En ambos casos todo lo que han conseguido es hacer el ridículo, y sacrificar a su pueblo. Sólo que, dueños y señores de su patio, con su aparato represivo apuntando hacia monjes y ciudadanos inermes, seguirán campeando, no se sabe por cuánto tiempo, empeñados en echar para atrás el reloj de la historia.
La figura arcaica de ejercer el gobierno con la pretensión de saber de todo, y de ocuparse de los asuntos públicos hasta el detalle, para controlar las causas y las consecuencias de los fenómenos políticos, resulta preocupante para los demócratas del mundo entero. Pero el ejercicio del poder para evitar las responsabilidades humanitarias que se derivan de catástrofes naturales no puede ser sino inadmisible.
A la luz de lo anterior, es inadmisible que luego de la devastación del ciclón que acabó con miles de vidas humanas, viviendas, animales, flora natural y sembrados en el enorme delta del río Irrawaddy, el gobierno de Rangún se niegue a ultranza a permitir el ejercicio de una ayuda internacional que clama porque le permitan asistir a los damnificados.
Los fenómenos naturales no hacen distinción de nacionalidades. Atacan por igual a ricos y pobres. Hacen caso omiso de las divisiones políticas y de las aspiraciones de dominación interna de áreas de jefecitos cuya significación, a la luz de los grandes hechos y ante la fuerza de la naturaleza, resultan tan insignificantes como dañinos.
El daño que resulta de un ciclón no se dirige hacia uno u otro gobierno. El golpe lo recibe el planeta y de paso se lleva toda clase de seres vivientes y daña construcciones y modos de vida. Cualquier poder local se ve desbordado ante su ímpetu, entre otras cosas porque fue elegido, o se tomó el poder, para fines distintos. No hay previsión posible. No hay policía ni política que se le oponga. Todo poder humano queda excedido. Y por lo tanto no se puede esperar que la respuesta sea cosa de alcance local.
La respuesta a los efectos de los desastres es un reto para el conjunto de la humanidad y de los poderes que la gobiernan. Es un reto para la solidaridad. La respuesta a sus consecuencias corresponde a todos. Obstruir la solidaridad por razones internas es un abuso de poder y además puede constituir un crimen contra la humanidad. No hay razón válida para impedir la acción de quienes deseen y tengan la capacidad de actuar para paliar el dolor de miles de seres humanos que, además de tener que soportar el peso de gobiernos abusivos e irrespetuosos de los derechos humanos, han de quedar aislados en su miseria bajo el castigo de la naturaleza.
En buena hora el Secretario General de las Naciones Unidas resolvió ir a la antigua Birmania a tratar de abrir la puerta para que llegue a las veredas de ese enorme país un paquete de ayuda al que el régimen le ha puesto un embudo que sólo deja pasar en un veinticinco por ciento. Curiosamente, detrás de Ban Ki-moon, están haciendo fila una cantidad de gobiernos y de filántropos listos a servir de algo.
Con el respeto por el fuero estrictamente interno del régimen de Myanmar, aunque su arbitrariedad produzca espanto, es preciso que alguien llegue urgentemente a hacer algo por la gente que llora cerca de ochenta mil muertos y cincuenta y cinco mil desaparecidos, lo mismo que por los ciento cincuenta mil habitantes de más de ciento veinte mil refugios de miseria y los dos millones y medio que vieron cambiada su vida en unas horas de desgracia inesperada.
Otra cosa es que como consecuencia de esa presencia se desvele y comience a cambiar, por fin, la situación de un país aislado del mundo, capturado por una junta de dictadores sobre cuyas virtudes tenemos dudas y cuyos defectos saltan a la vista.
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