:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ObQoNsuVvJ9OarMMaf-Umrotd94=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AVTA3HLX2NFDPEPGVPJNBFXSGY.jpg)
Hace unos días, John Gapper escribía para el Financial Times que es poca revelación que los ejecutivos de Hollywood sean unos ególatras que en secreto hablan mal de sus rivales, esos a los que les dan palmaditas en la espalda durante las ceremonias de la Academia. Según él, que eso se sepa ni quita ni pone. Es doloroso, por el contrario, que se haga público con precisión cuánto ganan y que se difunda información sobre conflictos internos o detalles contractuales.
Exactamente eso le pasó a Sony Pictures luego del ciberataque del que fue blanco en octubre. Datos personales de unos 47.000 empleados fueron filtrados, al igual que palabras incisivas que se decían en correos electrónicos en contra de celebridades como Angelina Jolie y supuestos chistes racistas que hacía un productor con la presidenta de la compañía sobre el presidente Barack Obama –por los que los que no tardaron en disculparse-. Para completar, cinco filmes de estreno de la productora y distribuidora fueron colgados en internet.
Se cree que el hackeo fue perpetrado por personas de nacionalidad norcoreana, por el descontento tras la realización de la película The Interview, en la que se narra un plan ficticio de la CIA para matar a Kim Jong-Un. Mientras el FBI adelanta una investigación al respecto, Sony les ha pedido a los medios de comunicación, directamente a The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, entre otros, que se abstengan de difundir la información que se obtuvo con el ataque, puesto que es robada.
Dice una carta del abogado de la compañía, David Boies, de acuerdo con AFP, que Sony "no da su consentimiento para que posean, lean, copien (...) publiquen, descarguen, o cualquier cosa que hagan" con la información filtrada. Pero no sólo eso. El documento, del cual el Hollywood Reporter subió la que sería una copia (vea: http://bit.ly/1sw9wfQ), les pide destruir contenidos de ese tipo que lleguen a sus manos, pues de lo contrario no tendrán otra opción que hacerlos responsables por cualquier daño o pérdida que a la compañía le pueda generar la difusión informativa.
Al respecto, Emmanuel Vargas, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explica que en Colombia "cuando existe algún tipo de reserva o clasificación sobre información que es de interés público, eso cobija a los que están obligados a protegerla, como en el caso de las entidades públicas (al funcionario público). Pero se ha reconocido constitucionalmente que no es una obligación que tengan los periodistas".
Es decir, los comunicadores están en libertad de difundir la información. "Si (los contenidos) se obtienen de una forma no fraudulenta, los medios no tienen por qué responder. Si les llega en un sobre debajo de la puerta, no tienen por qué responder. Quien tiene que hacerlo es la persona que hizo la filtración, de llegar a ser identificada", dice Vargas. Publicar o no "depende del ejercicio autocrítico, de autorreflexión y ético que tenga el periodista, de acuerdo con la información y el peligro que signifique".
En lo que dice Vargas son clave las palabras "interés público", pues justamente en eso se basa el argumento de Aaron Sorkin, guionista y productor, para apoyar lo que pide Sony en su columna dominical en el New York Times (vea: http://nyti.ms/1zmMZkZ). Sorkin, creador de The Newsroom, una serie que explora las situaciones y dilemas que ocurren a diario en una sala de redacción, asegura que en la información filtrada, como los números de seguridad social de los trabajadores, no hay nada que sea de interés público. “¿Hay en los correos electrónicos alguna información sobre Sony rompiendo la ley? No”, escribió Sorkin.
A pesar de lo que dice el guionista, ¿quedaría a discreción de los periodistas si los supuestos chistes racistas (vea: http://bit.ly/1wz2OVZ) entre el productor Scott Rudin y Amy Pascal, presidenta de Sony Pictures Entertainment, son ofensivos para la audiencia y, por ende, es necesario darles difusión? Para Carlos Cortés, asesor en regulación de medios, la percepción que tienen los ejecutivos de una compañía como Sony es de interés público. "Es indudable que en el mundo de hoy las empresas privadas, y del tamaño de Sony, tienen una influencia muy grande en el debate público", dice. "Denota un enfoque, una visión de unos funcionarios de una empresa". Advierte Cortés, sin embargo, que hay que ser cuidadosos, pues es fácil sacar las cosas de contexto.
Al tener en cuenta la influencia de una firma como Sony, la información de cómo se manejan los asuntos internos son para Cortés igualmente de interés y no entra en terreno de la propiedad intelectual. "No se está revelando la fórmula de la Coca Cola". Por el contrario, a la gente le interesa saber lo que discuten ejecutivos de una empresa –incluso posturas políticas-, cuyo producto llega a casi todos los países.
Respecto al robo de borradores de guiones, como el de la próxima película de James Bond, o de cintas de estreno, dice el miembro de la FLIP que hay que ceñirse a la legislación sobre derechos de autor en cada país. Otro sería el escenario si el material difundido se enmarcara en la figura de "uso justo" que existe en Estados Unidos, según la cual un contenido puede ser utilizado de forma limitada sin permiso de su dueño, siempre y cuando sea con fines académicos o informativos. Por demás, el uso justo aplica sobre material ya publicado. "Me parece difícil alegar el 'fair use' en este caso", agrega Cortés.
De acuerdo con AFP, Eon Productions, empresa británica que produce las películas de James Bond, recordó que el guion está protegido por los derechos de autor y advirtió que se tomarán "todas las medidas necesarias" en caso de una utilización indebida del documento.