Con la promesa de invertir recursos por cerca de $250 mil millones en tres años y crear una sinergia entre las agencias estatales vinculadas a la problemática, Colombia decidió por fin tomar por los cuernos el problema del embarazo adolescente y dio un gran paso hacia su reducción, tal y como se había comprometido a hacerlo al suscribir los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.

Se trata de un flagelo que históricamente ha sido visto como un problema de salud, pero que tiene que ver hasta con el crecimiento de un país, dado que el embarazo de las menores de edad suele ir de la mano con fenómenos como la deserción escolar, la reproducción del ciclo de la pobreza y el ingreso al aparato productivo en condiciones desfavorables.

El caso colombiano es especialmente preocupante en la región. Después de Venezuela, donde el embarazo adolescente se ubica en el 21%, Colombia ocupa el segundo lugar con el 19,5%, seguido de Argentina (15%), Chile (17%) y Perú (13%).

Según la Encuesta Nacional de Demografía de 2010, una de cada cinco adolescentes estaban en proceso de gestación o ya habían sido madres. El 64% de ellas reconocieron que sus embarazos eran no deseados y sólo la mitad dijo que había pensado en tener un hijo, pero más adelante.

Pese a las campañas gubernamentales para reducir estas preocupantes cifras, la tasa de fecundidad en menores de edad no presentó la misma disminución que la tasa general. Mientras el embarazo total pasó de 91 a 74 casos por cada 1.000 mujeres entre 1990 y 2005, el de adolescentes subió de 70 a 90 casos durante el mismo período.

Sólo en 2010 tuvo una pequeña caída hasta 84 casos.

La razón, al decir de Cristina Plazas, alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, es muy sencilla: “No basta con enseñarle a la gente que sin condón ni pío. Hay que ofrecerles alternativas de educación y trabajo, y no se puede excluir a las adolescentes que ya han sido madres”.

En esa misma línea está dirigida la política que el Gobierno lanzó ayer y que en últimas va más allá de la asignación de recursos y actividades específicas —lo cual ya es atípico para un documento Conpes como el que consagra la política contra el embarazo adolescente—, sino que cambia el enfoque para el abordaje de la problemática.

Por esta razón el nuevo modelo no le asigna funciones sólo al Ministerio de Salud, sino que lo hace con las carteras de Trabajo, Educación, Cultura, entre otras.

Dicha visión resulta especialmente importante en momentos en que la actitud de los adolescentes frente a la sexualidad ha cambiado, haciendo que modelos antiguos resulten inocuos para su control.

Incluso, fenómenos sociales relacionados con las nuevas violencias de país y con los esfuerzos estatales para acabarlas están asociados con esta problemática. Así, por ejemplo, está ya documentada la relación entre la llegada de los soldados de la seguridad democrática, en la pasada administración, con el aumento de los casos de gestantes menores de edad en municipios de Boyacá, Santander, entre otros. Tampoco es un secreto que existe cierta relación entre los casos de disfuncionalidad y violencia intrafamiliar de habitantes de las zonas rurales con la proclividad de reclutamiento por parte de los actores armados a algunos jóvenes de esas mismas áreas.

Fenomenologías de este tipo fueron las que llevaron hace un año a Plazas a plantear la necesidad de reestructurar la política nacional contra el embarazo de menores. El hecho de que el 55% de los casos afectara a mujeres sin educación y cerca del 40% a aquellas que sólo habían cursado la primaria, le ayudó a trazar propuestas que de inmediato contaron con respaldo presidencial.

Por eso expertos como Claudia Gómez, directora nacional de Investigaciones de Profamilia, destacaron que por primera vez una política de este tipo esté acompañada del respaldo de la chequera estatal para garantizar que no se quede en palabras.

Gómez cree que para el éxito de la iniciativa es necesario atender tres aspectos: el primero es la calidad de la información que tienen los adolescentes frente al tema. El 88% ha sido instruido sobre la anatomía, pero sólo el 20% habla de cómo concertar con su pareja las relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos.

El segundo, dar un tratamiento diferencial a las adolescentes embarazadas que viven en pareja y a las que no. Ello porque, contrario a lo que muchos podrían creer, la planificación es menos frecuente entre las parejas estables.

Y en tercer lugar, Gómez insiste en que hay que incluir a los hombres en la problemática del embarazo adolescente.

La nueva estrategia gubernamental comenzará a aplicarse como plan piloto en 181 municipios de los departamentos más afectados por este tipo de embarazos. Así, por ejemplo, 32 municipios de Antioquia, 15 del Valle, seis de Atlántico y nueve de Bolívar serán escenario de las primeras acciones en los próximos meses.

Al final del ejercicio, en 2015, Colombia deberá tener una tasa igual o inferior al 15%, hecho que no habrá eliminado el problema y probablemente tampoco marcará el final de sus causas, pero sí habrá evitado los 6.500 nacimientos anuales de niños que deben ser criados por mujeres a las que de un momento a otro —y tal vez sin llegar aún a la madurez física— les cambió su rol en la sociedad colombiana. Mujeres que por alguna razón pasaron de ser las protegidas de la casa a las protectoras y responsables del futuro de bebés no deseados.