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Tecnología 4 Mayo 2013 - 9:00 pm

Entre monopolio y libre competencia

Ajedrez de la subasta para el 4G

Al finalizar junio se sabrá cuáles serán las empresas que lideren la nueva generación de la telefonía móvil. La idea es masificar el uso de internet en un país donde el 70% de la gente no tiene acceso. Más servicios en los celulares.

Por: Redacción Investigación
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El próximo 9 de mayo comienza a resolverse el proceso más ambicioso en la historia de las telecomunicaciones en Colombia: la subasta de adjudicación del espectro electromagnético para el uso de internet de alta velocidad en transmisión de datos y voz, conocido como la tecnología de nueva generación 4G. Un atractivo negocio para los operadores del sector y una ineludible opción del Estado en su tarea social de masificación de la internet. Dos expectativas cruzadas en el juego de la libre competencia y de la posición dominante.

Esta iniciativa fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 como principal objetivo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y tomó forma a partir de la resolución 3263 de 2011, a través de la cual se extendió invitación a los operadores del sistema para participar en el proceso de adjudicación de siete bloques del espectro para 4G y uno para 3G. En términos prácticos, la oportunidad de fortalecer el mercado de equipos con mayor capacidad de transmisión de voz, datos y servicios de multimedia.

En marzo de 2012, el ministerio del ramo hizo público el primer borrador del proyecto de convocatoria, para los comentarios de los entendidos. Desde ese mismo momento, en desarrollo de cinco audiencias públicas y ocho debates en el Congreso, el tema tiene a la expectativa a empresarios, Estado y ligas de usuarios, con una discusión que ha venido creciendo en efervescencia sobre dos aspectos básicos: la necesidad de eliminar riesgos de concentración del mercado de las telecomunicaciones, hoy afectado por operadores dominantes.

Según informaciones oficiales, hoy la multinacional Comcel S.A. o Claro, como se le conoce comercialmente, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, tiene el 62,4% de los usuarios del mercado de telefonía móvil en Colombia. En 2012 esta firma registró ganancias por $2,3 billones, casi 30% más que en 2011. A su vez Telefónica de España, conocida como Movistar, tiene hoy el 24,7% del mercado, aunque hoy es el único operador en el 66% del territorio nacional. El tercer jugador del negocio es Colombia Móvil (Tigo), con el 12,4%.

Esta repartición del mercado de la telefonía móvil en Colombia se ha convertido en el caballito de batalla de los principales críticos del proceso 4G. Según observadores del tema, como los congresistas Jorge Robledo y Alexánder López, del Polo Democrático, o Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, esta situación ha creado una concentración del mercado que el Gobierno puede corregir. De manera contextual porque, en su opinión, a través del artículo 75 de la Carta, el Estado debe impedir el monopolio en el uso del espectro.

En particular, las críticas van dirigidas a que la posición de dominio de Claro y Movistar ha generado un duopolio que concentra el 87% del mercado de voz móvil, el 74% de internet móvil, el 53% de la televisión por suscripción, el 43% de la banda ancha fija, el 30% de la telefonía fija, el 64% de los ingresos y el 83% de las utilidades del sector de las telecomunicaciones. En pocas palabras, un esquema que, en su criterio, ha generado un deterioro sostenido en la calidad del servicio, insuficiente inversión en materia de infraestructura y costo social a los usuarios.

En parte para contrarrestar estas inquietudes, y también para atender una sentencia de la Corte Constitucional de 2001, que impone al Estado la obligación de preservar el servicio público y regular la iniciativa privada en la protección del espectro, el Gobierno impuso claras reglas de juego. Por eso, en principio limitó la participación de Claro en la subasta de la banda AWS, la más apetecida de la adjudicación por la disponibilidad de equipos a bajo costo, precisamente para prevenir una mayor concentración del mercado de la telefonía.

De igual modo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones definió unas obligaciones específicas a quienes quieran medírsele a la subasta. Por ejemplo, pago de contado para todas las bandas o escalonado de acuerdo con fechas de entrega; prohibición de ceder el espectro en los primeros cinco años; acuerdos para mejorar la calidad 3G como prerrequisito para iniciar ventas de tecnología 4G; obligación de compartir infraestructura; y restricción de ofertas comerciales que limiten la libre competencia.

A pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo y la reiterada postura del ministro Diego Molano, en el sentido de que se van a favorecer los usuarios con mejores tarifas, calidad del servicio y mayor cobertura, no han faltado los reparos de los organismos de control. La Contraloría, por ejemplo, en informe de diciembre de 2012, manifestó que aunque se da un escenario equiparable para los participantes de la subasta, “no se generarían cambios estructurales en la organización industrial de las telecomunicaciones en Colombia”.

Por el contrario, insistió la Contraloría, “podría intensificarse el nivel de concentración del mercado”. En tal sentido, sugirió que la Comisión de Regulación de Comunicaciones estudie la posibilidad de regular los precios de los servicios móviles, dado que hoy no existe suficiente competencia ni la calidad de los servicios cumple con los parámetros exigidos. De paso, la Contraloría advirtió que evalúa la pertinencia de la reversión de la infraestructura, elementos y bienes de las concesiones de la telefonía móvil y de telecomunicaciones.

En la misma perspectiva, la Superintendencia de Industria y Comercio le hizo ver al ministerio de las TIC que si bien el proceso plantea una opción histórica para recomponer el sector, “los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar un cambio estructural en el mercado”. Además agregó que si se asocia el volumen de tráfico con la fuente generadora de ingresos para los operadores, se tendría una estructura concentrada, que podría conducir a situaciones de insolvencia para otros operadores y los entrantes.

En reciente misiva al director de la Agencia Nacional del Espectro, Óscar León, la Procuraduría precisó que, en el proceso de acompañamiento que viene haciendo a la subasta del 4G, determinó que existe un número plural de interesados y se percibe que la subasta dejará la mejor remuneración por el uso de un recurso público. No obstante, sugirió precisar los casos en los cuales se podría declarar desierta la subasta o la asignación de una banda, atendiendo los argumentos que dio el Consejo de Estado respecto al tercer canal de televisión.

La Procuraduría les pidió expresamente a las autoridades del sector que le informen qué medidas se han adoptado para evitar las prácticas especulativas en la asignación del espectro, al tiempo que recomendó determinar cuál va a ser la metodología para la fijación del precio base, que debería incluir la estimación de los costos en que incurrirá el operador para lograr la limpieza de la banda. El informe aclaró que su concepto no constituye un aval, coadministración o prejuzgamiento de las actuaciones en el proceso de la subasta.

Uno de los más incisivos críticos del proceso de subasta 4G ha sido el senador Alexánder López. De hecho, el pasado 22 de abril radicó una denuncia en la Procuraduría sobre lo que él califica como “manifiestas inconveniencias e irregularidades”. En su opinión, como están hoy las cosas, lo que se está configurando es una amenaza a las empresas públicas del sector, que van a ver comprometida su viabilidad empresarial a corto y mediano plazo. López cree que las empresas públicas no tienen oportunidad alguna de competir con Claro o Telefónica.

Alexánder López, quien antes de llegar al Congreso fue un activo líder sindical de las Empresas Públicas de Cali (Emcali), sostiene que tanto este organismo como las demás empresas regionales representan un patrimonio público con 6,6 millones de clientes en telefonía fija, internet y televisión paga, pero quedarían bloqueados con la subasta 4G. Ni pueden ofrecer un despliegue de redes como se exige a los participantes, ni están en capacidad de cumplir con las garantías bancarias exigidas, hoy tasadas en unos US$70 millones.

Quizás atendiendo estas y otras observaciones, el pasado 26 de abril el Ministerio de las TIC expidió la resolución 987, que introdujo sustanciales cambios de última hora en la subasta 4G. En primer lugar, se aligeraron las obligaciones de cobertura en el territorio nacional. Inicialmente se exigía garantizar que el 50% de los municipios del país accediera a la nueva tecnología en el primer año de operaciones y el restante 50% en un plazo de cinco años. Ahora la idea es cumplir una meta anual del 20% y alcanzar el objetivo en cinco años.

