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La EPS Sanitas, desde el 2 de abril de 2024, fue intervenida por la Superintendencia de Salud. De acuerdo con la entidad, la medida se ordenó por un año y está basada “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
Desde entonces, la EPS, que cuenta con 5,7 millones de afiliados (la mayoría, un poco más de 4,3 millones, en el régimen contributivo), ha establecido diversas estrategias con el objetivo de poder seguir prestando el servicio a los usuarios.
De acuerdo con la entidad, en los últimos días se ha estructurado una serie de medidas de contención “que le harán frente al aumento en los indicadores de reclamaciones reportados”. En esta fase, que es de diagnóstico, se priorizarán las principales oficinas de atención habilitadas en Bogotá, donde se han reportado el 40% de las quejas radicadas.
Duver Vargas, el agente interventor de Sanitas, señaló en un comunicado que “el reto para la EPS es intervenir este aspecto y garantizar una respuesta oportuna, integral y de calidad a las necesidades en salud de los usuarios que hoy es nuestra prioridad, venimos estructurando una serie de acciones para descongestionar el proceso, que a la fecha superan las 19 mil quejas mensuales”.
Vargas añadió que entre las quejas más comunes están el agendamiento de citas y la entrega de medicamentos. Por eso, aseguró que “están trabajando para disminuir los tiempos de espera y responder a las necesidades de los afiliados”.
A los ojos de Vargas, el principal desafío que tiene a corto plazo la EPS es fortalecer los canales de atención para eliminar las brechas en la atención de los afiliados. “Hasta el momento se concentran en un 89% en el régimen contributivo”, puntualizó.
El día de la intervención de Sanitas, Luis Carlos Leal, superintendente, envió un mensaje de tranquilidad a los millones de afiliados y aseguró que “las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.
También confirmó que la entidad había ordenado conformar una junta asesora para ese agente interventor en la que estarán representados los cinco principales acreedores de la EPS, “algo que nos va a permitir hacer una comunicación entre la aseguradora y los prestadores, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.
En la última semana, Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty en Colombia, del cual es parte la EPS Sanitas, había anunciado una serie de acciones judiciales con las que pretende recuperar, por todos los medios legales, la posesión de la EPS intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
El primer paso para conseguir este objetivo, había dicho en ese entonces Riveros, era presentar una reposición a la resolución de la Supersalud que le permitió al gobierno intervenir la EPS. Si esa medida no tiene resultado, el grupo Keralty podrá dirigirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, ante esos tribunales, demandar la nulidad de la resolución.
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