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A través de una carta dirigida a Berit Reiss-Anderse, presidente del Comité Noruego, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) le pidió retirarle el nobel de Paz otorgado en 2016 al expresidente Juan Manuel Santos.
Según la congresista, el Comité “se precipitó” al hacer la entrega de su galardón en 2016, pues se otorgó “sin evidencias sólidas del resultado” del Acuerdo de Paz que, aseguró, ha terminado en inconformismo ciudadano por la impunidad otorgada a las Farc como responsables de delitos atroces.
Entre otras, la senadora da cuenta de las recientes revelaciones hechas por Bernardo Ñoño Elías, exsenador del Partido de la U, quien ha comparecido desde una celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde está recluido desde hace tres años. En la primera diligencia, revivió el supuesto episodio de la entrada de dinero ilegal a la campaña releccionista de Juan Manuel Santos, en 2014, a través de presuntos negocios entre Odebrecht y el exgerente de campaña, Roberto Prieto.
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“El mencionado excongresista ha hecho delicadas revelaciones que vinculan directamente al expresidente Santos con Eleuberto Martorelli, uno de los directivos de Odebrecht, dentro de las maniobras realizadas para conseguir aportes ilegales para la financiación de su campaña de reelección en 2014”, reclama Cabal.
Adicionalmente, recuerda la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la relación de la campaña Santos con los dineros de Odebrecht por presunta financiación ilegal. “Según declaraciones del exsenador Elias, también contribuyó a la campaña liderada por el Gobierno Santos a favor del Sí en el plebiscito convocado para refrendar el Acuerdo de Paz”, dice.
En su misiva, la senadora del uribismo insiste en que el expresidente “se valió de medios ilegales” para garantizar su reelección en 2014 y para promover el Acuerdo de Paz por el que fue galardonado por el Comité Noruego del Nobel.
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Para Cabal, Santos no logró responder a las expectativas que el Comité y gran parte de la comunidad internacional depositaron en el proceso de paz. Adicionalmente, advierte que Colombia sigue siendo un país amenazado por el narcotráfico y el terrorismo, y que continúan en armas 2.600 hombres y 1.970 miembros de redes de apoyo en 20 departamentos.
“Estas estructuras criminales controlan el 93,5% de los cultivos de coca en el país y son responsables de al menos un 14% de los asesinatos de líderes sociales en Colombia”, agrega Cabal, que alerta que la Misión de la ONU y la Fuerza Pública colombiana han encontrado al menos 1.101 depósitos de armas no reportados por la guerrilla.
Además de insistir en que en 2018, cuando concluyó el periodo de Santos, el número de hectáreas sembradas de hoja de coca había llegado a los 208.000 cultivos que, sumado a la minería ilegal y otros negocios ilícitos, Cabal reclama que –según la Oficina del Alto Comisionado para la Estabilización–, las Farc “no cumplieron cabalmente con su obligación de entregar los bienes ilícitos”.
“Del billón de pesos reportado en sus inventarios, solo es monetizable a favor de la indemnización de las víctimas cerca del 50 %. Adicionalmente, el pasado 31 de diciembre, fecha en la que se vencía el plazo establecido por el Gobierno de Iván Duque, solo habían entregado alrededor de 50 mil millones de pesos”, explicó.
“Sabemos que el Nobel de la Paz no puede admitir la comisión de delitos para garantizar la reelección presidencial o la aprobación de acuerdos de paz rechazados por el constituyente primario”, precisa en la carta.