Así funcionará la ley que reconoce los derechos de las mujeres buscadoras

Según registros de la Comisión de la Verdad, el 90 % de los familiares de víctimas de desaparición forzada desarrollaron patologías de ansiedad, estrés y depresión.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La búsqueda que por décadas han emprendido mujeres para encontrar a sus familiares desaparecidos durante el conflicto ahora es una tarea reconocida por el Estado. Han buscado, sin éxito, en morgues, hospitales, montañas, ríos y hasta en campamentos militares. En la historia quedará escrito que ellas, conocidas como las mujeres buscadoras, luego de ser violentadas durante sus labores de rastreo, vieron cómo el Congreso aprobó una ley que les garantiza especial protección constitucional y, entre otras cosas, el acceso a una efectiva atención psicosocial. ¿El objetivo? Intentar saldar una deuda histórica que “había sido invisibilizada”, según explicó a El Espectador la senadora y ponente del proyecto María José Pizarro.

La iniciativa fue aprobada el 4 de abril, cuando el Senado dio el visto bueno al último debate del proyecto 139, que reconoce la labor que madres, esposas, hermanas e hijas han emprendido a ciegas para encontrar algún rastro de sus familiares. Su búsqueda, que debió garantizar el Estado y nunca se efectuó, estuvo atravesada por violencia sexual, estigmas, encarcelamientos, exilio y hasta un deterioro de salud, causado por la tristeza y la incertidumbre de no tener respuestas. La Comisión de la Verdad (CEV) halló que “la mayoría de ellas encontraron pocas investigaciones, nadie que asumiera responsabilidades y falta total de respuestas oficiales”.

Un reconocimiento pendiente

La aprobación del proyecto se debe, en gran medida, a siete organizaciones de mujeres buscadoras que en 2020 decidieron exigirle al Estado, una vez más, un reconocimiento por su extensa búsqueda sin respuestas. Algunas llevan más de la mitad de su vida dedicada por completo a esta tarea. “Siempre pusimos a los desaparecidos forzados en el centro de la conversación, mientras nosotras orbitamos alrededor de ellos. Con este proyecto nos ponemos a la par, porque nuestras vidas también importan”, dice Yannette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, una de las organizaciones que más insistieron en la aprobación del proyecto.

Durante 35 años, Yannette ha trabajado para encontrar justicia por su hermana Nydia Erika, desaparecida por el Ejército en 1987, un esfuerzo que motivó la creación de una fundación de buscadoras que lleva su nombre. De acuerdo con informes de la Fundación, creada para asesorar y acompañar a las víctimas, más del 95 % de quienes buscan a un ser querido desaparecido por la guerra son mujeres y la gran mayoría de ellas tuvieron que renunciar a sus trabajos y separarse de su familia para poder seguir las pistas.

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Ese es el caso de Paulina Mahecha, quien pertenece a la fundación que dirige Yannette. Ella es una madre que lleva 20 años en la búsqueda de su hija, María Cristina Cobo Mahecha, quien fue asesinada por el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2004. Paulina se ha dedicado a la venta de textiles, para poder costear viajes, indumentarias, mapas y estadía en los municipios donde ha concentrado la búsqueda de María Cristina. Con pala en mano, ha perforado más de 120 socavones tratando de encontrar algún indicio del cuerpo de su hija.

Esta histórica aprobación también se consiguió gracias a varios legisladores, principalmente del Pacto Histórico. María José Pizarro, senadora de esa coalición, defendió el proyecto desde octubre de 2022. “No solo es el reconocimiento, sino las afectaciones de las mujeres buscadoras. Ha sido una lucha solitaria, incansable, ante la indiferencia de la sociedad y las instituciones”, dijo la legisladora.

Las cuentas que se hicieron en el Congreso sobre cuántas mujeres buscadoras hay en Colombia fueron las siguientes: por cada uno de los 210.000 desaparecidos que la Comisión de la Verdad documentó hay al menos una mujer que dedicó su vida a buscarlo. Esta cifra, junto con el concepto de “familia extendida” de los pueblos étnicos, se podría duplicar. Es decir, casi medio millón de mujeres buscadoras que también fueron víctimas de múltiples violencias mientras seguían las pistas de sus familiares.

¿Qué dice la ley?

Según el texto aprobado en el Legislativo, el Estado y sus instituciones tendrán que protegerlas mediante la Unidad Nacional de Protección. Las mujeres serán reconocidas como constructoras y defensoras de paz, pero también como “sujetos de especial protección constitucional”, igual que sucede con los menores de edad. Es decir, se deberán priorizar sus derechos y hacer “acciones afirmativas a favor de una población que se encuentra en una debilidad manifiesta (...) para lograr una igualdad efectiva”, según describe la Corte Constitucional.

El logro más importante de esta ley es la creación de un Registro Único de Mujeres Buscadoras, base de datos que permitirá saber el número de víctimas colaterales de desaparición forzada. Con el registro, los ministerios deberán garantizar que tengan una vida digna con acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica e, incluso, apoyo psicosocial. Según registros de la Comisión de la Verdad, el 90 % de los familiares de víctimas de desaparición forzada desarrollaron patologías de ansiedad, estrés, depresión y el 10 % alguna enfermedad, como cáncer de seno. Sin olvidar los escenarios en que tuvieron que asumir toda la carga económica de sus hogares.

