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El presidente Gustavo Petro le puso su firma a una resolución ejecutiva con la cual se da vía libre para que un antiguo militante de las extintas Farc, quien además pasó por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sea recluido en una cárcel de Estados Unidos por su responsabilidad en un cargo federal por narcotráfico.
Se trata de Aldemar Soto Charry, quien es conocido con el alias de Ingeniero y apareció en los listados de excombatientes que las entonces Farc presentaron ante el Ejecutivo para confirmar quiénes hicieron parte de sus tropas ilegales y, para ese entonces, debían ser reconocidos dentro de los acuerdos suscritos con la administración de Juan Manuel Santos.
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Sin embargo, de acuerdo con un expediente de la Corte para el Distrito de Columbia, Estados Unidos, Soto Charry continuó inmiscuido en varias actividades ligadas al narcotráfico con carteles y bandas que operan desde Colombia, Ecuador y otros países, y que –por lo mismo– era necesaria su extradición. Eso, además, implica que violentó los acuerdos de paz que la extinta guerrilla firmó para dejar las armas.
Su expediente en Colombia cobró relevancia en julio de 2019 cuando se solicitó formalmente su extradición. En diciembre de 2021, tras varias decisiones previas, la JEP confirmó que no se le podría mantener el blindaje de la justicia transicional con el que se evitaría su envío a una prisión estadunidense y, en ese sentido, remitió (en abril de 2022) su caso a la Corte Suprema de Justicia.
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La Sala Penal de ese alto tribunal, en enero de este 2024, le dio vía libre a su extradición por narcotráfico y se lo notificó a la Casa de Nariño, donde el pasado 28 de febrero se firmó la resolución 076 de 2024 autorizando, por parte del presidente Petro, su envío a Estados Unidos.
Este sujeto, Aldemar Soto Charry, militó en la columna Teófilo Forero –una de las más sangrientas de las extintas Farc– y entre otros líos judiciales terminó condenado en la década de los años 2000 por su responsabilidad en un atentado que la entonces guerrilla perpetró en 2003 contra el expresidente Álvaro Uribe.
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El caso se registró en febrero de 2003, cuando en las inmediaciones del aeropuerto de Neiva, Huila, explotó una bomba armada por las Farc para atentar contra Uribe. El explosivo dejó al menos 15 personas muertas y a unas 60 heridas, aunque el entonces jefe de Estado no se vio afectado.
NOTA DEL EDITOR: La última línea del primer párrafo de esta nota se actualizó el 14 de marzo de 2024, ya que había una imprecisión que se ajustó. Aldemar Soto Charry no está solicitado en extradición por “varios delitos federales”, como se dijo en un principio, sino por un delito federal, como quedó actualizada esa parte del artículo.
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