Desde comienzos del siglo pasado, cuando el presidente Rafael Reyes entregó campos petrolíferos a su hermano o se sobornó a políticos para facilitar la separación de Panamá; hasta las últimas décadas con el proceso 8.000, Dragacol, la yidispolítica, los Nule y el desfalco a la salud, pasando por la repartición burocrática del Frente Nacional, queda una conclusión: la corrupción parece inherente al país desde su origen como Estado. Si hay poder y dinero, rondan los corruptos.
De acuerdo con estudios de organizaciones anticorrupción, los manejos criminales del erario le cuestan al país ocho billones de pesos al año, lo cual representa casi el 5% del presupuesto del país para 2012 ($165 billones). Es decir, los corruptos se embolsillan $5 de cada $100.
Expertos como José Ugaz dicen que, en la región, la corrupción es cotidiana, al punto que Latinoamérica es la segunda zona más corrupta del mundo, después de África, según Transparencia Internacional. Por su parte, Colombia, ha tenido en los últimos 12 años una calificación promedio de 3,7 sobre 10 y ocupa el puesto 78 entre 178 países evaluados, por lo que “se puede afirmar que está estacionado en la franja de alta corrupción, como lo demuestran los recientes escándalos”, dice Ugaz.
Pese a los esfuerzos para combatirla, los que buscan apropiarse de los recursos públicos parecen estar un paso por delante de las leyes que quieren contrarrestarlos. La prolongación del conflicto, el narcotráfico y los presupuestos públicos sin adecuados controles han mantenido el problema y han desnudado la ineficacia de las estrategias anticorrupción. La impunidad la fortalece.
Para el politólogo Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, las mafias, el tráfico de armas, el contrabando, entre otros factores generadores de violencia, “necesitan de la corrupción para operar”.
Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano (Argentina), afirma que “la transparencia en los asuntos públicos es un patrimonio que la sociedad debe defender. Para mantenerla hay que demandar leyes de acceso a la información y exigir rendición de cuentas”.
Los expertos sugieren que para cambiar el panorama se debe crear una cultura de la legalidad desde los primeros años de escuela; fortalecer una prensa y una sociedad que esté vigilante a las acciones de las autoridades; tener presente que es una lucha de largo aliento para la que se necesitan reformas estructurales y duraderas; fortalecer la justicia con recursos y garantizar su independencia para que no exista impunidad y los corruptos entiendan que tendrán castigos, y, finalmente, entender que es fundamental una alianza entre autoridades, medios, empresarios y la ciudadanía, ya que, como parte del problema, pueden ser parte de la solución.
HUGUETTE LABELLE
Presidenta de la organización Transparencia Internacional. Es maestra en Educación y doctora en Filosofía de la Universidad de Ottawa (Canadá). En el gobierno de Canadá fue subsecretaria de Estado, secretaria adjunta del Consejo de Ministros y secretaria adjunta del Consejo Privado de la Reina, presidenta de la Comisión de Servicio Público y viceministra de Transporte.
JOSÉ UGAZ SÁNCHEZ
Abogado de la Universidad Católica de Perú con posgrados en el Institute of Social Studies, The Hague (Holanda) y en la Universidad de Salamanca (España). Exprocurador ‘ad hoc’ para los casos contra el expresidente peruano Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, expresidente de Proética Perú y exfuncionario del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial.
1. Alianzas y liderazgo ético
No hay actor que pueda acabar la corrupción por sí solo. El problema no termina con un decreto o con la acción del funcionario encargado de la política anticorrupción. Es un esfuerzo que involucra a ciudadanos, autoridades, empresarios, periodistas, etc. Nadie tiene el monopolio de la lucha anticorrupción. Esto debe ir de la mano de un liderazgo ético en los altos niveles del Gobierno, que se traduzca en una voluntad política de hacer transparente la función pública y no tolerar la impunidad. Se necesita que la ciudadanía, el sector privado y los medios estén involucrados activamente.
2. Evitar las capturas del poder
Se debe estar alerta para que los gobiernos locales no sean capturados por actores ilegales o contratistas. La contratación pública es clave, ya que hay recursos disponibles y la transparencia en su ejecución es fundamental. A esto se suma que en Colombia es importante la explotación de petróleo y metales, por lo que es prioritaria la transparencia en las operaciones tanto del Gobierno como de las empresas. Se debe exigir la divulgación de los pagos y operaciones, y que esto pueda aterrizarse en los niveles locales para saber qué se está haciendo con esos ingresos.
3. Prensa fuerte e información
Las democracias tienen que garantizar el acceso a la información pública. Todo documento del Gobierno, en principio, debe ser accesible. Se debe fortalecer la prensa de investigación responsable y libre, para que esté alerta a las fallas del poder. Permitir a la gente el acceso a la información aumenta la fiscalización. Las leyes tienen que ser implementadas con efectividad, incluso la de acceso a la información que se discutirá en el Congreso y que busca promover el derecho fundamental de responder a la solicitud de información y el deber estatal de visibilizarla con transparencia.
4. Erradicar la impunidad
Mientras los corruptos salgan impunes, el esfuerzo está perdido, ya que la lucha no conseguirá apoyo masivo. Hay que buscar que el sistema judicial, en rangos medios y bajos, funcione bien. Aunque las altas cortes funcionan relativamente bien, es relevante analizar cómo están los niveles de los jueces locales, donde hay riesgo de corrupción y se genera impunidad. Es clave tener órganos de control eficientes e independientes. Es imprescindible que la ciudadanía se fije en hasta qué punto sus representantes respetan la independencia de estos controles y promueven su fortalecimiento.
5. Valores y educación
No menos importante, aunque de más largo aliento, es la necesidad de inculcar valores, sobre todo en los más jóvenes, para que rompan con las prácticas que afectan a los países de la región. La educación no es exclusiva responsabilidad de las escuelas o universidades, empieza en casa. Para la lucha contra la corrupción es fundamental crear una cultura de la legalidad a través de todo el sistema educativo, para que formen en valores a los ciudadanos que crecen, desde los niveles básicos de educación, hasta el desarrollo de campañas públicas.