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Editorial | Mie, 01/23/2013 - 19:52

Pensiones inequitativas

Por: Elespectador.com

El artículo 17 de la ley 4 de 1992 estableció que el Gobierno impondría un régimen de pensiones para los congresistas, que no podrían ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año hayan recibido. El beneficio se amplió luego para los magistrados. Un ciudadano demandó hace poco esta norma, por considerarla injusta, y la Corte Constitucional realizará una audiencia el día de hoy para discutirla.

Es un tema espinoso, por decir lo menos, que puede abordarse desde distintas perspectivas.

Primero, la equidad. Se sabe de sobra que los colombianos del promedio que tienen pensión —si es que la obtienen— hacen unos aportes durante toda su vida para acceder, al final de ella, a una remuneración similar a la que devengaron y con la cual construyeron un modelo de vida determinado. Un magistrado o un congresista, en cambio, recibe alrededor de 17 millones de pesos de pensión por cuenta en gran parte de los subsidios que los otros colombianos hacemos al sistema. El subsidio se justifica cuando hablamos de los pobres de este país, ¿pero un magistrado o un congresista? ¿A cuenta de qué? ¿Del honor de su cargo? La Corte deberá evaluar con lupa estas consideraciones, a ver si no les estamos dando mucho subsidio, más bien, a los ricos de este país.

Segundo, los desmanes. De acuerdo con un documento hecho por el Ministerio de Hacienda y que la Corte tiene en su poder para decidir este caso, se descubre cómo ha habido decisiones judiciales que extendieron los beneficios, los regímenes de transición o, peor, que han aplicado prerrogativas a quien por ley no lo merece. La sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, de acuerdo con el texto, está tambaleando por cuenta de la bicoca de alrededor de 20,1 billones de pesos que van a esas causas.

Tercero, la justicia. Resulta indecoroso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, salga de buenas a primeras a decir que las pensiones son intocables porque la independencia de la rama se ve afectada. ¿De qué modo? Sobre todo porque es una contradicción salir a hablar de “independencia”, con el megáfono que supone ser el presidente de esta corporación, en un tema que lo afecta directamente a él. La justicia, esa rama del poder público que siempre hemos defendido desde estas líneas, cada vez más nos demuestra que lo que quieren —en especial sus altas esferas— es redundar en su propio beneficio y no en la adjudicación imparcial de los derechos para la ciudadanía.

En un país tan desigual como Colombia, salir a decir que a un funcionario público no se le puede bajar su pensión de 17 millones de pesos porque afecta su trabajo es una cosa de no creer. Más cuando son los colombianos de a pie los que, entre todos, sostienen un sistema que cada día es más insostenible. Y los magistrados lo saben. ¿No sería de esperar de ellos, máximos exponentes de la justicia, un sacrificio más bien? Soñamos.

Hoy la Corte Constitucional tiene la palabra. La decisión que tome deberá ir por dos caminos: de una parte, regular y unificar la forma de liquidar las pensiones, que hoy es dispar, a juzgar por las contradictorias sentencias que profieren distintas entidades dentro de esta rama; y de otra, pensar en qué hacer con las jubilaciones que exceden los 25 salarios mínimos en un tema de equidad.

¿Tendremos un régimen pensional más justo?, le preguntamos, ni más ni menos, a la justicia de este país. Sería de esperar que sí. ¿Soñamos?

 

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