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Judicial | Jue, 11/08/2012 - 21:01

El paro judicial no se para

Por: Redacción Judicial

Gobierno dice que espera que se respete el acuerdo al que se llegó.

Un mes después del desde que inició el paro judicial y con un acuerdo de por medio firmado entre el Gobierno Nacional y Asonal para reanudar labores, queda claro que los representantes de los trabajadores de la Rama Judicial y la Fiscalía nunca funcionaron como un sindicato cohesionado y que el Ministerio de Justicia ya no sabe qué más hacer para conjurar la crisis. “Nosotros actuamos de buena fe y se firmó un pacto que debe ser respetado. Aquí los únicos que han sido serios hemos sido nosotros”, le dijo a El Espectador la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

El argumento del Gobierno ha sido claro: el representante legal de Asonal que aparece certificado en el Ministerio de Trabajo es Fernando Otálvaro, por lo tanto, él adquirió unos compromisos para levantar el paro que deben ser acogidos por los trabajadores, al margen de la evidente fractura interna de Asonal. Sin embargo, ni en Bogotá ni en otras regiones de Colombia como Cali, Popayán, Bucaramanga o Cúcuta se han reanudado las labores y un sector muy grueso de este sindicato parece dispuesto a llevar hasta las últimas el paro.

Aunque formó parte de la mesa de negociación y en muchas ocasiones, según la ministra, estuvo de acuerdo con el pacto, Nelson Cantillo, presidente estatutario de Asonal, insiste en que el arreglo es “mezquino e irrisorio”. La ministra en cambio dice que no tiene antecedentes que en un período tan corto el Gobierno ofrezca una respuesta de $1 billón 220 mil millones para la nivelación salarial. Para hacerse efectivo desde enero de 2013 durante los cinco años. “El señor Cantillo no ha sido serio”, dijo la ministra.

El cruce de acusaciones es mutuo. “Esperamos una nueva reunión con el presidente Santos, porque se ha demostrado que la ministra no tiene capacidad de maniobra”, sostuvo Cantillo. “Muchas veces él apoyó las condiciones del arreglo, pero siempre decía que tenía que consultarlo con las bases. Entonces, ¿cómo funciona su representación?”, insistió Ruth Stella Correa.

Las consecuencias del paro han sido desastrosas: más de 2.000 tutelas diarias se han dejado de fallar, más de 121 mil audiencias se han dejado de realizar y más de $2.166 millones diarios le cuesta al patrimonio público del Estado el cese judicial. Hay más de 120 mil decisiones represadas y audiencias en casos tan sensibles como el del carrusel de la contratación o el de la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares han tenido que efectuarse en auditorios alternos con todas las complicaciones que esto implica.

“Nosotros le hemos puesto el pecho a esta situación y nos hemos desgastado internamente. Ha habido roces con el Ministerio de Hacienda para conseguir el dinero y en cambio la respuesta que nos dan es que no se levanta completamente el paro. Mientras tanto, ni la Fiscalía ni el Consejo de la Judicatura parecen tener planes de contingencia para remediar el asunto en lo que les corresponde. Asonal está fragmentada, pero eso no es culpa del Gobierno. Ellos que se arreglen entre ellos, pero si hay un acuerdo, que se respete. Ya va siendo hora que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura empiecen a actuar como patronos y no como mediadores”, le dijo a este diario un alto funcionario del Ejecutivo.

No obstante, Cantillo advirtió que el arreglo será desconocido porque es ilegal y porque fue firmado por una minoría que no cuenta con el apoyo de los trabajadores, quienes consideran dicho pacto como “una traición a los compromisos adquiridos”. Además, sostuvo que él es el presidente legítimo en su origen, aunque no tenga el certificado como representante del sindicato y que tan sólo él mueve 70% de toda la Rama, mientras Otálvaro apenas tiene influencia en Antioquia, Valle y el Eje Cafetero. De colofón añadió que las declaraciones de Otálvaro, quien pidió reanudar labores, tienen un tufillo a deslealtad. A pesar del rifirrafe, la ministra confía en que se le ponga punto final al paro.

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