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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido cuestionado debido a que sus miembros tienen un origen partidista. Que las colectividades tengan su cuota en el máximo ente electoral siembra dudas sobre sus decisiones y hace pensar que las determinaciones son políticas y no ajustadas a derecho. También se ha criticado que el ente electoral no tiene independencia presupuestal, sino que depende la Registraduría.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido cuestionado debido a que sus miembros tienen un origen partidista. Que las colectividades tengan su cuota en el máximo ente electoral siembra dudas sobre sus decisiones y hace pensar que las determinaciones son políticas y no ajustadas a derecho. También se ha criticado que el ente electoral no tiene independencia presupuestal, sino que depende la Registraduría.
Antes esas críticas, Ariel Ávila y otros miembros de la Alianza Verde radicaron un proyecto de acto legislativo -para reformar la Constitución- en el que se acaba con el CNE y se cree un nuevo ente electoral. Este sería el Órgano Nacional Electoral (ONE) y se rompería con muchos de los elementos del actual CNE.
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El ONE también estaría compuesto por nueve miembros, como actualmente está compuesto el CNE, pero su elección y duración en el cargo sería muy distinta a la actual. Los nuevos magistrados tendrían la misma categoría de un magistrado de las altas cortes, esto implica que tendrían periodos de ocho años y las mismas inhabilidades.
La propuesta de la reforma constitucional incluye alejar a los partidos del todo de la elección de los nuevos magistrados, por lo que estos serían escogidos por concurso de méritos, organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. También se crearán seccionales departamentales del órgano Electoral, que estarán conformados por servidores públicos de carrera, que ingresarán también por concurso.
El proyecto establece fuertes restricciones para ser magistrado del ONE. Ninguna persona que en los últimos cinco años haya sido ministro, secretario, magistrado, ejercido cargos dentro de los partidos o haya aspirado a un cargo de elección popular podrá ser togado del que sería el nuevo tribunal electoral.
El proyecto también contempla que se creen salas especializadas, unidades de investigación financiera y policía electoral, aunque todas estas deben ser asumidas por una ley estatutaria. Asimismo, la iniciativa incluye un parágrafo transitorio en el que establece que tres de los nueve magistrados que compongan el CNE entre 2022-2026 podrán pasar a ser directamente magistrados del nuevo ente electoral.
La iniciativa de reforma constitucional también entra a reformar las funciones que actualmente tiene el CNE y que serían un tanto diferentes para el ONE. Por ejemplo, este ente ya no elegiría al Registrador, sino que únicamente le daría posesión. La cabeza de la Registraduría sería elegida por los presidentes de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) y los candidatos se surtirían por concurso de méritos.
También se agregarían funciones como la de tener plena regulación y control de la “actividad de los partidos y movimiento políticos, y de las campañas electorales”. En este mismo sentido se le da expresa autoridad para declarar la disolución, escisión o fusión de los partidos políticos. Asimismo, se incluye disposiciones para que reglamente la participación de los partidos en los medios de comunicación, sean públicos o usen el espectro electromagnético.
Otra de las nuevas funciones de este órgano sería llevar el registro de los partidos y sus miembros, además de entrar a decidir sobre las impugnaciones de las decisiones de los partidos. En este mismo sentido se deja expreso el poder sancionatorio del ente electoral ante posibles infracciones en temas de publicidad y encuestas.
El proyecto contempla que el ente electoral podrá suspender procesos electorales ante “motivos de orden público”, aunque esta es una decisión necesita las ¾ partes del tribunal electoral para tener validez.
Algunas de las reformas vienen encaminadas a solventar el caos que hubo en los últimos meses ante algunas inconsistencias en los resultados electorales. Por ejemplo, se deja claro que el tribunal electoral podrá decidir sobre cualquier reclamo relacionado con los escrutinios. Esto también le da poder de saneamiento sobre cualquier vicio en las urnas.
En este tema de los escrutinios también se consagra que podrán tener un conocimiento directo sobre cualquiera de estos, pero esto implica un permiso de la sala plena del tribunal. Otra de las grandes reformas que se tendría en cuanto a los escrutinios es que el ONE tendría el encargo de la designación de sus funcionarios públicos a nivel territorial, al igual que los que lleven a cabo el escrutinio, lo que daría a entender que se entraría a modificar la forma actual en la que se hace este proceso de conteo y revisión de votos.
Más allá del tema de escrutinios, la reforma busca darle autonomía presupuestal al sucesor del CNE, que actualmente depende de la Registraduría, y entregarle funciones de policía judicial. Esto último tendría como fin último investigar y sancionar a los partidos y organizaciones políticas que incumplan las normas de organización, funcionamiento y financiación. También se le daría al nuevo ente electoral la capacidad de convocar elecciones atípicas.
De acuerdo con los autores de la iniciativa, el texto busca cumplir con el punto dos de participación política del acuerdo de paz, en el que se pretende “ofrecer mayores garantías para la participación política”. En este mismo sentido se señaló que hay unas situaciones que dan pie a la falta de legitimidad del sistema político debido a que “el diseño institucional actual favorece en buena medida la desconfianza hacia las autoridades, en tanto, se ha entendido que estas operan en función del interés de los políticos y no de la garantía y defensa de la democracia”.