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Editorial | Mar, 02/26/2013 - 20:17

Valorización, un debate abierto

Por: Elespectador.com

Las protestas se volvieron inmanejables. Era lógico, la administración distrital de Bogotá, en cabeza del alcalde Gustavo Petro, le estaba dando a la ciudadanía donde más le duele: en el bolsillo.

Y no porque en Bogotá no exista una cultura tributaria seria (ha demostrado por años que sí la tiene, con sus aportes voluntarios nada despreciables), sino porque, esta vez, muchos ciudadanos tenían razón: los sobrecostos, con respecto a lo que pagaban por impuesto predial, eran muy altos.

La administración y el Concejo frenaron esta realidad y decidieron modificar el Acuerdo 180 de 2005, que era el regulador del gravamen. ¿De qué se trata esta disposición? Inventada durante el período de Antanas Mockus y aprobada finalmente en la alcaldía de Lucho Garzón, lo que busca es financiar la construcción de 137 obras para la movilidad ciudadana, probablemente la principal preocupación de los bogotanos. Los cobros y las obras se dividieron en cuatro fases, pero no han avanzado mucho por problemas de ineptitud administrativa, como que las obras se aprobaron sin estudios y con presupuestos mal hechos, a juzgar por lo que dice Angélica Lozano, concejal del partido Progresistas.

El panorama que teníamos era uno de retrasos y sobrecostos. Apenas obvio que los bogotanos saltaran indignados. Ahora, la solución ha sido una propuesta que, también, tiene cuestionamientos latentes. Vamos a ver, ahora que todo está más calmado, cómo es que el Concejo de Bogotá sabe recibir las críticas y hacer algo que redunde en lo fundamental. La meta del alcalde Petro —que, en principio, está bien— es no cobrarles la valorización a los pobres, redefinir los sobrecostos con una nueva fórmula y, finalmente, modificar algunas obras de la fase III, eliminando al mismo tiempo las de la fase IV.

De acuerdo con Óscar Borrero, experto en valorización consultado por este diario, lo que pretende hacer Petro es un cobro destinado a la malla vial y a la Avenida Caracas. Es decir, a tapar huecos y a mejorar las vías por las que pasa el sistema Transmilenio. Pero la valorización no se trata de eso. Su finalidad es, justamente, valorizar los predios a través de grandes obras que sean pagadas por los ciudadanos. Lo otro es simple mantenimiento obligatorio que debería venir de otros rubros: ¿no estarán el Concejo y el señor alcalde pensando en meternos a los ciudadanos ese gol tan grande, verdad? Porque, de ser así, se estaría concibiendo un hito histórico en cuanto al recaudo de un impuesto.

Ahora bien, sí es justo que los ricos paguen más y los pobres menos. La fórmula del recaudo, la que generó los sobrecostos, debe tener en cuenta la variable nada despreciable de la capacidad de pago y no solamente el valor del predio. Si queremos que las obras marchen, lo primero es cobrar de una forma equitativa, dependiendo de los diferentes factores sociales. No cobrarles a los pobres trae, sin embargo, una pregunta pertinente a estas alturas: ¿y las obras cercanas a sus lugares, quién las paga? Es aquí donde el alcalde debe pasar del discurso grandilocuente —y justo, no sobra recordarlo— a las políticas técnicas que prevean un margen de error y que logren el cometido discursivo.

Hay tiempo para discutir y el debate está abierto. La oportunidad es hacer una modificación normativa justa, equitativa, constitucional, que sustente obras viables —y suspenda las que no se pueden hacer— y que tenga en cuenta la realidad social de la capital del país. De otro modo, caeremos en un poco más de lo mismo.

 

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