandar ante el Consejo de Estado. Y no ha sido demandado, pero sí han sacado tres o cuatro titulares insinuando eso. ¿Por qué no van a las instancias legales?
Un mes después de que usted tomó el cargo firmó la Circular 01 de 2003, en la que disminuyó las sanciones que su antecesor Juan Luis Londoño le había impuesto al laboratorio Roche por incremento injustificado de precios, ¿por qué hizo eso?
Desde el principio me vincule al equipo de Juan Luis Londoño. Ayudé en muchas temas. La gente se equivoca cuando cree que porque llega un nuevo funcionario la entidad puede cambiar totalmente. Hoy no sé cuál fue el funcionario que revisó ese acto administrativo, pero tengo la seguridad de que no hubo ningún cambio dentro de la estructura.
Pero usted frenó esa medida cuando ya se sabía que uno de los problemas del sistema eran los recobros al Fosyga y los precios de los medicamentos.
En 2002 no se veía el problema de medicamentos No-POS. Eso se vino a disparar hacia 2004-2005. A la gente se le olvida que la Ley 100 no contempló tener pago por procedimientos No-POS y la estructura que se creó para manejar el sistema no era estructura con un grupo especializado en manejo de medicamentos No-POS. Tan fuimos conscientes del problema que el gobierno llegó a tomar una de las medidas más extremas que se toman en el marco de Constitución, que es la Emergencia Social.
Pero, exministro, eso ocurrió ocho años después. Estamos hablando del principio de su administración. Usted dice que el problema aparece en 2004, pero por qué Juan Luis Londoño ya había sancionado laboratorios en 2002. Si puso la sanción es porque conocía el problema.
Hay una sanción que no se quita sino que se modifica. Hay que leer el considerando de por qué se decide cambiar o no cambiar. No conozco el expediente. Pero tengo la total seguridad de que el equipo que revisó el material era el mismo equipo que estaba con Juan Luis. La pregunta mía es si se hizo algo no previsto en la ley. Con seguridad que no.
Si en 2004, cuando ya era evidente el problema de los recobros, como usted mismo dijo, ¿por qué firmó otra circular donde se pasaron 55 medicamentos oncológicos del régimen de control directo a libertad regulada? ¿Eso no es contradictorio?
Creo que ahí hay una profunda equivocación. La Comisión de Precios de Medicamentos no depende del Ministerio de Protección Social. Quien haya pensado que el ministro de Protección tiene la potestad de tomar las decisiones de la Comisión de Medicamentos está totalmente equivocado.
¿Quiénes conforman esa Comisión?
Tiene tres personas: el ministro de Comercio, el de Protección Social y un delegado de Presidencia.
Pero ese es el gobierno en pleno.
Pero no Palacio, como ustedes lo dicen. La percepción de cualquier lector es que el ministro de Protección tenía total autonomía frente a los medicamentos.
¿Eso significa que en esa mesa de tres personas del gobierno la discusión la ganó el ministro de Comercio y no el de Salud?
No. En esto había un comité técnico. Sería bueno revisar las actas del comité técnico. No se aprobaba nada que no fuera previamente revisado, analizado y aprobado por ese comité. En eso sí nos cuidamos totalmente.
Si en 2006 seguían creciendo los recobros, ¿por qué firmó la circular 04, que imponía régimen de libertad vigilada para todos los medicamentos?
Una cosa es que uno no comparta una decisión y otra que sea ilegal. Acá están en juego más de US$2.000 millones. No es un escenario de poca monta. Valdría la pena ver cómo se financiaba la Federación Médica. ¿Es una pregunta que ustedes se han hecho? ¿La financiaban las multinacionales o las nacionales? Valdría la pena revisar. Esto generó profundos enfrentamientos en el sector. Son situaciones que un gobernante tiene que enfrentar. En 2006 hay un estudio que nos muestra la posibilidad de mejorar el sistema de control de precios de medicamentos. Después del estudio técnico, que no hice yo, se tomó esa decisión.
Usted era el ministro de Protección Social. Suponemos que recibía informes del problema de los recobros. Suponemos que le explicaron que parte del problema eran los precios de los medicamentos. ¿Por qué entonces la solución es liberar los precios?
Teóricamente puede tener lógica ese planteamiento, pero en el sector publico no se hacen así las cosas. Lo primero que uno dice es qué instrumento jurídico tenemos para controlar. Si no lo tenemos no se puede actuar. Si leen la motivación de Emergencia Social, le decimos a la Corte Constitucional que el gobierno no tenía instrumentos para enfrentar la situación.
