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Judicial | Lun, 06/02/2008 - 21:35

Bancos deben refinanciar deudas de desplazados

Por: Humberto Coronel Noguera

Sentencia defiende el derecho fundamental de buena fe y el deber de solidaridad.

Un ejemplarizante fallo profirió recientemennte la Corte Constitucional a favor del profesor Óscar Orlando García Díaz, quien incumplió el pago de sus obligaciones de un préstamo que obtuvo del Banco Agrario, debido a que él y su familia se vieron obligados a desplazarse forzosamente al departamento de Huila por la situación de violencia que afrontó en Caquetá. El máximo tribunal constitucional ordenó a la entidad bancaria que reprograme el crédito, dentro de unas condiciones que el desplazado pueda cumplir, y que haga lo necesario para que sea retirado de Datacrédito y de la central de información Cifín.

Óscar Orlando, un profesor de escuela en San Vicente del Caguán, adquirió en abril de 2005 un préstamo del Banco Agrario de Colombia, denominado “Finagro Pequeño Productor”, por valor de $5.700.000, para invertir en una pequeña finca de su propiedad. Por la compleja situación de violencia que padece la población civil del municipio, desde el momento mismo en que se terminaron los diálogos de paz y las Farc abandonaron, en febrero de 2002, la zona de despeje. Cuatro años después  , el educador y su familia se desplazaron  a Neiva, no sin antes notificar su desplazamiento al banco.

Pese a estos antecedentes, el Banagrario le respondió al deudor que debía acreditar su condición de desplazado a través de un certificado de Acción Social, pero al parecer esa  entidad financiera no tuvo en cuenta que el profesor y su familia se encontraban inscritos desde el primero  de febrero de 2006,  en el Registro Único de Desplazados por la Violencia, haciéndole llegar el 15 de marzo un recordatorio del vencimiento del pago que debía efectuar.

Sin trabajo y despojado de la tierrita que tenía para cultivar, Óscar García solicitó al banco la condonación total de la deuda, puesto que en ese momento no tenía los recursos ni los medios para cancelarla. El Banagrario negó la pretensión aduciendo que le había otorgado una prórroga de seis meses, la cual se podría extender a un año si éste acreditaba nuevamente su condición de desplazamiento.

Debido al no pago del crédito, el banco demandó a García el 22 de marzo de 2007, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán. Luego de haberse estabilizado laboralmente, el 27 de abril de 2007, el docente  se dirigió a la sucursal bancaria en Neiva para pagar su obligación, pero el dinero no fue recibido porque había sido reportado como moroso y tenía un proceso jurídico en su contra.

Con una deuda elevada por los intereses, el 3 de mayo de ese año García  interpuso un derecho de petición pidiendo “le retiraran el cobro jurídico para poder pagar las cuotas atrasadas y  continuar con el crédito normal”. Ese mismo día el banco le contestó que le negaba la solicitud porque la fecha  de pago se había vencido el 28 de octubre de 2006, razón por la cual a los 90 días se remitió a cobro jurídico porque la certificación de Acción Social “fue recibida el primero de diciembre de 2006 y ya no era viable gestionar la prórroga”.


García interpuso una acción de tutela contra el Banco Agrario. La Corte Constitucional estudió el caso y falló a favor del profesor, porque el banco no tuvo en cuenta la condición de desplazamiento y emprendió un proceso ejecutivo para cobrarle la deuda al docente, vulnerándole sus derechos fundamentales como el principio de buena fe y el deber de solidaridad.

La sentencia ordena a la sucursal del Banco Agrario en Neiva, terminar el proceso adelantado en el juzgado de San Vicente del Caguán, que García sea excluído de Datacrétido y Cifín, y se “plantee y acuerde con Óscar Orlando García Díaz nuevas opciones reales para el pago de su deuda, teniendo en cuenta su condición de desplazado”.

Con el fallo el tribunal constitucional sienta un precedente en contra de las entidades bancarias que hayan emprendido acciones por no pagos en contra de personas desplazadas por la violencia.

Secuestrados son eximidos de obligaciones financieras

Aplicando el principio de solidaridad, la ley 986 de 2005 protege a las víctimas del secuestro y sus familias, quienes por afrontar una circunstancia de fuerza mayor deben suspender el pago de sus deudas con el sistema financiero. 

Por eso, mientras dure el cautiverio, el afectado y su núcleo familiar quedan eximidos de sus obligaciones financieras y tributarias. Una vez en libertad, los deudores contarán con un plazo no mayor a un año para reanudar el pago de los compromisos pendientes y acordar planes de refinanciación con sus acreedores.

La norma incluye aquellas deudas que no estaban en mora en el momento de la retención forzosa ilegal y la suspensión del cobro de estas deudas queda levantada cuando se establezca o se declare presuntamente la muerte del deudor secuestrado.

En consecuencia, según la citada ley, los plagiados no podrán ser incluidos en las bases de datos de las centrales de riesgo. La norma también dispone que los empleadores deberán seguir pagando el salario y las prestaciones sociales de aquellas víctimas del secuestro. El pago de sueldos, honorarios o pensiones deberá hacerse a la persona que quede con la tutela de los bienes del secuestrado; es decir, el cónyuge o compañero permanente, los hijos o los padres de la víctima o los hermanos.

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