El sector de telecomunicaciones representa cerca del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina. Sin embargo, esa cifra podría aumentar si los gobiernos de la región generaran mejores condiciones de mercado. Así lo afirma la consultora Ovum, especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología, que, en el marco del V Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se lleva a cabo en Cartagena hasta el próximo viernes, entregó recomendaciones de política pública para aumentar la inversión con miras a la revolución digital. (Lea: Las angustias del sector TIC).
Un estudio realizado por Ovum resalta que uno de los aspectos en los que la región tiene una alta oportunidad de mejora es en banda ancha inalámbrica. En esta, predomina la tecnología de tercera generación o 3G, mientras que la de cuarta generación (4G) se encuentra rezagada. Cifras de 2016 muestran que la penetración regional de esta tecnología se ubica en 19%, muy inferior al 80% que se encuentra en países como Estados Unidos o Canadá. (Lea De cada 100 colombianos, 69 cuentan con equipos para conectarse a internet).
En relación con banda ancha, precisamente esta semana, durante el congreso del sector que por primera vez se realiza en La Heroica, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) informó que a partir de 2019 la definición de banda ancha en el país pasará a ser 25 megabits por segundo (Mbps). La actual se encuentra en 1 mbps, muy inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cercano a 25 mbps, pero que apunta a velocidades de hasta 100 mbps en los próximos cuatro años. (Lea: Definición de banda ancha en Colombia será 25 mbps en 2019).
Para Ovum, es clave aumentar la inversión extranjera. Al respecto, el estudio de la consultora resaltó el caso de Chile, “donde a través de políticas sólidas que incentivan y dan garantías a la inversión extranjera directa se han creado oportunidades significativas para que compañías externas participen en el crecimiento económico del país, hasta tal punto que Chile ocupa el primer lugar en América Latina en el ranking económico Doing Business 2016 emitido por el Banco Mundial”, afirma la firma. (Lea: Internet fijo creció en estrato 1 casi tanto como en 5 y 6).
Asimismo, resalta la experiencia mexicana, en donde se llevó a cabo una reforma a las telecomunicaciones en la que se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera directa para comunicaciones y se limitaron al 49% para el sector de difusión. Además, se creó un cuerpo regulatorio único e independiente para este sector con poderes sobre la competencia. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, resalta Ovum, la inversión extranjera directa en este campo en el país pasó de 1%, antes de la reforma, a 10% del total de inversión extranjera directa en 2015.
El estudio también hace énfasis en la necesidad de una regulación convergente, para que los poderes y recursos para regular el sector, los medios audiovisuales y la asignación de activos públicos, como el espectro, estén en manos de una única entidad. En Colombia, diferentes actores del sector TIC, como Andesco, Asotic y la CCIT, y entes públicos como Planeación Nacional, han visto la creación de un ente regulador convergente como una necesidad. Se trataría de una sola institución reguladora que tendría funciones que hoy están divididas entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). El Mintic, en efecto, está estudiando esa posibilidad, que vendría contenida en una propuesta legislativa para el sector que sería presentada en el segundo semestre de este año. (Lea: Gobierno e industria buscan responder a la 'revolución Netflix').
Ovum resaltó “la necesidad que tienen los países latinoamericanos de generar grandes inversiones en redes para conectar a sus poblaciones con internet, incluyendo los desafíos como la oferta, la ampliación de la infraestructura hacia zonas rurales y la actualización de redes para que se adapten a la creciente demanda”. Nacionalmente, el Gobierno puso en marcha la red de fibra óptica con la que se conectó el 96% de las cabeceras municipales. El 4% restante, que, no obstante, es más de la mitad de la geografía del país, se terminará de conectar con la red de alta velocidad, a finales de este año, según lo anunciado.
Finalmente, el estudio de la consultora resaltó la importancia de “mantener en el tiempo de las políticas de promoción de la competencia y la prevención de prácticas anticompetitivas; la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes para proteger las inversiones; los efectos que tiene la reducción de la carga impositiva y remoción de las barreras artificiales para estimular el desarrollo del mercado, y la conveniencia de la implementación de políticas regulatorias flexibles y armonizadas para la promoción de nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio”.
En una línea similar, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio con un diagnóstico y recomendaciones de política para los gobiernos de la región de cara al desarrollo de la economía colaborativa contemporánea, propia de la economía digital. Según el documento, las autoridades precisamente están llamadas a adoptar una visión flexible en la regulación para no frenar la innovación, en medio de discusiones de negocios disruptivos como Airbnb o Uber. (Lea: Una radiografía de la economía colaborativa).
“La tecnología y la conectividad son fundamentales para el desarrollo en América Latina. Los gobiernos y reguladores tienen un papel primordial para fomentar el avance de una revolución digital a través del despliegue de infraestructura, adopción tecnológica, reducción de la brecha digital, entre otras. El crecimiento económico de la región, en el marco de la economía digital, depende de la inversión en conectividad”, señaló Sonia Agnese, analista sénior para América Latina de Ovum.
En resumen, las siete recomendaciones que la consultora entregó en el marco del V Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones fueron:
- Diseñar un marco legal apropiado para la inversión.
- Construir instituciones regulatorias estables, confiables y efectivas.
- Eliminar las barreras de entrada para impulsar el uso y despliegue de infraestructura.
- Incentivar mercados saludables mediante la promoción de la competencia.
- Garantizar el cumplimiento efectivo del marco legal y la regulación para proteger las inversiones.
- Reducir los costos artificiales para estimular el desempeño de los mercados locales.
- Establecer marcos reguladores modernos, flexibles y armonizados que fomenten la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.