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Editorial | Jue, 12/27/2012 - 23:00

El problema es sistémico

Por: Elespectador.com

En las prisiones de Colombia sigue persistiendo, como lo afirmó la Corte Constitucional desde hace ya 14 años, un estado de cosas inconstitucional.

Dicho en cristiano, una vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales que afecta a un gran número de personas. En este caso, los reclusos. Empezando por su dignidad, valor que constituye la espina dorsal de cualquier Estado social de derecho. Basta simplemente con darse un paseo por esos centros de reclusión y mirar las condiciones de vida, de hacinamiento, de alimentación, de vulneración de espacios, de recreación o de empleo. Todo. Las prisiones en Colombia son un foco generalizado de incumplimiento y de olvido.

Lo primero, el paso necesario, es quitar el palabrerío populista que se cierne alrededor de las prisiones. Ya es hora de acabar con esa antipática costumbre de decir que “se lo merecen” o que “se pudran en la cárcel” o que “bien hecho que vivan así”. Lo que se merecen los reclusos es una pena privativa de la libertad, con la conculcación lógica de ciertos derechos (como la locomoción), pero con la garantía de que los demás persistan sin ningún bache. Así funciona en teoría. Es lo más lógico, también.

En Colombia, sin embargo, y como lo han denunciado desde las ONG y grupos de estudio hasta entidades públicas como la Procuraduría o la misma Corte Constitucional, la situación es bastante precaria.

Ahora el foco se puso sobre el tema de la salud. Como lo dijimos el día de ayer en las páginas de este diario es inconcebible —por poner el ejemplo más crudo— que los pacientes de cáncer sean tratados con acetaminofén. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo enfáticamente que el sistema de salud carcelario sería modificado.

¿Cómo? Mediante un decreto, el 2496 de 2012, con el que se pretende ampliar la oferta de las EPS —Caprecom es la única, por lo pronto—, para que presten el servicio de salud. La razón que aduce la ministra es que al haber una oferta más amplia, con sana competencia, la calidad mejore. Está por verse. Asimismo, se establecerá una Unidad de Pago por Capitación, es decir, el valor que el sistema le reconoce a la EPS por cada usuario, teniendo en cuenta las condiciones económicas particulares de los reclusos. Para Caprecom, lo más caro era tratar a un preso, lo que ocasionaba un servicio no tan eficiente. Finalmente, Correa dijo que para el año que viene se rehabilitarán las unidades de sanidad en más de 30 cárceles del país.

El paquete de medidas suena bien, sin duda, y se hace necesario, pero es otro de los tantos intentos que los gobiernos de turno hacen para solucionar problemas por medio del inmediatismo. Las cárceles en Colombia tienen dos problemas de fondo muchísimo más grandes: el hacinamiento, corazón de casi todos los demás, y la falta de resocialización, que es el presupuesto último al que deben apuntarle todos los procesos internos de un centro de reclusión.

Estos dos surgen como consecuencia de las medidas represivas que se han dado en los últimos años, el aumento de las penas, el abuso de figuras procesales de detención preventiva y la fijación en construir más cárceles en vez de adoptar medidas alternativas para el cumplimiento de la pena.

Es por eso que el paquete de medidas debe ir acompañado de una reforma sistémica. Una que sepa entender los problemas endémicos de las cárceles en Colombia y que logre cambiar la mentalidad frente a éstas y sus objetivos. Es por eso que habrá que prestarle cuidadosa atención al nuevo Código Penitenciario y Carcelario que será presentado el próximo año por parte del mismo Ministerio. Está por verse cuánto podemos avanzar, ya no en soluciones de afán, sino en respuestas duraderas. Ojalá ese proyecto —discutido en el pasado de forma rigurosa y que tiene unas medidas novedosas— tenga un feliz término.

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