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Un fuerte debate ha generado la exigencia de Colombia a Cuba de detener y extraditar a los jefes de la delegación del Eln, quienes se encontraban en la isla desde el pasado mes de mayo en el marco de un proceso de negociación. La admisión por parte de la guerrilla de haber ejecutado el atentado contra la Escuela de Cadetes fue el detonante para que el gobierno de Iván Duque tomara esa decisión, en la que no es clara la postura que debe tomar la isla y en la que hay variadas interpretaciones.
“El Gobierno insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del Eln que se encuentran en Cuba. Hay una razón profunda para ello, y es que el Eln como organización reconoce su autoría (del ataque terrorista) y como organización debe ser responsable”, aseveró el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien añadió que con Cuba hay un tratado de extradición vigente desde 1932.
Cuba, en jaque
El gobierno cubano, que asumió la posición de país garante en mayo de 2018, manifestó a través de su canciller Bruno Rodríguez, que actuará “en estricto respeto” a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el Eln, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Ahora, el país se encuentra contra la espada y la pared. De acuerdo con analistas, hacerle caso al Gobierno colombiano lastimaría su reputación como país mediador de conflictos y, en caso de no hacerlo, podría ser visto como un país tolerante con el terrorismo.
Fuentes expertas en relaciones internacionales afirmaron que Colombia está en la obligación de respetar los protocolos, “pues se trata de un acuerdo entre Estados y el derecho internacional obliga a honrar todos los acuerdos suscritos”.
“Este no es un debate jurídico, es político y, en ese sentido, el principal argumento es el precedente que se dejaría para la comunidad internacional. Sería poner en entredicho el papel y la importancia de la figura de mediadores y garantes. Esa decisión les haría mucho daño a procesos de negociación en curso, como entre Afganistán y los talibanes.”, afirma la fuente.
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Una interpretación que es compartida por la analista política Sandra Borda, quien afirma que “los compromisos internacionales siempre se adquieren en condición de Estado y no de gobierno. El respeto a esos protocolos es fundamental para mantener la confianza de la comunidad internacional en el Estado colombiano”.
Mientras que Eduardo Gamarra, estratega político y profesor de la Universidad de Florida, considera: “Es una situación complicada en la que tanto el Gobierno de Colombia como el de Cuba tienen la razón, aunque sean contradictorios”.
Según el experto, esta es una situación sui géneris, pues “existe la posibilidad de que la orden de detonar esa bomba y cometer un acto terrorista haya sido conocida previamente por los 10 delegados de la guerrilla que están en La Habana.
“Creo que lo que piensa Cuba es que si lo hace (extraditar a los jefes del Eln) va a perder toda credibilidad y la capacidad de hacer futuras negociaciones”. No obstante, el analista considera que, de ser culpables, “Cuba tiene la obligación de entregar a cualquiera que esté involucrado en cualquier acto terrorista”.