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Los funcionarios de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tenían altas expectativas con Jorge Iván Bula en la dirección de la entidad (posesionado en septiembre de 2022), por tratarse de un académico y para que adelantara una restructuración en la entidad que incluiría la supresión de algunos cargos y la formalización de otros en la planta global.
No obstante, bajo su dirección han surgido nuevas quejas sobre el incremento de contratos en la modalidad de prestación de servicios. Igualmente, los sindicatos han cuestionado convenios de alta cuantía con operadores, por posibles irregularidades. (Lea el informe completo aquí).
El Espectador se comunicó con el director de la ESAP, quien defendió su gestión y justifico los altos rubros de los convenios. Desde Puerto Inírida (Guainía), en donde se encontraba por motivo de las capacitaciones de los alcaldes y gobernadores electos, ofreció alguna explicaciones, si bien ya fue citado en el Congreso para lo mismo.
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Las denuncias sobre presuntas irregularidades fueron remitidas a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia por los sindicatos de la entidad, a quienes les preocupa que en el último año se haya “tercerizado la misión de la escuela”. Por otro lado, hay dudas sobre contratos como el del operador logístico por $11.680.030.499, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las inquietudes sobre ese contrato, registrado el 20 de septiembre de 2023 por el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, residen en que tiene un plazo de ejecución de tres meses pese a su alto valor. “El último contrato de operador fue en el año 2021, por $2 mil millones, fue suscrito con un tiempo de ejecución de 12 meses”, dijeron.
Sobre ese convenio, el director aseguró que tiene solo tres meses de ejecución, pues es un nuevo proceso, que se desplegó de otro con el mismo objetivo, firmado en el primer semestre de 2022, sobre el que hubo un error. “Identificamos que se había cometido un error en el proceso de contratación, pues la selección no había cumplido con los términos de la ley, pero luego se rehízo el proceso con Colombia Compra Eficiente con rigurosidad. Ese es el contrato que se firmó nuevamente en septiembre” .
Cuando este diario le preguntó por el posible derroche de recursos y poca ejecución del mismo, aseguró que hay actividades pendientes del semestre pasado, que tendrán que ser resueltas en este periodo. “Con ese contrato se está ejecutando todo lo que estaba pendiente y acumulado”. Según dijo, en el primer semestre de 2023 la institución estaba funcionando con recursos limitados.
Por otro lado, según el director, el alto rubro se debe a que ese contrato incluye también los eventos y las capacitaciones para los mandatarios locales electos el pasado 29 de octubre.
A los sindicatos también le generan inquietud contratos de alta cuantía para implementar aulas híbridas. Para eso, por lo menos, habría tres convenios con empresas y un borrador por $5.271.174.720 para suministrar los equipos necesarios. Las organizaciones sindicales están en contra de esa modalidad, pues “desconoce la realidad de los municipios de quinta y sexta categoría”, en los que hay deficiencias en la conectividad de las TIC, “lo que genera un detrimento en la calidad”, dijeron.
Sobre las aulas híbridas, Bula dijo que aunque la inversión es significativa, vale la pena, pues es para instalar 90 espacios de ese estilo en distintas entidades territoriales del país. Ese programa tiene como objetivo tener mayor alcance para estudiantes que no pueden desplazarse a las aulas físicas o, porque los profesores no pueden llegar a todos los territorios. “Queremos colocarnos en la punta del conocimiento, como otras universidades del país”.
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Por otro lado, sobre los cuestionamientos de que esas aulas no funcionen, pues hay municipios sin acceso a internet, afirmó que “hicimos un estudio previamente y las aulas serían instaladas en donde haya conectividad. El proveedor tendría que garantizar el Internet, esa es una de las condiciones”.
Por otro lado, los sindicatos solicitaron vigilancia sobre los viajes de Bula, por un contrato de $2.496.893.577 para el suministro de tiquetes aéreos. Al tiempo, calcularon que sus viajes superan los $80 millones desde su llegada a la ESAP. El director le señaló que el contrato de vuelos no es solo para su traslado, sino a otros directivos y funcionarios de la institución.
Igualmente, dijo que ese convenio funciona con una planificación anual. “Firmamos un contrato, pero es una contratación planificada a medida que salgan los viajes”. También dijo que algunos vuelos, para cumbres internacionales y otros eventos a los que lo invitan, no son financiados con dineros de la ESAP.
Por el momento, la investigación sobre las presuntas irregularidades que mencionan los sindicatos están en manos de los entes de control, quienes deberán investigar y determinar si hay anomalías en esos compromisos.
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