Según los entendidos, con esta modificación se garantiza que no sólo Claro, Telefónica y Tigo estarán en la puja, sino que es posible que Directv, Avantel o Azteca Telecomunicaciones se decidan a hacerlo. En últimas, la innovación podría facilitar que los operadores de internet en alta velocidad puedan priorizar algunas regiones o municipios, incluso a través de planes especiales de mercadeo. De todos modos, sí resulta más equitativo para las diversas empresas del sector e incluso para las públicas que representan las regiones.

Los otros dos cambios de última hora también aliviaron ciertas tensiones. Se bajaron las garantías bancarias. En lugar de los US$70 millones originales, ahora la cifra es el valor promedio de la subasta más $28.222 millones para los bloques reservados para operadores entrantes o $109.780 millones en los abiertos. La última modificación en la subasta 4G es bajar de un millón a 500.000 el número de tabletas obligatorias con conexión que se deberán entregar a los estudiantes de escuelas públicas. Eso reduce precios y alivia cargas.

De todos modos, más allá de los cambios de último momento, la suerte está echada. Este 9 de mayo empieza a definirse una de las más importantes iniciativas en las telecomunicaciones en Colombia. El cronograma indica que el 26 de junio se conocerán los ganadores. Hasta el momento la pelea estaba centrada en la transmisión de voz, datos y mensajes de texto. Ahora vienen los móviles con capacidad de video, telemedicina, señales de televisión, banca móvil o vigilancia remota. El desafío es que los colosos del sector no se queden con todo.

Entre otros aspectos, porque una vez se defina la subasta 4G, a la vuelta de la esquina se vienen dos peleas más. Este año se vencen los contratos de telefonía móvil adjudicados por 20 años, a partir de 1993. Seguramente volverán los mismos, pero el pulso por los costos encenderá de nuevo el debate. Y se dará en momentos en que cobra forma en el Congreso un proyecto de ley antimonopolio, impulsado por el congresista Juan Mario Laserna, para impedir que en lo sucesivo cualquier sector productivo en Colombia esté asociado a una sola oferta.

La posición de Telefónica frente al proceso

Voceros de Telefónica manifestaron que el proceso de 4G ha sido objeto de discusión de cara a su estructura. Destacaron que es importante que la asignación de este espectro contribuya a la masificación del servicio y a un mercado más competitivo.
Frente a la ley antimonopolio, indicaron que la iniciativa legislativa es el resultado de que el regulador no haya tomado las medidas necesarias y oportunas para controlar la concentración en el mercado de telecomunicaciones. En consideración del operador español, “necesitamos un esquema institucional que actúe de manera oportuna y efectiva ante las situaciones del mercado”.
Ante la prórroga de las concesiones señalaron que para los operadores es de la mayor importancia tener certidumbre de las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el giro ordinario de los negocios. “Es importante que definan a la mayor prontitud las condiciones, para que el sector tenga una visión estable de largo plazo”.

Los conceptos de la compañía Claro y el gremio Asomóvil

La compañía Claro señaló que ha adelantado acercamientos con el Ministerio de las TIC con el propósito de exponer las inquietudes frente a las condiciones de la licitación y buscar acuerdos que le permitan ofrecer la tecnología 4G a todos sus usuarios a lo largo y ancho del país.
En su comunicación oficial la operadora señaló que: “Estamos estudiando el documento presentado el martes pasado por el Gobierno Nacional y los últimos cambios realizados para poder avanzar en el proceso”. Claro indicó que reafirma su compromiso de inversión en Colombia, con el fin de seguir siendo un aliado de su desarrollo y llevar a todos los colombianos los servicios de telecomunicaciones que necesitan.
Por su parte, Rodrigo Lara, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), indicó que: “La telefonía móvil es la actividad más intensiva en capital de la economía colombiana, más que los hidrocarburos o la minería. Para atraer la inversión necesaria para ofrecer la mejor tecnología y los mejores precios a los consumidores, se necesitan reglas claras y previsibilidad regulatoria. De lo contrario, el país corre el riesgo de rezagarse en infraestructura de móviles”.

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