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Bogotá | Sab, 02/02/2013 - 21:00

Sucia enemistad

Por: Juan Camilo Maldonado Tovar y Diana Carolina Cantillo

En 1993, el empresario Óscar Salazar importó camiones de basura usados para aliviar la crisis sanitaria que vivía la ciudad, dando comienzo a dos décadas de intrigas, pugnas y escándalos de corrupción. Esta es su historia.

Los protagonistas de esta historia son enemigos a muerte. Han sido socios y se han traicionado. Han competido y se han espiado. En su historia, la palabra “robo” se pronuncia hasta redundar; lo mismo “soborno”, “alcalde” y “montaje”. Son los protagonistas de un negocio millonario. Protagonistas hace 20 años y protagonistas hoy.

Esta es la historia del señor que trajo los camiones. Del socio que alguna vez tuvo el señor que trajo los camiones. Y del que, aseguran, ha sido un obstáculo en su camino.

Esta es la historia de Óscar Salazar, Darío Beltrán y Alberto Ríos.

Todo comienza un día que nadie recuerda, en los últimos meses de 1993, cuando en Bogotá se acumulaban bolsas de basura en todas las esquinas y el alcalde Jaime Castro forcejeaba con sindicalistas y concejales para acabar con una empresa pública de aseo quebrada y sin camiones.

Habían pasado cinco años desde que a la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) le comenzara a faltar el oxígeno. El alcalde Andrés Pastrana (1988) le había entregado el 20% de la ciudad a unos empresarios caleños que pronto serían reconocidos bajo el sello de Ciudad Limpia. Juan Martín Caicedo Ferrer (1992), emulando a su antecesor, le encomendó otro 20% a un empresario argentino, que aún hoy preside la empresa Lime, y otro 20% a dos jóvenes y nacientes empresarios, Javier y Alberto Ríos, respaldados por una de las más importantes empresas de aseo de Venezuela.

Para ese entonces, Óscar Salazar era un sencillo transportador de maquinaria pesada y, Darío Beltrán, un discreto exmilitante del M-19, quien en pocos años había pasado de ser el jefe de control de calidad de Lime a encargarse de toda la operación de Aseo Capital, la empresa fundada por los hermanos Ríos a comienzos de los 90.

A su llegada a la Alcaldía, Jaime Castro había dado señas de que la EDIS tenía los días contados. Y Salazar, quien iba y venía por las carreteras del país transportando carga y olfateando negocios, los guiños del nuevo alcalde lo habían llamado como las sirenas: era hora de ponerse a transportar basura.

Avanzaba rápido el año de 1993 y, mientras que la ciudad se volvía un basurero, cortesía de la falta de camiones y de la huelga de los trabajadores de la EDIS, Salazar emprendía la acelerada creación de una empresa de aseo que le ofreciera sus servicios a la ciudad en tiempos de contingencia.

Para eso necesitaba a un experto en el tema como Beltrán. Y quiso la vida que justo por esa época un lío de dinero, lealtades, acusaciones y sospechas dentro de Aseo Capital terminara con la renuncia (¿o expulsión?) del exmilitante del M-19, quien rápidamente fue reclutado por Salazar como gerente de la empresa que recién fundaba: Aseo Total S. A.

Creada la empresa, Salazar y Beltrán comenzaron los coqueteos con la administración Castro. El alcalde, a su vez, vivía una angustiante búsqueda de camiones que pudieran suplir la asfixia de la EDIS; algunos los había alquilado a los privados que ya operaban el otro 60% de la ciudad, otros habían llegado desde Medellín, enviados, en medio de otras tantas polémicas, por el alcalde Luis Alfredo Ramos.

Pero no eran suficientes. Y entonces Salazar tuvo la misma idea que, 19 años después, le propondría, a través de cartas y visitas personales, a algunos funcionarios de la administración de Gustavo Petro: alquilarle al Distrito volquetas y camiones compactadores de segunda, estos últimos comprados en Estados Unidos e importados temporalmente al país.

Así sucedió. Según corroboran varios funcionarios de la época, a la EDIS llegaron 11 camiones Mack y 23 Autocar, durante los meses de transición de 1994, comprados en Miami por uno de los barones de la basura en el mercado de Florida, Jack Casagrande, entonces jefe de operaciones de la empresa Atwood.

