Claro, el afectado en la subasta 4G

Diego Molano, ministro TIC, al anunciar las condiciones de participación en la subasta de 4G. / Cortesía

Poco más de siete meses de espera llegaron a su final ayer cuando Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), reveló la fórmula bajo la cual se realizará el negocio que le cambiará para siempre la cara a la industria de las telecomunicaciones: la asignación de 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico. Se trata de una entrega histórica en su campo, vital para que en el futuro los colombianos puedan ver videos de alta calidad en sus dispositivos móviles, descargar archivos en menos de diez segundos o enviar análisis médicos complejos por correo electrónico.

Un negocio por el que el Estado espera recibir al menos $480.000 millones, que masificará la tecnología LTE (conocida también como 4G, la cual permite navegar a la mayor velocidad posible en el mercado) y por el cual pujarán codo a codo los operadores móviles ya establecidos en el país (Claro, Movistar y Tigo) y los que esperan tejer sus redes en Colombia (principalmente, Directv y Avantel).

La decisión final, que será sometida a comentarios de toda la industria, establece que Claro, el operador dominante (según cifras oficiales, posee el 61,34% del mercado), sólo podrá pujar en la banda de 2.500 MHz, con la cual se puede transmitir un mayor número de datos pero que demanda abultadas inversiones.

“Ha sido una decisión que hemos discutido en más de 30 reuniones con todos los actores del sector”, comentó Molano.

De esta manera comienza a aclararse un poco el panorama de un proceso que originalmente debió concluir en septiembre, pero que, debido a los intereses de los potenciales oferentes, terminará realizándose en febrero de 2013. La fórmula permitirá la aparición de por lo menos un nuevo operador móvil en el país, lo que fortalecerá la competencia y, de manera indirecta, contribuirá a que el colombiano deje de ser considerado como un mercado de alta concentración en telefonía móvil (según Merril Lynch, es el segundo después de México).

En el fondo, también supone un duro golpe a Claro. A lo largo del año la compañía se convirtió tanto en uno de los principales impulsores del tema ante la opinión pública como en el blanco de un sector cada vez más amplio de la sociedad (congresistas, competidores, usuarios, analistas, etc.) que puso el dedo en la llaga por sus prácticas comerciales, de calidad del servicio y dominancia (llegó a ser acusado de ejercer prácticas monopólicas).

De hecho, como si hubiera percibido lo que se venía, Juan Carlos Archila, su presidente, convocó a una rueda de prensa en la que abogó por una subasta sin ningún tipo de restricción: “Debería ser abierta, con la libertad de permitirnos seleccionar la mejor tecnología para nuestros usuarios e implementarla lo más rápido posible”.

Pero el resultado fue diametralmente opuesto. Además de impedir su participación en la banda AWS (la más codiciada del proceso, porque permite un mayor cubrimiento con menos inversiones), el Gobierno anunció dos medidas fundamentales que buscan equilibrar la competencia. La primera es la reducción, vía resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de las tarifas que hoy les cobra a sus usuarios por llamar a un número de otro operador, las más altas del sector ($210 por minuto, según el Ministerio TIC) y que generaron un “efecto club”, o sea, levantaron una barrera muy alta de precios para que sus abonados hablaran entre ellos. Además, el ente regulatorio congelará sus cobros para que la compañía no los traspase a las facturas.

La segunda tiene que ver con la intervención de los costos de conexión (las tarifas entre operadores para comunicar a sus usuarios) para toda la industria. En abril pasado, esa tarifa se ubicó en $84,15 por minuto, y la determinación del Gobierno es que se reduzca progresivamente hasta enero de 2015, cuando su valor será de $42,49 por minuto. Con una salvedad: Claro deberá cumplir este requisito a partir de enero de 2013.

La CRC publicará muy pronto estas resoluciones, que se harán efectivas tan pronto el operador dominante sea notificado. Se trata del primer paso hacia el tan anhelado control sobre el sector, una demanda que varios sectores reclamaban en los últimos meses. “Seguramente, si se imponen a cabalidad, la dominancia en el sector podría bajar a niveles de entre 45% y 50%, y los competidores se ubicarían en un nivel de dominio de entre 20% y 30% del mercado. Es un escenario deseable para incentivar la competencia”, dice Alejandro Vera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Pero el sentir no es el mismo en toda la industria, especialmente entre los potenciales participantes. “Por fin se están tomando las medidas regulatorias que veníamos reclamando desde 2009, pero es negativo y muy triste que el Gobierno haya eliminado la reserva de espectro para los nuevos participantes. Esta decisión genera desigualdad, porque nos obligaría a pagar espectro a un mismo precio, afectando los planes de negocio”, comenta Jorge Andrés Palacios, presidente de Avantel, quien fue categórico al afirmar: “No participaremos si no hay reserva en el proceso”.

Aún es muy temprano para conocer si las medidas contra la posición de Claro se adoptarán por completo. La compañía todavía tiene a mano recursos legales para impedir que su operación se vea afectada y, a juzgar por el comunicado que publicó después de conocer la decisión del Ministerio TIC, no sería raro que los utilizara: “La inclusión en la banda de 2.500 MHz no le permite a la empresa competir en igualdad de condiciones y por consiguiente va en contravía de la inversión, la seguridad jurídica y retrasará el despliegue de la banda ancha móvil en el territorio nacional”.

Independientemente de lo que ocurra, cada uno de los participantes por una de las seis licencias de espectro en cada banda tendrá que garantizar el cubrimiento del 100% de las cabeceras municipales (los establecidos tienen cinco años para lograrlo, 10 en el caso de los entrantes) y sumar 350.000 usuarios nuevos en los pupitres de las escuelas públicas del país, a quienes deberán entregarles una terminal móvil con pantalla de al menos 10 pulgadas.

Otra condición, que generará polémica, es que los tres operadores ya instalados deben garantizarle a los entrantes el servicio de roaming (el préstamo de sus redes para servicio de voz), el cual fue uno de los caballitos de batalla por cuenta de la Asociación de la Industria Móvil (Asomóvil) en los meses previos a esta decisión.

Pero aparte de las nuevas disputas que surjan, el Gobierno demostró que está comprometido con mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil. Por eso anunció cambios fundamentales en la medición de las llamadas caídas y no exitosas, que pasarán a medirse de ciudad en ciudad a barrio por barrio, cada mes y con la salvedad de que serán los propios usuarios quienes determinen si su señal es buena o mala.

Todo eso se determinará a través de los mismos teléfonos celulares, pues los usuarios podrán bajar un aplicativo móvil y medir la calidad. Esta lectura podrá convertirse en prueba para un reclamo y el operador estará obligado a reembolsarle el dinero. Además, se habilitará el número 85432 para la interposición de quejas (también se podrá enviar un mensaje de texto) y la compañía tendrá la obligación de resolverlas en 24 horas.

“Los colombianos nos merecemos un mejor servicio”, enfatizó Molano, y anunció que las pruebas piloto arrancarán en enero de 2013 con 1.200 voluntarios.