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Opinión | Lun, 12/10/2012 - 23:00

El cartel que estafa a los sapos I

Por: Santiago Villa | Elespectador.com

Las recompensas a los guerrilleros desmovilizados que han aportado información definitiva para el éxito de grandes operaciones contra las Farc han desaparecido sistemáticamente. ¿Hay un cartel dentro de las fuerzas militares y la policía que estafa a los informantes o se trata de coincidencias generalizadas?

Las piezas están sobre el tablero y sólo hace falta unirlas. La mayoría de las grandes operaciones que se han hecho desde el 2008 contra las Farc han sido exitosas gracias a informantes que luego alegaron haber sido estafados porque no recibieron sus recompensas.

La Operación Sodoma, que dio de baja a Jorge Briceño, alias “El Mono Jojoy”; la Operación Fénix, en la que cayó Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”; la “Operación Jaque”, en la que fueron liberados Íngrid Betancourt, los tres secuestrados norteamericanos, y 11 policías y militares; y la Operación Camaleón, en la que fueron liberados el general Luis Mendieta, el coronel Enrique Murillo, el coronel William Donato y el sargento Arbey Delgado, fueron posibles gracias a la colaboración de miembros de las Farc a quienes les fue prometida una recompensa.

Con la excepción de la “Operación Jaque”, que no ha sido posible determinar si devino en el asilo y la recompensa que exigió Gerardo Aguilar, alias “César”, comandante del Frente Primero de las Farc, para entregar los secuestrados al ejército (o si terminó con una condena en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, como dice el registro carcelario), los informantes de todas estas operaciones denuncian que no les pagaron lo pactado.

La última edición de la Revista Semana narra cómo el informante que dio la ubicación de Jorge Briceño, alias “El Mono Jojoy”, miembro del secretariado de las Farc, no recibió la recompensa que le fue prometida por representantes del gobierno de los Estados Unidos, que era de cinco millones de dólares. Sin embargo, aclara que recibió los 5 mil millones de pesos que ofreció el Estado colombiano.

Otros no han corrido con la misma suerte. Alexander Duque, alias “Chorizo”, denunció en el 2008 ante los medios colombianos que la policía no pagó los 5 mil millones de recompensa que le habían prometido; y Jaime Lozada, cuya historia veremos en detalle en la próxima columna, denuncia que los 2.500 millones de pesos que le prometió el Estado por dar la ubicación del general Mendieta y los demás miembros de la fuerza pública secuestrados, y que fueron liberados una semana antes de la segunda vuelta electoral para la presidencia de Colombia en el 2010, nunca le fueron cancelados.

El punto de quiebre que permitió abrir las puertas para realizar los golpes más contundentes contra la guerrilla ha sido la colaboración de informantes con un alto grado de influencia dentro de las Farc. El arma más poderosa que tiene el Estado colombiano contra esta organización es la desmoralización de la guerrilla. Quienes representan en La Habana a las Farc bien pueden estar negociando una salida para salvarse de su propia tropa. Los robos de recompensas afectan irremediablemente esta valiosa estrategia contrainsurgente. El riesgo que se corre es deslegitimarla.

En todos los casos parecen jugar en contra de los informantes la vanidad y la codicia de miembros de las fuerzas armadas y la policía, que o bien se adjudican una victoria plenamente militar para darse brillo, como sucedió con la Operación Jaque, o niegan la utilidad del informante y otros se quedan con la recompensa. Ambas opciones no son mutuamente excluyentes.

Al ser gastos reservados es difícil definir dónde está el dinero o si éste fue desembolsado. Un cálculo alegre arroja que, de las operaciones mencionadas, y sin contar “Jaque”, hay serios indicios de que al menos siete mil quinientos millones del erario público colombiano, y quizás también 5 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, no llegaron a las manos que debían. Si contamos “Jaque”, la cifra puede ascender a casi 30 millones de dólares.

La investigación que deben realizar las autoridades es dónde está el dinero de las recompensas y si hay una operación de crimen organizado para canalizar el dinero hacia los bolsillos indebidos. De ser así, tendría que ser algo fraguado desde altas esferas, pues cada operación en la que no se hizo el pago de las recompensas involucra a Divisiones distintas dentro del Ejército.
La investigación a la policía tendría que comenzar por la Dipol para la “Operación Fénix”, pues fue la encargada de recoger las pruebas que aportó Alexander Duque, alias “Chorizo”. Para la “Operación Camaleón” hace falta investigar en el Gaula, pues esta rama de la policía fue la que recibió la información por parte de Jaime Lozada.

Comencé esta serie de dos columnas por la conclusión: la pregunta de si hay un cartel dentro de las fuerzas armadas y la policía que se queda con el dinero de las multimillonarias recompensas. La próxima semana presentaré la historia de la Operación Camaleón, con entrevistas y videos inéditos, donde por primera vez habla mostrando su rostro el ex guerrillero que la hizo posible.

Nota: El miércoles 28 de noviembre el periodista Andrés Carrión, conductor de un programa en Radio Armónica de Quito, recibió la noticia de que su programa fue cancelado luego de una entrevista que me realizó el lunes 26 de noviembre, cuyo tema era la censura del Estado ecuatoriano al documental “Rafael Correa: Retrato de un padre de la patria”. Hasta ese nivel de paroxismo ha llegado la persecución a los periodistas en el Ecuador. http://www.elcomercio.com/politica/Regresando-Andres-Carrion-presiones-F...

Twitter: @santiagovillach

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