Con Casagrande de socio y numerosos contratos de alquiler y operación recibidos por la EDIS durante 1994, Salazar y Beltrán estaban listos para enfrentarse a los tres grupos empresariales que dominaban Bogotá y que se extendían rápidamente por el país.

Y lo lograron. Aliados con Orlando González Payares —entonces alcalde de Ciudad Bolívar—, los socios de Aseo Total S. A. se presentaron a la licitación con Corpoaseo, un consorcio del que eran socios más de 3.000 recicladores a través de una fundación (Fundación para la Limpieza de Ciudad Bolívar) y una cooperativa (Rescatar). El alcalde Castro, quien había dicho públicamente que privilegiaría iniciativas sociales de cara a la licitación, terminó adjudicándoles Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

Según cuentan varias fuentes que lo conocieron durante esos años, Salazar cambió rápidamente de hábitos de consumo durante los años que sucedieron a la licitación de 1994.

El nuevo modelo de basuras había obligado a los operadores a asumir la gestión comercial de la basura. Y los cuatro ganadores (Lime, Ciudad Limpia, Aseo Capital y Corpoaseo Total) se asociaron para crear una empresa para tales fines. Ecsa, como se llamó la nueva firma, facturaba, recaudaba y asumía todo los avatares que hasta hacía poco debía asumir la EDIS.

Quienes lo veían entrar a la junta directiva de ECSA se sorprendían con los anillos y las cadenas de oro que comenzó a lucir. También era muy llamativo su gusto por los carros: durante esos años de gloria a Salazar se le vio manejando varios autos de lujo, entre ellos un Jaguar X6, una rareza para las calles de esta ciudad.

Las cosas iban bien y el negocio crecía. Pero en Aseo Total la situación era otra. Y en medio de mutuas acusaciones y circunstancias que son difíciles de establecer, Beltrán dejó la compañía y cedió la totalidad de sus acciones a comienzos de noviembre de 1995.

Desde entonces —y a excepción de un corto período en que volvieron a asociarse, en 2004— Salazar y Beltrán se dieron a la tarea de hacerse separadamente con nuevos contratos de aseo en otras ciudades del país.

El 2 de agosto de 2004, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva condenó a Óscar Salazar a 54 meses de cárcel por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Es decir, por sobornar a servidores públicos de la Alcaldía de Neiva —incluido el alcalde Gustavo Penagos Perdomo— para hacerse con la licitación del servicio de aseo en la capital del Huila, en 1997.

¿Las pruebas? Los hallazgos de una mujer, cuyo nombre nadie puede olvidar en esta historia: Magdalena Quintero Trujillo, exgerente de Aseo Capital, empresa que hasta 1997 controlaba la prestación del servicio de aseo en Neiva.

Muy temprano, en 1997, Quintero había salido públicamente a denunciar que Penagos le había pedido $300 millones para garantizar la continuidad de la empresa de los Ríos en la ciudad. Según dijo entonces, tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, Penagos le había asegurado que “esa era la suma que le estaba ofreciendo Aseo Total”.

No contenta con eso, una vez adjudicada la licitación —de la que salió victorioso Salazar—, Quintero infiltró las oficinas de la empresa y logró —nadie explica cómo— extraer 18 cheques, autorizados por Salazar y girados todos a nombre de un mismo nombre, por un valor de $312 millones.

La aparición de los cheques aceleró la investigación de la Fiscalía, que terminó acusando a 18 personas, entre ellos dos concejales, el gerente de la empresa de servicios públicos y al mismo alcalde Penagos, de pertenecer a una compleja trama que canalizó la licitación para favorecer a Salazar.

Salazar apeló la condena de primera instancia y fue condenado de nuevo, junto con el resto de implicados, a excepción del ex alcalde Penagos, asesinado de un tiro en la cabeza en febrero de 1999, dos meses después de iniciada la investigación.

Finalmente, apelada la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, el proceso prescribió. Salazar nunca estuvo en la cárcel, siempre sostuvo que los cheques habían sido destinados a la compra de un terreno para el relleno sanitario de Neiva y demandó al Estado por “daños antijurídicos”, proceso que hoy cursa en el Consejo de Estado.

Quienes lo rodean se han casado con la tesis de que todo: el fiscal, el juez y la infiltración, fue un sucio complot.

Lea mañana “El rencuentro de Salazar y Beltrán en la administración de Gustavo Petro”.

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