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Opinión | Sab, 01/19/2013 - 23:00

Equidad y pensiones privilegiadas

Por: Rodrigo Uprimny | Elespectador.com

¿Es equitativo que todos los colombianos, incluso los más pobres, financiemos con nuestros impuestos el pago de las altas pensiones que reciben los congresistas y magistrados al jubilarse?

Esa es la pregunta esencial de la audiencia pública del próximo jueves en la Corte Constitucional, en donde se discutirá una demanda ciudadana contra el artículo 17 de la Ley 4, que establece que los congresistas recibirán como pensión al menos un 75% de lo que hubieran devengado en el último mes de su labor parlamentaria. Ese régimen fue extendido posteriormente a los magistrados.

Para comprender el problema, recordemos que el sistema pensional busca que todos, al llegar a la vejez y tener dificultades para trabajar, recibamos una mesada semejante a nuestro salario, para que podamos mantener nuestro nivel de vida. Debe haber entonces una cierta proporcionalidad entre el salario, el aporte pensional y el monto de la mesada que será recibida.

Toda persona debe entonces hacer durante su vida laboral aportes que sean suficientes (junto con los aportes patronales) para al menos financiarse su propia pensión. No importa que la persona esté en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, por equidad y solidaridad, todos deberíamos contribuir de manera suficiente para que al menos financiemos nuestra propia pensión y, si tenemos buenos ingresos, contribuyamos además solidariamente al pago de la pensión de quienes están en malas situaciones.

Si una persona devenga toda su vida un salario de tres o cuatro millones de pesos, entonces hace aportes sobre ese salario y recibe una pensión de ese orden. Esa es la regla para los colombianos de a pie. Pero si esa persona tuvo la fortuna de trabajar unos meses como magistrado o como congresista, entonces obtiene una pensión muy superior, de unos 17 millones. Como esa persona cotizó sobre un salario mucho más bajo, entonces recibirá una pensión subsidiada, que será pagada casi en su totalidad con los impuestos de todos los colombianos. Según ciertos cálculos, el subsidio de estas pensiones privilegiadas supera ampliamente el 80% de la mesada recibida.

El costo fiscal de estos y otros subsidios pensionales es enorme. Hoy en Colombia dedicamos aproximadamente unos 26 billones de pesos (el 20% del presupuesto nacional) a pagar los subsidios implícitos del sistema pensional, en especial de las pensiones más altas.

Por razones de equidad, en principio nadie debería tener una pensión subsidiada. Obviamente existen casos en donde el subsidio es legítimo y necesario. Por ejemplo, es equitativo que se subsidie a las personas de escasos recursos, a fin de que reciban una pensión mínima digna. Pero ¿cómo justificar ética o jurídicamente este régimen exorbitante y extremadamente costoso a favor de magistrados y congresistas, sobre todo si tenemos en cuenta que es una ley que beneficia a quienes hacen las leyes y a quienes las interpretan?

No encuentro ninguna razón valedera y por ello este régimen especial, costoso e inequitativo, es un verdadero anti-Robin Hood, que transfiere recursos de los pobres a los ricos.

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