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Bogotá | Mar, 02/12/2013 - 21:52

Sin recursos para reciclar

Por: Diana Carolina Cantillo E.

La Procuraduría advierte a la Corte Constitucional que no hay recursos suficientes para que la Uaesp cumpla con la ejecución del plan de inclusión de dicha población, y sobre pocos avances en las metas presentadas al alto tribunal.

Después de que el alcalde Gustavo Petro cambiara el modelo de aseo que venía operando en la ciudad, con el argumento de que debía cumplir con la orden de la Corte Constitucional de incluir a la población recicladora en el multimillonario negocio de la basura en Bogotá, hoy dicha inclusión se realiza a paso lento y sin la aprobación de la comunidad de recicladores.

Esa es la conclusión de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que en un informe conocido por El Espectador le advierte a la Corte que “en las metas pilares del esquema no se encuentran avances significativos, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha constituido la primera organización autorizada —de recicladores—”.

El Ministerio Público señala además que no se cuenta con los centros de acopio en donde los recicladores se van a vincular con trabajos formales. Lo más grave es que para el organismo disciplinario “no es claro cómo se va a reconocer la remuneración a los recicladores en el esquema transitorio empleado por el Distrito”, que empezó a operar el 18 de diciembre del año pasado.

Silvio Ruiz, líder de la de Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), comparte buena parte de lo señalado en días pasados por la Procuraduría. El reciclador aplaude que el Distrito indemnice a cerca de 2.900 carreteros por sustituir sus vehículos de tracción animal, remunere por tonelada e individualmente a los recuperadores de la ciudad y tenga la voluntad de modificar el decreto 456 de 2010, que ordenó el cerramiento de muchas bodegas de reciclaje por considerar que incumplen el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Sin embargo, Ruiz asegura que no todo es color de rosa. Desde que Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno del Distrito, salió de la dirección de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) para hacer parte del gabinete, los recicladores sienten que cayeron en un limbo. Por lo menos eso es lo que dice Ruiz en representación de los 2.111 recicladores y 19 organizaciones que agremia la ARB, sobre todo en lo concerniente al proceso de verificación de las organizaciones de recicladores, que fue ordenado por la Corte en el auto 275 de 2011.

Ruiz asegura que, en abril de 2011, el Distrito empezó con esta tarea y registró 288 organizaciones, de las cuales sólo 29 estaban bajo la formalización laboral y los requisitos de ley. El siguiente paso era iniciar la verificación de la existencia y tradición de estas organizaciones, excluir a las tramposas y apoyar a las legítimas para que se formalicen. Pero una vez Asprilla cruzó las puertas de la Unidad, el tema se paralizó, asegura Ruiz. Las relaciones con Henry Romero, que asumió la dirección de la Uaesp después de la salida de Asprilla, nunca fueron las mejores. Y con Nelly Mogollón, actual directora, ni siquiera se han sentado a hablar por primera vez desde que ella entró a ocupar el cargo en diciembre.

Una de las cosas que más inquietan a Ruiz es que no se haga efectivo el pago de las toneladas recicladas y dispuestas en las bodegas registradas ante el Distrito, sobre todo porque está enterado de que para la Procuraduría no es claro quién será, con la entrada de los operadores privados al nuevo esquema, el responsable de remunerar a los recicladores. Pago que debe hacerse a más tardar el 15 de febrero y consiste en la cancelación bimensual de los servicios prestados por recicladores entre el 18 de diciembre y esa fecha. La cancelación de la cantidad de toneladas recicladas dependerá en gran medida del número que las bodegas reporten ante el Distrito y la planeación y el cumplimiento de la administración de Gustavo Petro. A diez días de cumplirse la fecha para el pago, el valor por tonelada reciclada todavía no está establecido, pero se dice que puede estar entre los $73.000 y los $85.000.

“Nos preocupa que hasta la fecha sólo se hayan registrado 542 bodegas, que representan un 34% de la totalidad que existe en Bogotá (1.580). El Distrito ha ampliado los plazos de inscripción dos veces, el último fue hasta el 5 de enero, sin embargo, la demanda no fue satisfactoria, igual que con los recicladores. Yo creo que cuando los que no quisieron inscribirse vean que nos están pagando, la gente se va a motivar y a participar”, afirma Silvio Ruiz.

Además, Ruiz sabe que la Procuraduría le advirtió a la Corte Constitucional que no hay recursos con qué financiar la ejecución del plan de inclusión de su comunidad, y que fue la misma Uaesp la que le explicó a funcionarios del Ministerio Público que la ejecución ha sido lenta debido a que no tienen presupuesto. En su informe a la Corte Constitucional, la Procuraduría señala que “tras nueve meses de ejecución del esquema, parece que aún no se ha planeado la financiación que el Distrito presentó ante la Corte”.

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