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Bogotá | Lun, 02/11/2013 - 20:45

Valorización: ¿seguir o detenerse?

Por: Verónica Téllez Oliveros

Expertos aseguran que revocar el cobro actual no es la mejor opción, porque la ciudad necesita avanzar en la construcción de obras. Distrito plantea reforma para beneficiar a estratos bajos.

“En 2009 pagué $43.000 por el cobro de valorización de mi predio, de 82 metros cuadrados, ubicado en la calle 2 con carrera 31, en el barrio Asunción, de estrato 3. Desde hace tres semanas recibí la factura de la segunda fase, que llegó por $1’717.000. No entiendo por qué tengo que pagar toda esa plata, que uno no sabe si terminará en carteles de la contratación, pero tampoco hay quién resuelva estas quejas”.

El hombre que cuenta la historia es Darío Mejía, quien este lunes interrumpió su trabajo para ir a la sede del Supercade, en la carrera 30 con calle 26, y reclamar por el que considera un excesivo cobro de valorización. Sin embargo, no lo pudieron atender, pues no había abogados suficientes que resolvieran las dudas y como él había más de 100 personas a la espera de una respuesta.

En quejas y denuncias, que han sido enviadas a El Espectador, un ciudadano, que prefirió la reserva de su nombre, dijo que “el cobro de valorización de la Avenida carrera 19 con calle 134 es un robo, nos señalaron que las obras cobradas nos benefician directamente, pero todas quedan lejos, parece que a Usaquén lo pusieron a pagar por lo de Suba. ¿De qué me sirve la calle 153 abajo de la Autopista Norte?

Este segundo cobro forma parte del Acuerdo 180, aprobado por el Concejo distrital en 2005 y cuyas facturas afectan a 1’721.000 predios, con las que el Distrito pretende conseguir recursos para construir 35 obras viales y de espacio público. Pero, ¿qué está fallando en el modelo? “Hay elementos para pensar que el cobro en Bogotá es ilegal. La ley dice que se debe cobrar en proporción a la valorización del inmueble y a la capacidad de pago de la gente”, señala el experto Óscar Borrero, quien coordinó la investigación “Contribución de valorización en Colombia”, publicada por el Instituto de Estudios de la Procuraduría en 2012.

Por no tener en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos en el primer cobro, hecho desde 2007, la administración de Samuel Moreno tuvo que echar para atrás el recaudo en Engativá y Fontibón, recuerda Borrero. Es lo mismo que hoy está ocurriendo en barrios como San José de Bavaria, donde hay residentes que deben pagar $30 millones, es decir, cinco veces más que lo que paga un habitante del barrio Santana, donde están las casas más costosas del país, agrega el investigador. También resalta que el año pasado, cuando la Procuraduría presentó el estudio sobre valorización en el país, el Distrito reconoció estas debilidades y la administración está convencida de cambiar el sistema de cobro.

Ante el creciente malestar de los ciudadanos, los concejales Nelly Patricia Mosquera y Jairo Cardozo, e incluso el senador Carlos Baena, piden que el Distrito cancele esta segunda fase de recaudo. “El Acuerdo 180, aprobado en 2005, es obsoleto, esos montos de dinero previstos para las obras hoy no corresponden con las necesidades”, dice la cabildante Mosquera.
“A algunos predios les facturan con uso de suelo comercial, pero resulta que éste ahora es de tipo residencial o el área que utilizan para comercio es mínima, y esto se debe a que no hay verificación física de los predios respecto a la base de datos entregada por Catastro Distrital”, añade Cardozo.

Otra es la visión de expertos en el tema, como el exalcalde Paul Bromberg, quien considera que revocar el cobro sería paralizar aún más a una ciudad que necesita con urgencia más obras viales. Un punto en el que coincide Borrero. Frente a los casos de posibles errores en el cobro, asegura que el papel de la administración es atender las quejas con rapidez. Esto, a propósito de las denuncias del ciudadano Darío Mejía, quien dice que al llegar al Supercade sólo estaba uno de los 16 abogados que el IDU prometió tener a disposición para resolver las dudas.

Dentro de la reforma que prepara la administración del alcalde Gustavo Petro al estatuto de valorización se estudian propuestas como cobrarles a los ciudadanos por obras terminadas y no antes, como se hace actualmente. Otro punto es excluir a los estratos 1 y 2, y hacer un cobro retroactivo, para casos de labores hechas como las troncales de Transmilenio, que con los recursos del Distrito generaron beneficios a privados que no pagaron por esos proyectos, como dijo María Fernanda Rojas, directora del IDU.

Rojas ha resaltado la necesidad de reformar el modelo, para que se hagan obras de beneficio general y hacer otras en el sur de la capital, donde los ciudadanos no tienen dinero para la contribución. Suspender el cobro no sería una labor fácil para la administración, pues en lo corrido de este año se han recaudado cerca de $56 mil millones. Ante la falta de personal para atender las quejas, el IDU respondió que tiene 134 funcionarios en diferentes puntos, a los que puede acudir la ciudadanía, y recomendó que no sólo vayan a los Supercades, ya que éstos presentan mayor congestión.

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