Pero usted tenía la Comisión de Regulación de Medicamentos para actuar.
Pero es que ustedes sacan como si fuera Diego Palacio.
Pero es que era una comisión del gobierno.
Cuando llegué al Ministerio, el 94% del ingreso en ese momento de las EPS dependía de la compensación y sólo el 4% dependía de los servicios No-POS. La decisión que tomé fue centrar todo el esfuerzo en mejorar la compensación. Eso fue lo que decidí, defender el grueso del recurso. Si hoy me preguntan sobre la decisión de 2006, creo que es una muy buena decisión para medicamentos POS. Es posible que le falte instrumentos para medicamentos No-POS. Yo quedé convencido de que era un buen paso. Ahora insisto, todo el mundo tiene la posibilidad de equivocación. Creo que todas las personas toman la mejor decisión con la información disponible. Una cosa es equivocación y otra actuar ilegalmente.
¿Pero por qué era la mejor decisión liberar precios?
Era un tema de liberación y un tema de información y control. ¿Cuando es que el laboratorio que fabrica Kaletra toma la decisión de aceptar la decisión del gobierno? El mismo día de la Emergencia Social. Salen decretos y ese día nos dicen que acogen la decisión del gobierno. Partimos del hecho de que han sido decisiones y no actuaciones ilegales. Decisiones sobre las cuales el periódico en algún momento ha insinuado que son ilegales.
¿Como cuáles?
El tema de la Federación en el periódico ha sido reiterativo. En uno entrevistaron a la gente de la Federación y dan a entender que hay beneficios económicos.
Pero por eso lo llamábamos y usted decía que sólo hablaba con la justicia.
Pero en ese no me llamaron.
Si usted dice que el equipo técnico le dio mala información, o que me ha engañado o que fue una mala decisión, podríamos entender la liberación de precios. Pero no entendemos su justificación de esta política.
Legalmente los precios se liberaron en el gobierno de Pastrana, no de Uribe. Las decisiones se tomaron en el año 1999 si no estoy mal. Creo que cuando en ese gobierno se decidió liberar precios, parto de la base de que en su momento fue la mejor decisión.
¿Pero si ellos la embarraron, ustedes por qué no podían corregir esa política durante ocho años?
Es que no queda fácil estar dentro de un Estado y estar cambiando la reglamentación cada ocho días.
Explíquenos cuáles eran los beneficios de esa libertad vigilada cuando las empresa estaban abusando.
Valdría la pena revisar el acta del equipo técnico que recomienda tomar esa decisión. En salud todos queremos opinar. Porque soy paciente, porque soy médico, porque soy afiliado. Pero este es un tema muy complejo. Ese tipo de explicación, que es técnica, yo preferiría que la hicieran los técnicos que hicieron la recomendación.
Ministro, usted firmó esas decisiones. No nos metamos en tecnicismo. Explíquenos de una forma sencilla. ¿Liberar precios para qué?
En muchos países están liberados. Aquí no se estaba haciendo nada extraordinario. Aquí se adoptó una metodología que en muchos países se utiliza y ha dado resultados en unos países más que en otros.
¿Al mirar hacia atrás los resultados de esas decisiones no cree que la embarró?
Mirando hacia atrás creo que vale la pena haber hecho un análisis mas profundo de qué tanto se puede aplicar ese instrumento a medicamentos No-POS. Porque frente a medicamentos POS funciona sin problema.
Cuando uno lee ese informe de la Federación Médica hay cosas que asombran. Por ejemplo, que usted expida el Decreto 1313 de importaciones paralelas y la resolución 1499 en 2010, ahí sí buscando regular precios de 138 medicamentos, pero 15 días después retira a través de una resolución 10 medicamentos de Roche. ¿Por qué?
El objetivo del decreto de importación paralela, que lo sacamos después de que se cayó la Emergencia Social, era bajar los precios de los medicamentos. En el transcurso de 15 a 20 días, uno de esos laboratorios, tengo entendido que fue Roche, vino y dijo que bajaba los precios en un 25%. Entonces lo sacamos de importación paralela. Si uno revisa esos medicamentos, los precios cayeron de un día para otro.
Lo que uno se pregunta es por qué hace eso si aún con el 25% de descuento seguían siendo precios más altos que los de países vecinos como Ecuador.
Hay una pequeña diferencia. Cuando uno pone tope al recobro, no sólo incorpora el medicamento, sino todo el procedimiento de aplicación del medicamento.