La inclusión deberá ser una nueva tarea para las instituciones. Las mujeres deberán ser vinculadas a los planes locales de desarrollo para continuar la búsqueda con el amparo de alcaldías y gobernaciones. Una tarea prioritaria es que aquellas en edad avanzada puedan acceder a una vejez “tranquila” o, en otros casos, como le dijo Pizarro a este diario, “se acabe el viacrucis de ser estigmatizadas desde el día de la desaparición hasta su muerte”.

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“Es un éxito y un reconocimiento a décadas de lucha. Marca un precedente para la región y, además, es una base para futuras transformaciones en contextos adversos para la defensa de derechos humanos”, le dijo a El Espectador Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia, que ha mostrado su apoyo a la ley, que “corrige décadas de abandono estatal”. Este tipo de leyes no existen en otros países con amplios historiales de desaparición, como Chile o Uruguay. En Argentina, se presume, hubo cerca de 30.000 desaparecidos durante la dictadura de la junta militar. Madres y abuelas en Buenos Aires se reúnen cada 24 de marzo para exigir la ubicación de los menores desaparecidos durante ese cruento periodo.

Pero los alcances de la ley no se quedan solo en territorio colombiano. Uno de sus artículos ordena que la delegación diplomática de la Cancillería solicite ante la Asamblea General de la ONU el reconocimiento mundial de esta población para crear el Día Mundial de las Mujeres Buscadoras.

La Operación Sirirí

El activismo que las mujeres buscadoras han ejercido para cambiar el paradigma de la desaparición ha sido importante. Federico Andreu, quien fue investigador de la Comisión de la Verdad, explicó que fue gracias a este tipo de organizaciones que la desaparición y la búsqueda han sido reconocidas en Colombia. Andreu asegura que mientras se construía el Informe encontraron una ponencia en los archivos del Congreso, de la década de los años 80, la cual argumentaba que quienes nunca volvían a sus hogares eran “borrachos, infieles o narcotraficantes” y, por ende, no se deberían destinar recursos a buscarlos ni considerarlos crímenes. Sin la lucha y movilización de las mujeres, dice Andreu, probablemente se seguiría invisibilizando la tragedia.

La lucha de estas mujeres ha hecho que el Estado dirija la mirada a un tema que históricamente no reconoció o coadyuvó a ejecutar. En los registros de la Comisión de la Verdad, el 52 % de los casos fueron cometidos por paramilitares, el 27 % por guerrillas, el 9 % ejecutados por agentes estatales y el 8 % de las desapariciones las hicieron funcionarios del Estado en connivencia con grupos paramilitares.

Uno de los ejemplos más significativos para comprender los aportes es la historia de Fabiola Lalinde, una madre que buscó durante 12 años a su hijo Luis Fernando, desaparecido el 3 de octubre de 1984 por el Batallón de Infantería N.° 22. Tras lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado por su responsabilidad en este crimen, continuó ayudando a buscar a los demás desaparecidos.

Antes de morir, en 2022, Fabiola entregó 25 kilos de fotografías, mapas, dibujos, notas de campo y cuadernos a la Universidad Nacional como insumos en la lucha de otras víctimas. Su método de búsqueda, bautizado Operación Sirirí —por el ave diminuta que enfrenta a cualquier especie para proteger a sus crías—, ha servido de motivación a estas mujeres para confrontar a paramilitares, guerrilleros, coroneles del Ejército o fiscales que no avanzan en la etapa de investigación. Su donación fue considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los retos de la ley

El primero es una implementación que se inicie oportunamente, pues en varios casos las mujeres buscadoras superan los 70 años, y su avanzada edad las hace aún más vulnerables a otras violencias o patologías. El segundo desafío es que, como ordena la ley, el Gobierno nacional presente un esbozo donde explique la articulación entre las mujeres y su trabajo con el Estado, teniendo en cuenta que muchas de ellas son familiares de víctimas de agentes estatales. Otro desafío es que el proyecto defina la ruta para que miles de mujeres empiecen a hacer parte de los esfuerzos de paz o procesos de búsqueda, que en su mayoría son “difíciles, desgastantes y burocráticos”, como explica el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Un informe publicado en 2022 por la Comisión de la Verdad asegura que la búsqueda podría no tener los resultados esperados “ni a corto ni a mediano plazo”, pues hay registros de desaparición en ríos como el Cauca y Nariño, en hornos crematorios —como el de Juan Frío, en Norte de Santander— y casos en que los paramilitares arrojaron los cuerpos en estanques de caimanes, como sucedió en Cesar.

Además, la desaparición forzada en Colombia persiste en varios territorios. De acuerdo con registros de Medicina Legal, en el último lustro se han contado al menos 1.000 casos. A raíz de esa estadística también ha aumentado el número de mujeres buscadoras, lo que obliga al Estado a ser responsable de sus necesidades y seguridad.

Para Andreu, es ahora que se vienen los retos para saber si la ley puede llegar a cumplir lo que dice el papel. “Del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo principal es que se reconozca su labor como buscadoras; pero hay cosas que no van a poder ser resueltas. Hay incluso hombres, hijos o esposos que también emprendieron esta labor”. La aprobación de la ley, entre lágrimas, fue festejada como una “lección de dignidad para Colombia”, según dijo Yannette en la plenaria. Su labor y la de muchas mujeres que, durante años, fue estigmatizada, ahora es reconocida.

Aunque la ley no garantiza que se cumplirá este anhelo de justicia en materia de verdad, garantías de no repetición y reparación, las mujeres buscadoras “lograron lo impensable”, según Pizarro. Con esta aprobación, ellas esperan que sus vidas sean protegidas y puedan continuar con la búsqueda de los suyos, que desaparecieron en medio del conflicto, bajo crímenes que han permanecido impunes.