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Bogotá | Mie, 05/30/2012 - 07:53

Secretario de Gobierno es demandante contra el Distrito

Por: Laura Ardila Arrieta

Guillermo Asprilla demandó hace 15 años a la ciudad por desastre en relleno Doña Juana. El pleito sigue vivo.

Hace 15 años, el 27 de septiembre de 1997, una explosión en el relleno Doña Juana, en el sur de Bogotá, produjo un desastre ambiental que afectó a los habitantes de más de 100 barrios cercanos al lugar. Los afectados se unieron para interponer una acción de grupo contra el Distrito, responsabilizándolo de lo sucedido, y le dieron poder al abogado Guillermo Raúl Asprilla, quien presentó la demanda. Hoy, esta actuación lo tiene en aprietos porque el litigio persiste, pero Asprilla es ahora secretario de Gobierno del alcalde Gustavo Petro y con esa doble condición estaría incurso en incompatibilidad como funcionario.

En su momento, la demanda fue interpuesta en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, como quedó registrado en el expediente, más de 100 personas le otorgaron poder a Guillermo Asprilla, quien presentó un voluminoso documento reclamando al Distrito la protección de varios derechos fundamentales, económicos y colectivos. El 11 de octubre de 1999, dos años después del percance, la acción de grupo fue admitida en la Sección Tercera y el abogado Asprilla conservó la representación del caso.

El 24 de mayo de 2007, el contencioso de Cundinamarca falló condenando al Distrito y a la firma Prosantana S. A. a indemnizar a cada uno de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre del relleno sanitario Doña Juana, ubicado en el sector de Usme. En respuesta a esta demanda, que fue la segunda acción de grupo presentada en el país, el Tribunal resaltó que no sólo la muerte daba lugar a indemnizaciones por daño moral, sino también los sufrimientos causados por un hecho dañoso.

La histórica decisión judicial causó un enorme debate público, pues el costo de las indemnizaciones a los afectados se calculó en más de $1.600 millones, discriminados según la cercanía de los residentes al relleno. Para la época Bogotá vivía días de efervescencia electoral por la proximidad de la elección de alcalde, que terminó con la victoria de Samuel Moreno. En ese contexto, el abogado Guillermo Asprilla, siempre muy cercano del entonces congresista Gustavo Petro, celebró la determinación que convirtió en su bandera política.

Sin embargo, la decisión del Tribunal de Cundinamarca fue apelada y el expediente pasó a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuya corporación fue designado como ponente el magistrado Enrique Gil. Como es común en esta clase de procesos, la acción de grupo por el desastre en el relleno Doña Juana siguió su curso, mientras el abogado Asprilla persistió en su doble actividad como abogado y líder político del Polo Democrático, al punto de que en las elecciones de 2010 aspiró sin éxito a la Cámara.

El 18 de enero de 2011, como consta en una certificación del Consejo de Estado, el expediente para dictar sentencia de segunda instancia entró al despacho del magistrado Enrique Gil. Entonces, Asprilla estaba terminando una maestría en Europa, al término de la cual regresó al país y, ante la renuncia del concejal del Polo Roberto Sáenz para irse al movimiento Progresistas de Petro, entró a ocupar dicha curul. En otras palabras, Guillermo Asprilla se desempeñó como concejal de Bogotá hasta concluir el período normativo.

La condición de Asprilla como concejal del Polo, y al mismo tiempo líder de la campaña de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, lo puso en el ojo del huracán y le valió una suspensión del Comité de Ética del Polo. Aun así, Asprilla concluyó su gestión como cabildante y cuando Petro se posesionó como alcalde mayor, fue nombrado como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a través del Decreto 014 del 2 de enero de 2012. Es decir, llegó a ocupar la misma entidad que debía encargarse, entre otros frentes, del relleno Doña Juana.

En esta actividad permaneció hasta el pasado 2 de mayo, cuando el alcalde Petro, ante la renuncia de Antonio Navarro, decidió designarlo como secretario de Gobierno. En la actualidad, Guillermo Asprilla ha sido el hombre clave para desempantanar las relaciones entre la administración y un Concejo de mayorías en contra. Su logro más importante ha sido alcanzar la aprobación, en primer debate, del Plan de Desarrollo del alcalde, cuya etapa final se cumple hoy en plenaria de la corporación.

Sólo que ahora ha salido a relucir que en toda su actuación como concejal de Bogotá, director de la Uaesp o secretario de Gobierno, podría estar incurriendo en una incompatibilidad porque ante el Consejo de Estado sigue apareciendo como el abogado que está detrás de la demanda de acción de grupo por el desastre del relleno Doña Juana. En concreto, la discusión está centrada en saber si con esta doble actuación podría estar desconociendo el Estatuto de Bogotá de 1993, varias leyes adicionales e incluso el Código de la Abogacía.

El artículo 29 del Decreto 1421 de 1993, o Estatuto de Bogotá, prohíbe a los concejales “ser apoderados o defensores en los procesos en los que sean parte el Distrito, sus entidades descentralizadas o cualquier otras personas jurídicas en las que aquél o éstas tengan participación”. Además, la Ley 774 de 2002 agrega que los elegidos en varios cargos públicos, entre ellos los concejales, no pueden actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales o administrativas.

En primer término, de corroborarse que Asprilla fue concejal y, al mismo tiempo, apoderado en un litigio contra el Distrito, estaría incurso en una causal de incompatibilidad. En segundo lugar, si conservó la condición de litigante y a la vez dirigió la Uaesp podría generarse un conflicto mayor. De cualquier modo, según expertos consultados por este diario, la situación podría generarle al secretario de Gobierno el problema adicional de haber incurrido en faltas previstas en el llamado Código de los Abogados o Ley 1123 de 2007.

En el artículo 29 de esta norma se dice que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos, “los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso (...) podrán litigar contra la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones”.

Ante la duda planteada, El Espectador conoció la posición adoptada por el Consejo de Estado que certificó que, al menos hasta el pasado 2 de mayo, Guillermo Asprilla Coronado, en nombre de un grupo de demandantes del caso Doña Juana, así como el abogado Raúl Hernández, como apoderado de otros, han venido actuando como representantes de los demandantes “sin que se les haya revocado en ninguna ocasión el poder otorgado, así como tampoco se encontró sanción o llamado de atención por parte de la Sección Tercera” de la corporación.

Consultado, el secretario Guillermo Asprilla manifestó que en primer lugar, cuando asumió como director de la Uaesp, se declaró impedido de todo lo concerniente al tema de la demanda por el desastre del relleno Doña Juana, pero que se le olvidó presentar la revocatoria del poder ante el Consejo de Estado. Además agregó que aunque no actuó en el caso desde 2007, es consciente de que estaría incurriendo en “una prohibición legal”. De todos modos, insistió Asprilla, el litigio aún no se ha resuelto y el Distrito no ha pagado un peso a los demandantes.

Como quiera que está certificado que el expediente se encuentra en el despacho del magistrado Enrique Gil desde enero de 2011, Asprilla manifestó que esa es la prueba de que no ha habido desde entonces ninguna actuación nueva suya en el caso. De todos modos, lo que debe determinarse es si Asprilla, al seguir apareciendo como el abogado de un pleito contra el Distrito, estaría en un apremio judicial tanto ante los organismos rectores de la conducta de los abogados como ante los organismos de control del Distrito.

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