Demandar al Estado, el plan B después de Santurbán

El 8 de febrero de este año la Corte Constitucional le puso un tatequieto a la minería al prohibir cualquier actividad de extracción en los páramos. La noticia no le cayó nada bien a la multinacional canadiense Eco Oro, que en 22 años ha invertido más de 220 millones de dólares en el proyecto de Angostura, en el páramo de Santurbán, y se comprometió con cientos de accionistas a sacar adelante ese proyecto.

Con la decisión de la Corte, sumada al rechazo social y político, las posibilidades de Eco Oro de cumplir su sueño dorado se han restringido dramáticamente. Inclusive, su situación económica está en la cuerda floja, tanto así que en Santander reducirían el personal de 60 a 25 empleados. En este momento su mejor opción, para no salir con las manos vacías de Santurbán, podría ser una multimillonaria demanda contra el Estado colombiano. La empresa se ha negado a dar declaraciones oficiales al respecto más allá de un comunicado en el que declaró que está en una etapa de negociación, próxima a vencerse, con el Gobierno.

Si no llegan a una conciliación, el plan B sería una denuncia ante un tribunal de arbitramento internacional para que el Estado los compense por los daños económicos ocasionados. La indemnización que reclamaría la empresa sería de 300 millones de dólares, afirmó una fuente del Gobierno Nacional.

La empresa adquirió el primer título minero de Santurbán el 16 de diciembre de 1994. Ese sería uno de sus principales argumentos jurídicos, pues la delimitación geográfica del páramo, y por lo tanto los límites de explotación mineral, la realizó el Gobierno hace dos años. Otro de los argumentos en ese posible pleito sería el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio que ofrece beneficios y seguridad jurídica a las empresas canadienses que operen en territorio colombiano.

Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que siempre fue claro que Eco Oro no debió haber invertido en el proyecto minero, ya que la minería está prohibida en páramos. Añade que “la inversión tenía ese riesgo y debe ser asumido por la empresa, no por el Gobierno, que solo cumple órdenes de la Corte Constitucional”.

Como explicó Lozano, la legislación que protege a los páramos existe desde 1993. El problema es que “ellos no tienen derechos adquiridos, porque no poseen licencia ambiental, solo tienen un título minero que no les da derechos sobre el territorio”. Lo que hace el título minero, entonces, es impedir que otras empresas hagan exploración en el mismo lugar, pero Eco Oro aún no cuenta con licencia ambiental.

Aun con el plan B de la empresa, el litigio internacional tendrá que superar algunas barreras y tropiezos si deciden ponerlo en marcha. Uno de ellos está relacionado con el Banco Mundial, que es inversionista del proyecto Angostura. El Banco, a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), tiene derecho al voto dentro de la junta de la empresa. Según confirmó un portavoz de la CFI a El Espectador, en una reunión que se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre se abstuvieron “de participar y votar en la última junta de accionistas de Eco Oro”. En esa reunión, los accionistas de Eco Oro no aprobaron demandar al Estado colombiano.

El lado positivo de los conflictos ambientales desatados por la minería es que los colombianos y el mismo Estado han ido descubriendo el incalculable valor ecológico de estos ecosistemas. Un valor que supera el de cualquier mineral. En el caso de Santurbán, ubicado entre Norte de Santander y Santander, beneficia a cerca de 1’700.000 habitantes y es hogar de 293 especies de fauna, 457 variedades de plantas y 26 lagunas. Además provee, junto con los otros páramos del país, el 70 % del agua que consumen los colombianos.