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Bogotá | Mar, 02/05/2013 - 07:24

Cuestionan a gerente del Fondo de Vigilancia por contrato de motos

Por: Camilo Segura Álvarez

El Concejo citará a Natalia de la Vega por haber extendido un contrato cuestionado por la Contraloría.

En agosto del año pasado el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), que entonces dirigía César Manrique, firmó un contrato con la firma Northbound Technologies S.A. para traer cien motos eléctricas que le permitirían a la Policía metropolitana hacer que “su patrullaje sea silencioso lo cual es un instrumento fundamental en la seguridad preventiva”, según afirmó el alcalde Gustavo Petro, quien además prometió que las motos estarían listas en octubre del año pasado.

El 27 de octubre, Carlos Vaca, gerente de la empresa Northbound, dijo en declaraciones a Blu Radio que el proceso de adquisición para la Policía iba “muy bien”, y anunció que ya estaban listas 75 de las 100 motocicletas que usarán los agentes de la ciudad. Entonces postergó la fecha de entrega, esta vez para “los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre”.

Hoy, pese a que las cosas iban “muy bien”, las motos no han sido entregadas. Esto gracias a que la actual gerente del FVS, Natalia de la Vega, firmó un modificatorio del contrato que amplía la fecha de ejecución del mismo en tres meses contados desde el 31 de enero de 2013, fecha en la que se vencía el plazo para la entrega de los equipos, de acuerdo con el contrato 559 de 2012, lo que implicaría que las motos llegarían al país en abril de este año.

Esa prórroga, según reza en el modificatorio, se hizo necesaria con “el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato y en virtud de los trámites de legalización de los equipos objeto del proceso de contratación”. Pero esas modificaciones se hicieron el 10 de diciembre, dos meses después de que la Contraloría le hiciera llegar al FVS un informe preliminar sobre una investigación que estaba en curso por posibles irregularidades administrativas, disciplinarias e incluso penales en las que habría incurrido la entidad al celebrar el contrato.

En el informe, y según reveló en su momento Noticias Uno, se evidencia que la cotización de Northbound llegó al FVS una semana antes de que la entidad anunciara públicamente la licitación. Esa cotización se hizo por algo más de $38 millones por cada moto, pero el 23 de agosto el precio subió, súbitamente, a $43 millones.
Además, sostiene el informe que el requerimiento y la justificación del FVS sobre las condiciones técnicas de la moto era una descripción de las motos Zero DS-ZF9, por lo cual eran éstas las únicas que cumplían las necesidad del contrato, de modo que el proceso habría estado dirigido desde el comienzo, pese a que existían más oferentes con experiencia mundial en temas de patrullaje y que ofrecían opciones más viables.

Por otro lado, el informe preliminar también dice que la firma Northbound, que suscribió un contrato por $4.357 millones, sólo estaba autorizada para realizar contratos por $1.416 millones.

El concejal Javier Palacio afirma que esas no son las únicas irregularidades, pues “el requerimiento de las motos fue hecho en un primer momento por el Ejército, no por la Policía”. Y añade que, “aunque Natalia de la Vega no haya sido la responsable del contrato original y reconozca hoy los errores en los que incurrió el FVS, ella fue quien lo prorrogó y giró un anticipo por más del 40% cuando ya había sido alertada por los organismos de control”. Las cláusulas de dicho anticipo también están consignadas en el acto modificatorio que se celebró en diciembre de 2012.

“Vamos a hacer el debate de control político para establecer la responsabilidad de Manrique, quien se fue un par de semanas después de celebrado el contrato, y de De la Vega, porque debió trancar el desembolso del dinero y revisar lo que estaba firmando. Pareciera que en esta administración se incurre en todas las irregularidades para saltarse la ley y llegar a la adjudicación a dedo o buscando hacer la contratación a la medida de los amigos”, dijo el concejal.

En diálogo con El Espectador, Natalia de la Vega aseguró que tomó la decisión de extender el contrato para evitar que se declarara el incumplimiento del mismo. Según ella, las revisiones de la cuestionada compra terminaron demorando el desembolso del anticipo, lo que obligó a extender el mismo para darle tiempo al contratista para traer los equipos. La decisión, asegura, fue tomada en consonancia con la oficina jurídica de la Alcaldía Mayor.

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