ELESPECTADOR.COMImprimir

Nacional | Mar, 11/06/2012 - 20:11

Cárceles: "una olla de presión"

Por: Alexánder Marín Correa / Viviana Londoño Calle

Sentencia contra el Inpec por el hacinamiento en que vivió un recluso abre puerta a avalancha de demandas.

Casi 500 personas han muerto bajo custodia del Inpec en los últimos cinco años... El promedio de hacinamiento en las cárceles alcanza el 50%... Las quejas por inseguridad, mala atención en salud y malos tratos son continuas.... El panorama de las prisiones en el país (el mismo por décadas) es el de una olla de presión a punto de explotar. La diferencia es que hoy los reclusos tienen un argumento para pasar cuenta de cobro.

Recientes fallos judiciales, que condenan al Estado a reparar a expresidiarios y a sus familias por la violencia y las condiciones de las cárceles, abren una puerta por la que podría entrar una avalancha de demandas contra la Nación, ya que corresponden a violaciones cotidianas en las prisiones. Uno de tales fallos es el de un recluso de Medellín que, tras salir de prisión, demandó por las condiciones de su encierro; otro, el de la familia de un recluso asesinado en abril de 2000 en las revueltas de la Cárcel Modelo de Bogotá.

En ambos casos perdió la Nación bajo un argumento similar: el Estado es responsable de la seguridad y el respeto de los derechos de los reclusos. Por eso estas sentencias, que hacen parte de la larga lista de procesos que hacen trámite ante la justicia, dan argumentos a casi todos los presos, a sus familias y los que recobraron su libertad en los últimos años para demandar y pelear por una indemnización igual.

Aunque son continuos los pronunciamientos judiciales por inasistencia en salud y muertes en las prisiones, el que quizás abre las puertas de par en par para una eventual seguidilla de demandas es un fallo que hace un mes emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia a favor de William Molina, quien pasó tres años en la cárcel de Bellavista (Antioquia) purgando una pena por hurto.

Molina demandó al Estado por el hacinamiento y “los daños que sufrió por una retención en condiciones infrahumanas”. Según él, esto lo privó de contar con mínimas condiciones de alojamiento, salud, alimentación e higiene, al punto “que tuvo que dormir en el suelo por no tener dinero para arrendar una cama”.

Para desacreditar estos señalamientos, el Inpec, sin desconocer el problema carcelario, se defendió diciendo que la responsabilidad de caer en prisión es de quien delinque y, de paso, advirtió que condenar al Estado a indemnizar a un recluso, que estuvo confinado por decisión de autoridad competente, sería una amenaza para la estructura económica del país, ya que todos los presos querrían demandar.

Ante ambos argumentos, el Tribunal Administrativo de Antioquia se inclinó a favor del recluso y condenó al Estado a pagarle $100 millones. Para los jueces, el hacinamiento sí violó sus derechos fundamentales. Pero el pronunciamiento no se quedó ahí, ya que el tribunal aprovechó para dar un fuerte jalón de orejas al Inpec por atreverse, “con altas dosis de sarcasmo, a pregonar que es el recluso el determinante de su infortunio”.

Y agregó: “Que no se diga que un prisionero es una persona de tercera categoría o que por estar preso debe correr con la infausta suerte de padecer las condiciones infrahumanas que ofrece el sistema carcelario. El hacinamiento resquebraja los derechos de los reclusos, ya que los lleva a sobrevivir en condiciones humillantes, inauditas y agraviantes. Por eso, los vejámenes que propician esta situación son una lesión que el Estado debe reparar”.

El pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, según abogados expertos en derechos humanos, era algo que se veía venir, teniendo en cuenta los constantes llamados de atención que por años han venido haciendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación de las prisiones en el país.

Incluso, para el abogado Javier Villegas, que lleva 30 años representando a las familias de los reclusos en demandas contra el Estado, esta era una decisión que estaba demorada, ya que la Nación había sido advertida desde 1998, cuando la Corte Constitucional declaró a las cárceles del país como un “estado de cosas inconstitucionales”, donde se violan masivamente derechos fundamentales de una población vulnerable, y exigió medidas para subsanar el problema.

