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Opinión | Vie, 01/11/2013 - 23:00

La segunda sentencia de la CPI: graves problemas en la estrategia de investigación y deficientes resultados

Por: Andreas Forer | Elespectador.com

Recuérdese que el 14 de marzo de 2012 dicho Tribunal profirió su primera sentencia mediante la cual condenó a Thomas Lubanga por el delito de reclutamiento forzado.

En su momento, critiqué dicha sentencia, entre otras razones, por la insuficiencia probatoria y el desorden en la investigación (Ver columna).

El pasado 18 de diciembre, la Corte Penal Internacional profirió su segunda sentencia mediante la cual absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui, exlíder rebelde congoleño, quien presuntamente habría ordenado la muerte de al menos 200 civiles indefensos en la aldea de Bogoro, ubicada al Noreste de la República del Congo. Dicha absolución contrasta con la decisión de confirmación de cargos proferida el 26 de septiembre de 2008, mediante la cual la Cámara Preliminar sostuvo que existían pruebas suficientes para creer que el acusado había cometido delitos de guerra tales como homicidio intencional, ataques contra la población civil, pillaje y reclutamiento forzado, y los delitos de lesa humanidad de esclavitud y violación sexual.

Entonces ¿Por qué finalmente se absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui? La decisión final de absolver al procesado y ordenar su libertad inmediata obedeció simple y llanamente a que, con el material probatorio aportado, la Fiscalía no demostró, más allá de toda duda razonable, que el acusado era realmente un líder de un grupo que cometió los graves delitos anotados. La acusación de la Fiscalía se fundó principalmente en tres testigos cuyas declaraciones fueron encontradas poco claras y contradictorias, por lo cual, no se les otorgó credibilidad. En consecuencia fue absuelto y se levantó la orden de captura en su contra, con lo cual muy seguramente el acusado pasó navidad en casa. Si bien dicha decisión fue apelada, muy difícilmente se conseguirá una condena en segunda instancia dado el déficit probatorio. Por lo tanto, se aconseja a la Fiscalía de la CPI concentrar sus esfuerzos en otros casos para conseguir condenas contundentes.

Ante tal escenario ¿Cuál es el balance ante la segunda sentencia de la CPI? Algunos optimistas han resaltado como aspecto sobresaliente que dicha sentencia demuestra que la CPI es un Tribunal respetuoso del debido proceso y las garantías fundamentales de los procesados. En verdad, más que un aspecto positivo a resaltar, el respeto al debido proceso es lo mínimo que podemos esperar de cualquier autoridad judicial y, especialmente, de la CPI: la observancia de las garantías procesales, más que un motivo de celebración, es el presupuesto básico e indispensable de la actividad judicial.

En mi opinión, la segunda sentencia de la CPI demuestra graves problemas en la estrategia de investigación y deficientes resultados. Si tenemos presente que la principal labor de la Fiscalía es recolectar las pruebas que demuestren la responsabilidad penal del procesado y formular la acusación en su contra, una decisión absolutoria por déficit en el material probatorio demuestra que la estrategia probatoria de la Fiscalía no funciona bien, no está bien orientada y requiere ajustes.

Además demuestra que la Fiscalía no ha implementado los criterios de la priorización en su quehacer investigativo, uno de los cuales es la viabilidad. En efecto, dentro de los múltiples casos de graves delitos de competencia de la CPI, la Fiscalía seleccionó un caso que presentaba un grave déficit probatorio, tal como lo anotó la Cámara de Primera Instancia. Así, la selección del caso de Mathieu Ngudjolo Chui no obedeció a la lógica de priorización que debe guiar la actividad investigativa de la Fiscalía de la CPI.

En suma, la segunda sentencia de la CPI no demostró ningún avance en cuanto a los problemas probatorios y de investigación que se evidenciaron en la primera condena proferida por dicho Tribunal. Es más, con la decisión de absolver al procesado se cuestiona seriamente la actividad de la Fiscalía, su quehacer probatorio, su estrategia de investigación, la exigua implementación de la priorización y la falta de atención del criterio de gravedad a la hora de seleccionar los casos que investigará y llevará ante la Corte.

¡Lamentablemente, tras 10 años de actividades, la segunda decisión de la CPI fue absolutoria por déficit probatorio!

Adenda. El Director del ICBF alertó a la comunidad y a las instituciones al publicar que enero es el mes con mayores índices de reclutamiento de menores en los grupos armados: ¡Ojalá también sea un tiempo de reflexión sobre las políticas de prevención del reclutamiento forzado y la eficacia de la persecución judicial de tal fenómeno en Colombia!

En Twitter: @andreasforer

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