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Editorial | Sab, 12/22/2012 - 23:00

Todos ponen

Por: Elespectador.com

Con el acelerador del Gobierno a fondo y su coalición en el Congreso obediente siguiendo el paso, quedó aprobada esta semana la controvertida reforma tributaria que aspira a generar empleo y una mayor equidad distributiva.

Algo que apenas se podrá comprobar cuando entre en aplicación y se pueda saber si logró producir esos benéficos y necesarios propósitos o si tenían razón los opositores que la consideran complaciente con el gran capital y lesiva para el capital de trabajo.

Mientras esa duda se puede resolver en la práctica, y dando por descontado que en artículos particulares se pueden encontrar puntos negativos, en el planteamiento de esta reforma hubo cosas diferentes y positivas. Primero, que no siendo el objetivo primordial conseguir un aumento en el recaudo hubo espacio para plantear modificaciones que buscaran ordenar y hacer menos tortuoso el proceso central para cualquier Estado que es el pago y el recaudo de los impuestos. Segundo, y más importante, la filosofía de la reforma planteó el dilema para la sociedad, en una sociedad absolutamente desigual, de que todos debemos aportar, unos más, otros menos, para que el cierre de esa brecha sea posible.

Difícil poder afirmar con certeza que esa consciencia frente a los impuestos se haya conseguido, pero el dilema sí quedó expuesto. A nadie le gusta pagar impuestos, y menos cuando nuestra realidad muestra la poca eficiencia en la inversión de esos recursos —eso sin hablar de los que se esfuman en la corrupción—, pero es diferente pagarlos con la idea de contribuir a que esas familias que en este país sobreviven con casi nada puedan recibir un apoyo de quienes algo tienen.

En ese sentido, la disminución de los parafiscales luce como un cambio positivo y largamente esperado, para generar empleo y reducir la informalidad. En especial, para las pequeñas y medianas empresas, que son motor del empleo en el país, el alto costo de la nómina es un lastre que invita a la informalidad. Pero, claro, siempre quedará la duda de si ese abaratamiento realmente se traducirá en mayor formalidad y generación de empleo o si el impacto será menor y se diluirá en un aumento de las ganancias y de los salarios, como lo han mostrado algunos estudios.

Los temores sobre la desfinanciación del ICBF, el SENA y la salud quedan desvirtuados con la creación del nuevo impuesto a las utilidades —CREE— (que resulta más justo) y con cargo al presupuesto general cuando éste no alcance. Queda vivo, sin embargo, el temor del riesgo fiscal de esa provisión en épocas de vacas flacas, cuando haya que echar mano del presupuesto al tiempo que bajan los ingresos tributarios.

El otro gran debate ha estado centrado en la rebaja del impuesto a la renta para las sociedades, del 33 al 25%, que a primera vista luce como un alivio al gran capital. Se elude en esa crítica el 9% adicional del CREE, que han de pagar las empresas que tengan utilidades. Finalmente, las que recibirán el alivio serán las deficitarias, lo cual parece apenas justo. La inclusión del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN), con su curva de mayores tasas a mayores ingresos, así como los límites a las deducciones, también lucen justas y progresivas.

No vamos a desmenuzar en este estrecho espacio cada elemento de la reforma, pero en general consideramos que las bondades son muchas en busca de ese objetivo primordial de lograr una mayor equidad en este país tan injusto. Pero para que ello sea así, es necesario que la implementación de esta reforma esté acompañada de una mayor eficiencia y administración de los impuestos para que sean invertidos en lo que toca. Y también, de controles fuertes a la evasión y la elusión lo que, aunque se hayan aprobado algunas normas en ese sentido, significa en plata blanca que se evite lo de siempre, esto es, que los grandes contribuyentes encuentren, con sus hábiles asesores, la manera de esconder sus utilidades y patrimonios y terminen siendo los asalariados y profesionales independientes quienes soporten el golpe mayor.

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