Aquí estamos comparando el precio al que se vende el medicamento. No el precio del recobro. Estamos hablando de diferencias hasta de $3 millones.
En el caso de Roche no estuve sentado en la negociación, pero estoy seguro de que no se pagó por encima de Brasil.
No debe ser fácil, como ministro, soportar tantas presiones de empresas nacionales y multinacionales en un contexto como el del TLC. Lo que parece al mirar hacia atrás es que usted cedió a esa presión y se vio obligado a complacer algunas exigencias.
Me llama la atención que en el caso particular del Ministerio nuestro todos los actores quedaron bravos: EPS, hospitales, médicos. Las sociedades científicas me declararon persona no grata. Es un sector de 35 billones de pesos donde todos tienen algún interés legítimo. ¿Si todos quedaron bravos por qué será?
A la actual administración se le preguntó qué pasó en esa negociación con Roche y la respuesta que enviaron fue: “no existe ningún respaldo técnico ni documental para esa decisión”. ¿Recuerda algún respaldo?
No sé. Tendría que revisar. No he tenido acceso a toda la información en el Ministerio actual. De lo que sí teníamos total seguridad es cuánto estábamos pagando. La pregunta que haría es: ¿Se bajó el precio? Se bajó en 25%. Que se podía bajar más o menos, eso es otra cosa. Yo estaba seguro de que iniciábamos un proceso. Quien piense que en el sector publico todo se puede hacer en una jugada, no sabe cómo funciona. Es que mirar para atrás es muy fácil.
¿Roche fue la única multinacional que se acercó al Ministerio para que le dedicaran una resolución?
Fue la primero que lo hizo. Después otras farmacéuticas bajaron el precio. Si fue tan mala la decisión, ¿por qué el gobierno actual no la ha echado para atrás? Ellos tienen instrumentos. Ellos tienen nuevos instrumentos legales, hay que reconocerlo, que les han permitido avanzar. No tanto como dicen.
Hablemos de una decisión que este gobierno sí echó para atrás. Y fue la resolución 5033 de diciembre de 2008, en la que usted permitía que se hicieran pagos del Fosyga a EPS, así no coincidieran las facturas en registro magnético y físico. Este gobierno, a través de la resolución 2064 de junio de 2011, exigió que el Fosyga pidiera que coincidieran los dos registros.
Yo tenía delegada la administración del Fosyga. No creo haber firmado ninguna instrucción en ese sentido. Creo no equivocarme si digo que no firmé ni una sola instrucción.
¿Quién le daba órdenes al Fosyga? ¿Quién dio esa orden?
En ese momento el encargado del Fosyga. Valdría la pena mirar por qué. Insisto en que mirar hacia atrás es fácil y todo podría haber sido mejor. Valdría la pena mirar en ese momento las órdenes del Consejo de Estado sobre la necesidad de pagar a tiempo; las órdenes del Tribunal de Cundinamarca de pagar a tiempo; la demanda que interponía Sanitas porque no se pagaba a tiempo; la orden de la Corte Constitucional. Tengo la convicción de que la persona encargada de dar esa orden tendrá una explicación. Y tengo la convicción, con mucho cariño pero claridad, de que si me la explican de pronto no la entiendo y si a ti te la explican tampoco la entiendes.
Parece que fue una orden de pagar a costa de un caos informático.
Yo nunca estuve directamente en la administración del Fosyga, pero sí tengo la seguridad de que algún tipo de explicación debe tener. La pregunta es qué debe primar: ¿documento escrito o magnético?
Fue un vacío de información que permitió que pasara todo lo que pasó.
¿Qué pasó?
Se cobraron medicamentos tres y cuatro veces, se pagaron medicamentos POS como No-POS, etc.
Insisto. El sistema no estaba creado para hacer administración de No-POS. Con un problema: los jueces decían “tiene 48 horas para actuar”. Tocaba prestar el servicio. Y si no se pagaba a tiempo, teníamos demandas. Nos tocó a veces pagar intereses de mora.
¿Si usted revisa los ochos años de administración delegada diría que esa administración falló?
A mí me da risa, porque la gente con estas cosas es implacable: tiene que estar perfecta la base de datos. ¿Cuánto lleva el país con el censo electoral y no hemos podido.
¿Y qué falló entonces?
