Este dilema lo ha entendido el gobierno de Santos, pero por ahora sus resultados en la materia son menos que mediocres.
Las instituciones agrarias del Estado han intentado aplicar una política de restitución de tierras que, además de tímida, parece mal concebida. Piénsese en las muchas zonas del país que están llenas de actores armados, donde devolverle un pedazo de tierra a un campesino desplazado o despojado, incluso con restricciones, es como regalarle un reloj de oro a un muchacho que vive en un barrio lleno de bandidos: tarde o temprano lo van a atracar y, aparte de robarle el reloj, es probable que le encimen un tiro y varias puñaladas. Esa es la impresión que cualquiera se lleva al leer las reiteradas historias de asesinatos de los defensores de la restitución. Por si quedaban dudas, ahora surgió un engendro atroz llamado “Ejército contra la Restitución de Tierras” (ECR).
Un tratamiento alternativo más o menos obvio sugiere que en las zonas de intenso conflicto se les devuelva a los campesinos el usufructo pleno de la tierra, pero no su propiedad, es decir no la posibilidad de vender o arrendar las tierras restituidas. Así, el Estado sería el dueño formal de importantes extensiones en zonas disputadas durante, digamos, treinta años, mientras cede la violencia. Si el título de propiedad no está en juego, el clásico diálogo del despojo iría así: “Véndame su tierra por cinco pesos o se la compro a su viuda”, a lo que el campesino contestaría: “La tierra no es mía; es del Estado. Hable con él”. Desaparecería, pues, el reloj de oro.
Una política semejante tendría, de entrada, varios efectos benéficos. La protección de los líderes campesinos, hoy costosísima e ineficaz, se simplificaría. La tierra sería ocupada por gente que efectivamente la trabaja, ahora con la asistencia del Estado. Aquellos despojados que no quieran volver a sus tierras podrían beneficiarse de otros programas, vigentes en las zonas urbanas a las que de seguro fueron a parar. Se generaría un inmenso banco de tierras que podría incluso arrendar extensiones para proyectos de gran envergadura, con el aliciente de que nadie paga un arriendo cuantioso para algo que no va a hacer. La propiedad en las zonas de conflicto sería formal casi por definición, ya que sólo se perdería si algún gran propietario demuestra que tiene títulos viejos e inobjetables. Dados los bajos avalúos catastrales, la adquisición de muchos predios sería barata. La generalidad de los terratenientes tendría entonces que aceptar avalúos a precio comercial para hacer menos probable la afectación de sus fincas y ello los llevaría por fuerza a explotarlas.
La cuestión agraria no resuelta tiene en Colombia los mismos años de la república: doscientos. Las cifras de desigualdad en la materia son aterradoras. Nuestro Gini agrario llega a la espeluznante cifra del 0,85, muy por encima del ya pésimo 0,55 del país. Dado que el problema es tan viejo, es obvio que los remedios aplicados en el pasado no funcionaron. Por ello, es hora de intentar un enfoque nuevo, mixto, con mucho mayor presencia del Estado.
En paralelo, los predios, veredas y zonas que no tengan problemas podrían seguir como venían.
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@andrewholes