En dicha oportunidad, la Corte señaló: “Las cárceles se caracterizan por el hacinamiento, graves deficiencias en servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia y la corrupción... Hay una flagrante violación de un abanico de derechos como la vida, la dignidad, la integridad personal y la salud... Durante años la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia esta tragedia, la cual necesita pronta solución”.

Según el abogado Villegas, apoyado en otro pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional el año pasado, la situación sigue igual o peor que hace 15 años y, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, parece que la enfermedad del sistema carcelario es tan grave que las medidas no son más que “aspirinas para un enfermo terminal”.

“La avalancha de denuncias que se avecina, gracias al fallo del Tribunal de Antioquia, es el resultado de las décadas de desinterés gubernamental, al no ofrecer condiciones mínimas a la población carcelaria, y de la apatía de la sociedad, convirtiéndose las cárceles en centros donde han imperado la arbitrariedad, la falta de oportunidades y la corrupción. Esta sentencia prácticamente legitima a todos los presos y expresidiarios a demandar”, puntualizó Villegas.

Tal situación tendría un alto precio para el país. De acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, contra el Inpec existen actualmente 741 demandas con pretensiones que alcanzan casi los $400.000 millones. Sin embargo, de darse la avalancha de demandas por hacinamiento, esta cifra podría multiplicar por 30 veces.

De acuerdo con cifras del propio Inpec, hay 113.000 reclusos distribuidos en penales que cuentan con 75.000 cupos, lo que indica que el hacinamiento es cercano al 50% o equivale a decir que por cada dos reclusos con cama hay uno que duerme en el suelo. Si todos deciden demandar, las pretensiones serían mínimo de $12 billones.

A pesar de que el caso del recluso William Molina es un pronunciamiento de primera instancia y seguramente tendrá que pasar por el Consejo de Estado, los profesionales en derecho agregan que se trata de una sentencia sólida que será difícil de revocar. De ser así, este fallo debe preocupar al Gobierno tanto como preocupó en su momento al Inpec, cuando advirtió la amenaza económica para el país, ya que sentaría jurisprudencia de la que todos los reclusos podrían echar mano para demandar al Estado por algo como el hacinamiento.

Muerte de reclusos, en aumento

La violencia y los problemas de salud que se registran en las cárceles del país, debidos al hacinamiento, se ven reflejados en las estadísticas que reportan las autoridades frente a los asesinatos, las muertes por enfermedad y los fallecimientos por supuesta falta de atención médica.

Los recientes escándalos por la muerte de reclusos como Alexánder Martínez Palacio o Pedro María Serna, ambos en la prisión de Bellavista (Medellín), son evidencias de los problemas que hay en las instalaciones carcelarias. En estos casos, sus parientes denunciaron que fallecieron por demoras en la atención médica.

De acuerdo con el Inpec, en los últimos cinco años se han reportado 500 muertes de personas que estaban bajo su custodia. Las estadísticas muestran que la cifra ha aumentado año tras año. En 2008 se reportaron 47 fallecimientos; en 2009, 56; en 2010, 112; en 2011, 138, y este año van 140. Las causas han sido homicidio, suicidio, muerte por enfermedad o muerte natural.

Al menos 500 personas que estaban bajo custodia del Inpec han muerto en los últimos cinco años. En lo  corrido de 2012 se han registrado 140 casos.

Las de más fallecimientos

Las cárceles que más fallecidos han reportado desde 2008 son Medellín (73), Cali (70), Bogotá (36), Bucaramanga (30), Pereira (18) y Manizales (16). Los que más mueren son procesados por narcotráfico, hurto, delitos sexuales   y homicidio.

Según la CIDH si alguien muere bajo custodia carcelaria se debe investigar, incluso si es muerte natural. En Colombia poco se cumple, pues no hay claridad frente a las causas de muerte de muchos reclusos. Al consultar al Inpec por investigaciones internas por muertes  relacionados con falta de atención médica, reportó 33 procesos.

 

Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/carceles-una-olla-de-presion-articulo-385553