En las próximas horas sería aprobado el proyecto de Marco Legal para la Paz en el Senado de la República. Según el senador Roy Barreras autor de la iniciativa el tema ya está del otro lado.

¿Están superados los reparos del debate de ayer?

Se escucharon las posiciones amplias y hubo unas voces minoritarias que le tienen miedo a la paz y se escucharon muy duro.

¿Miedo o posiciones contrarias a las suyas?

Es que hay un concepto errado sobre el marco y quienes le tienen miedo a la paz parten del supuesto equivocado que el proyecto genera impunidad y además que elegibilidad de los autores crímenes atroces, las dos cosas no son ciertas. Impunidad es lo que hay hoy con justicia y paz.

¿Cómo garantizar que no va a haber impunidad?

El marco permite hacer justicia al seleccionar los casos más graves. La ley a la hora de establecer los criterios selección, tendrá en cuenta la gravedad y la representatividad de los casos. Este no es un indulto, esto no es una amnistía, es un marco legal para poder conseguir la paz. Es ante todo garantía de conocimiento de la verdad y la sanción frente a todos los delitos de lesa humanidad.

¿Y la elegibilidad los autores crímenes atroces?

Eso es todavía más falso empezando porque no se ha tocado el artículo 122 de la Constitución Política que está vigente y no permite una cosa así.

¿Por qué cree entonces que se han enfrascado en ese debate de la impunidad y la elegibilidad?

Algunos de buena fe y otros en el escenario de la guerra.

¿Cómo recibe las palabras del presidente Santos - de que el conflicto armado está en la etapa final y que hay que arreciar- en medio de este debate?

Es un mensaje claro que nadie duda aplicar al fuerza legítima del Estado contra los violentos eso es lo que espera el pueblo, confrontación militar derrota de los violentos, persecución a los terroristas. Pero el primer efecto de ese marco legar es garantizar que haya justicia y paz.
El artículo 122 de la Constitución Política no permite inscribir como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado)