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La cabeza del Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó cuál fue su involucramiento en el proyecto Sauces II en Mocoa, Putumayo, por el que la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal contra seis exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La investigación inició por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos de construcción, con los que se iba a edificar 909 viviendas. Estas, sin embargo, no fueron entregadas a tiempo y, de acuerdo con la Contraloría, se causó un detrimento patrimonial debido a que todavía se pagan los subsidios a quienes fueron damnificados. Según el ente, hubo anomalías en la reconstrucción de los daños de la avalancha del 2017 en el municipio.
En una entrevista con Noticias Caracol, el ministro, quien fue director general de la UNGRD desde el 1 de abril de 2023 hasta el 2 de mayo del mismo año, contó que desde el inicio del proyecto había problemas, pues en los contratos se señaló que se construiría en una zona de riesgo.
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“En el año 2018, se hicieron unos contratos para construir unas viviendas después de la tragedia de Mocoa, Putumayo. Quien hizo esos contratos los hizo señalando que se tenía que construir en una zona de riesgo. [Es] una irresponsabilidad gigantesca que tiene que ser profundamente investigada y sancionada. Esto es una locura, es un desastre realmente”, indicó Velasco.
También recalcó que estuvo “menos de 30 días encargado de la dirección”, en los que tuvo que atender la alerta amarilla del volcán del Nevado del Ruiz y el derrumbe en Rosas, en los que concentró “gran parte de [sus] esfuerzos”. Aun así, pidió y entregó “la información que tenía sobre ese contrato a la Secretaría de Transparencia”.
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“La Contraloría tiene que tener un mayor rigor en la investigación. No puede ser que un investigador no se dé cuenta que le está imputando unos cargos, por unos contratos que se hicieron varios años antes, a una persona que estuvo 20, 24 días encargada en el marco de una atención de una emergencia nacional como era la alerta amarilla del volcán Nevado del Ruiz”, señaló.
Aun así, el ministro aseguró que entregaría la información que tuviera al ente investigador sobre los pagos de subsidios para arrendamiento y respondería todas las preguntas que se le hicieran al respecto, aunque todavía no ha sido notificado de la investigación. Enfatizó en que es un proceso que la Contraloría y Fiscalía deben adelantar porque “se le debe al país”.
En el proceso, que es por $24.415 millones, también están vinculados los exdirectores Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón y Gerardo Jaramillo Montenegro.
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