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El Mundo | Mar, 12/18/2012 - 22:00

El año de la cacerola

Por: Alejandra Vanegas / Buenos Aires

Cristina Fernández cumplió los primeros 12 meses de su segundo mandato rodeada de disputas con los sindicatos y grandes empresas.

El 2012 podría llamarse el año de la cacerola en Argentina. Eso lo puede confirmar el ruido que estalla al unísono cada vez que falta la energía o algún otro servicio público, muchas veces racionados por las empresas, especialmente en Buenos Aires, como reproche porque el gobierno no les concede la posibilidad de subir las tarifas. Según estas organizaciones, dinero les hace falta para realizar más inversión y de este modo prestar un mejor servicio.

En realidad las compañías prestadoras de servicios públicos son sólo unas de las opositoras de Cristina Fernández. A ellas se les suman las multinacionales, a las que les impuso casi por obligación producir su mercancía en Argentina, de tal modo que muchas de ellas al verse impedidas de instalar sus plantas para fabricar en el país austral, prefirieron cerrar sus locales y migrar hacia otros mercados, dejando un hoyo en la oferta.

Esta medida, tomada para fortalecer el mercado interno, ha conseguido que en el país exista un desabastecimiento de dispositivos tecnológicos. En los almacenes de grandes superficies y en pequeños negocios es complicado encontrar aparatos de última tecnología, y los que se consiguen tienen un precio demasiado elevado, una situación que no les ha caído bien a las clases media y alta. Tampoco pueden comprar por internet, pues a los portales, como Mercado Libre, se les aplicaron límites para el intercambio de productos.

A las familias argentinas de clases media y alta, así como a las empresas, no les ha venido bien el hecho de tener que hacer un engorroso trámite de permiso para adquirir monedas extranjeras con las que realizan transacciones mercantiles o simplemente para usarlas en sus viajes de vacaciones. Incluso, para contrarrestar los viajes al exterior y apaciguar la molestia de los turistas, el gobierno ha desarrollado una fuerte campaña de promoción de los destinos nacionales en los medios de comunicación.

La razón que emitió el gobierno para justificar estas disposiciones, que provocaron una desaceleración de la economía del 8,9% al 2,2% según el último informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), es que era necesario para impedir la fuga de capitales. Así lo aseguró Mercedes Marcó del Pont, gobernadora del Banco Central, entidad que calculó la pérdida de divisas en US$22.000 millones anuales. Asimismo, Fernández tuvo que realizar importaciones de hidrocarburos que le costaron al gobierno US$12.000 millones.

Una batalla que aún no ha terminado de librar Kirchner es con la multinacional española de hidrocarburos Repsol, a la cual le expropió en mayo el control de la petrolera YPF, una de las más grandes empresas del país, bajo el argumento de que sus inversiones y producción iban en detrimento. A pesar de que la compañía española dejó de controlar la petrolera, este lío judicial se ventilará en un tribunal del Banco Mundial.

La otra contienda de la mandataria es la que sostiene con el diario Clarín, su principal opositor mediático. Para evitar que continuara publicando en su contra en sus diferentes empresas, Cristina Fernández se convirtió en la promotora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, que fue sancionada en 2009 e implementada a partir de 2010, y cuyo marco pone límites al control de licencias de canales de televisión y radios. También apunta a desarmar los multimedios consolidados para, según la mandataria, asegurar la pluralidad de voces, suceso que debía ocurrir el 7 de diciembre.

Armado hasta el cuello para la guerra, Clarín desarrolló a su favor una serie de pericias que han resultado bien hasta ahora, pues el medio no ha tenido que entregar las licencias, logrando salirse por la tangente y esquivar todos los intentos de Cristina por desmontarlos.

En el último round, que tuvo lugar el pasado lunes a las 10 de la mañana. Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), se presentó en la sede del medio para notificar el inicio de la transferencia de oficio de los canales de televisión, señales audiovisuales y parte de Cablevisión. El mismo funcionario elegiría los bienes a transferirse en los próximos 100 días hábiles. La acción fue vista por la compañía como un delito de desobediencia, ya que está en contra de lo resuelto hace dos semanas por la Cámara Civil y Comercial, organismo que extendió un beneficio cautelar a favor del grupo Clarín. Además un juez de Buenos Aires aceptó un recurso de apelación impuesto por el grupo y suspendió temporalmente la aplicación de la cláusula antimonopolio. Así que mientras se aclara el camino a seguir, esta disputa continuará por un tiempo más.

Sin embargo, los roces no terminan aquí. Como si fuera poco, el movimiento obrero, encabezado por los camioneros y empleados del servicio de transporte público, que han sido en la historia la columna vertebral de los gobiernos peronistas como lo es el actual, también padecen este gobierno. Durante el año fueron varios los paros realizados para demostrarle a Cristina su descontento, pues no impidió que se aumentara de 400.000 a dos millones el número de asalariados que pagan el tributo a las ganancias, que incluyó además un alza en la tasa impositiva.

Del mismo modo, a las clases menos favorecidas tampoco les conviene para sus finanzas el hecho de que exista una inflación real del 25% anual. Este dato es también una complicación para el gobierno, pues de acuerdo con sus cifras oficiales, el aumento de precios y costo de vida marca 10%, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está a punto de aplicarle una sanción por adulterar estadísticas.

Todas estas condiciones negativas han conllevado a que la aprobación de la presidenta decaiga en un año del 64,1% al 30,6%. Aunque en realidad Fernández no tendría aún de qué preocuparse: todavía no tiene un opositor fuerte que pueda ser un dolor de cabeza.

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