En el gobierno del presidente Uribe se pagaron 4,6 billones de pesos en los que no tuvo nada que ver el Ministerio. Los pagaron las fiducias. Que son las mejores del país. Es la fiducia más grande que el país tiene. Esa plata no pasó por el Ministerio. Ellos recogían el material, pasaba a auditores médicos que ellos contrataban, iba a interventores que hacían muestreo y cuando llegaba al Ministerio traía firmas de todos.
¿Tomó decisiones sin suficiente información?
Uno tomaba la decisión con la mejor información disponible. Si un funcionario se pone a esperar a tener toda la información necesaria, paraliza el sistema.
A lo largo de esta entrevista usted dice que a veces fueron los técnicos los responsables, que fue el Fosyga, que fue la Comisión de Medicamentos, pero usted era la máxima autoridad de ese sistema. ¿No se siente responsable de lo que pasó?
Depende de como lo vea uno. Yo tengo la convicción de que lograr cobertura universal es un enorme avance para el país. Cuando llegamos había 23 millones de colombianos que no tenían seguro. Durante ese período se rescataron muchos hospitales.
Sin duda esos son logros. ¿Qué cree que pudo hacer y no hizo?
Hay una cantidad de temas donde a pesar de ser el responsable no todas las decisiones las toma uno. En el caso de No-POS había decisiones del Consejo de Estado, de Contraloría, de Corte Constitucional, de muchos otros actores, que no permitían tomar la decisión que uno habría querido tomar.
¿No cree que pudo haberse metido más en esa parte técnica y le quitó tiempo por meterse a cosas políticas?
En el tema político no me metí. Yo no me metí en el tema de reelección. No fui a ningún desayuno a Palacio. Y en el tema de equipos técnicos no estoy evadiendo la responsabilidad. Yo respondo por lo equipos técnicos que tenía.
¿Y en el caso del Fosyga?
Insisto: eran las mejores fiducias. Ahí está el Banco de Colombia. El contrato de la fiducia tiene cláusula que dice que si hubo algo mal pago, tienen que responder.
¿Con esa cláusula del contrato se pueden recuperar dineros mal cobrados?
El contrato dice que por cualquier pago que no se haya hecho en el marco de la ley responderán las fiducias. Y qué hice yo: pregunté quién es el mejor que puede manejar esto. Estas fiducias encabezadas por el Banco de Colombia. El contrato tiene todas las garantías.
¿Significa que cada peso que se demuestre que se pagó mal lo debe devolver Bancolombia?
Ojo, que Bancolombia tenía un 25% de la fiducia. No es para que saques un titular que diga “Bancolombia tendrá que responder por 4 billones”. No. Cuando uno mira acusaciones de la Fiscalía, hablan de una cifra totalmente distinta a las que dice el gobierno actual. No llega al 1,5% de lo que dijeron en la rueda de prensa. Una cosa es que los actores del sistema como las EPS hayan hecho algo ilegal y otra, ilegítima. Mi percepción es que es ilegítimo que una EPS cobre más caros sus medicamentos, pero de pronto es legal. Y como uno sólo puede cumplir la ley, en ese marco quiero que demuestren.
¿Pero si se demuestra el 1,5% lo paga Bancolombia?
En primera instancia las EPS. Pero quiero ver a la Fiscalía demostrando eso.
¿Por qué se demoraron tanto para decretar la Emergencia Social?
Se tomaron otras medidas. De un momento a otro decidimos que necesitábamos otros instrumentos jurídicos y sacamos la Emergencia. Eso era lo que se buscaba. No había tiempo para tramitar en el Congreso y pensamos que con eso lo comenzábamos a controlar.
¿Está de acuerdo con el Consejo de Estado en que no era un emergencia, sino un problema crónico?
Tenía que aceptarlo. Pero creo que este gobierno de Santos toma un montón de esos instrumentos y los incorpora a la ley
¿Por qué no atendió las advertencias de muchos sectores y también de la Federación Médica?
¿Ustedes saben que el encargado de la administración del Fosyga era el Consejo Nacional de Seguridad Social y hasta 2009 la Federación tuvo asiento ahí? Quiero ver un primer informe en que digan: “hombre, esto se va a reventar”. Ellos hacían parte del Consejo. Este es un mercado de 2 mil millones de dólares, donde hay muchos intereses. No quiero sacar hipótesis. No creo que la Federación esté sacando comunicados de que me va a denunciar, pero no van al Consejo de Estado a solicitar que declaren nulidad de un acto administrativo. Porque van detrás del titular más que a neutralizar la acción. Si a mí no me gustara una decisión, iría al Consejo de Estado para que la tumben.