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Una ola de críticas por parte de la oposición generó el acuerdo entre las EPS y el gobierno de Gustavo Petro, del que se produjo una nueva reforma a la salud que sería presentada esta semana ante el Congreso. La nueva iniciativa, que cuenta con tan solo 47 artículos, llegaría al Legislativo con un mensaje de urgencia para adelantar el trámite lo más rápido posible.
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La concertación ocurrió con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Gestarsalud, Salud Total EPS, EPS Sura, Nueva EPS, Compensar EPS, Mutualser EPS y Coosalud EPS. Desde la oposición han señalado que al aceptar convertirse en Gestoras de Salud, uno de los puntos clave de la iniciativa del Ejecutivo para reformar el sistema, estas pasarán a “ser apéndices del Gobierno y la política”, como lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.
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La llegada de este nuevo texto causó que se retirara la apelación hecha por los congresistas Wilson Arias (Pacto Histórico), Ferney Silva (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes) para revivir la reforma archivada. De acuerdo con Silva, la acción se realizó para poder lograr un consenso y recibir aportes de todos los sectores para concretar un nuevo texto.
Sin embargo, algunos no están tan convencidos con la nueva propuesta. Los ocho senadores que hundieron la primera reforma se pronunciaron para decir que era “un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia”.
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“La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos”, indica el comunicado, firmado por Norma Hurtado (partido de La U), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marin (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Berenice Bedoya (ASI).
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Uno de los puntos que preocupa a la oposición de la reforma es el ajuste al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sobre el que insisten que debe ser calculado y establecido por “una instancia independiente conformada por expertos de la academia”. El borrador de la reforma indica que este valor será determinado por “el Ministerio de Salud y Protección Social, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud y del Consejo Nacional de Salud”, con “estudios técnicos, que consideren ajustadores de riesgo en función de la edad, el sexo, la ubicación geográfica, las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas de la población”.
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“Sin diferenciación entre regímenes contributivo y subsidiado en el acceso al PBS, ajustando el cálculo por componentes de riesgo en salud de afiliados, con toma de decisiones articuladas con los ministerios de Hacienda y de Salud, determinando una UPC-diferencial para zonas marginadas y causada por cumplimiento de exigencias de Óptima Acreditación en Salud”, piden para el cálculo de la UPC.
Estos congresistas planean radicar una reforma a la salud propia el próximo 20 de julio, en la nueva legislatura. Esta avanza con mesas de trabajo con voceros de los gremios de la salud, académicos y pacientes.
Todavía no hay una fecha clara para la llegada de la nueva reforma del Gobierno al Congreso. Sin embargo, senadores del oficialismo ya trabajan en el borrador mientras tratan de avanzar con los debates en Cámara de Representantes de la reforma pensional, que deberá ser aprobada antes del 20 de junio.
Este es el borrador de la nueva reforma a la salud:
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