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Judicial | Mie, 03/16/2011 - 15:28

Amenaza en restitución de tierras en 58 municipios

Por: Elespectador.com

El Gobierno puso en marcha un modelo de seguridad para blindar este proceso de los grupos ilegales.

Este miércoles, el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, puso en marcha el Centro Integrado de Inteligencia (CI2), un mecanismo del Gobierno Nacional para brindar seguridad a los beneficiarios de la restitución de tierras y evitar la 're-victimización'.

Este centro -en el que tendrán participación todos los organismos de inteligencia y la Fiscalía- permitirá identificar, prevenir y contrarrestar hechos de violencia que afecten este proceso.

La principal función del Centro Integrado de Inteligencia será detectar los sitios de mayor riesgo, lo que permitirá diseñar estrategias efectivas para brindar seguridad y protección en los procesos de restitución.

Según informó el jefe de la cartera de la Defensa, un total de 58 municipios están en "riesgo alto" de amenazas contra los campesinos que reclaman tierras; en 16 municipios más existe un "riesgo medio" y en 455 se cierne un "riesgo bajo" contra los campesinos beneficiarios del programa.

“Si este mecanismo se hubiera adoptado en el pasado nunca habrían ocurrido casos en los cuales se asignaron tierras a testaferros de organizaciones delincuenciales. No se tolerarán ni amenazas, ni violencia, ni testaferros de Farc y Bacrim en contra de la restitución de tierras”, expresó.

La meta del Gobierno de Santos para los cuatro años de su mandato, hasta 2014, es devolver a los campesinos unos 2,5 millones de hectáreas.

"El retorno y la restitución es una máxima prioridad para el Gobierno y por eso el Ministerio de Defensa decidió no esperar a la aprobación de la Ley de Víctimas y se decidió avanzar de manera inmediata en la construcción de un modelo de protección y seguridad para el proceso", manifestó Rivera.

Algunos cálculos señalan que en Colombia los grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes, así como algunos políticos y funcionarios corruptos, se han apropiado ilegalmente de entre 5,5 y 6 millones de hectáreas de tierras de las que han expulsado a sus legítimos dueños.

Solamente la guerrilla de las Farc era dueña, en agosto de 2010, de casi 50.000 hectáreas de tierra en todo el país, según denunció el presidente Santos en un reciente acto de devolución de propiedades en la finca Carimagua.

Según cifras oficiales, desde el 7 de agosto, al menos ocho líderes de tierras o representantes de víctimas en Antioquia han sido asesinados. Situación que preocupa al Gobierno y que obligó a tomar medidas severas luego de que se presentara el robo de una memoria USB que contenía información confidencial del proceso de restitución.

Además, al menos 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta desde marzo de 2002, según registros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En los últimos meses la ONU advirtió al Gobierno colombiano de la urgencia de tomar "medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras", al ofrecerse a acompañar al Estado en esa tarea.
 

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