El SINA, a pesar de sus desaciertos y debilidades, se ha constituido en uno de los referentes del modelo a seguir en Latinoamérica. Todo el mundo está de acuerdo en que necesita ajustes, pero el remedio propuesto por el Gobierno, a través de un proyecto de ley que por ahora sigue en manos del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, corre el riesgo de resultar peor que la enfermedad si no se analiza y discute a fondo.
Por ejemplo, el proyecto de ley fortalece el centralismo en la gestión ambiental otorgando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible unas atribuciones que en la actualidad no tiene, sino que corresponden a otras entidades. Por ese camino le daría un gran mordisco a la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales. Otro riesgo es un exceso de burocracia, pues crea nuevas entidades.
Otra novedad es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pasaría a ser una agencia como la Agencia Nacional de Infraestructura con sus virtudes pero también el riesgo de centralismo.
Por último, en el afán de sacar este proyecto de ley adelante, parece que se está ignorando que debe ser consultado con las comunidades étnicas como lo ordena la ley, pues las afectaría directamente.
Por Redacción Medio ambiente
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