¿Qué le espera al nuevo supersalud?

La Superintendencia de Salud está desde ayer en manos de Gustavo Enrique Morales, un abogado de la Universidad de los Andes (especializado en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de España), quien tendrá que orquestar el llamado revolcón de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), el cual se resume, en palabras del propio presidente Juan Manuel Santos, en eliminar del sector a aquellas que “no sean sólidas”, para darles juego a las que tienen un músculo financiero fuerte y estable.

En la hoja de vida de Morales está la vicepresidencia de Fasecolda, la Personería de Bogotá (donde fungió como personero para segunda instancia) y la Corte Constitucional (como magistrado auxiliar). Su última escala, antes de asumir como superintendente de Salud, fue la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Infraestructura.

¿Qué realidad le espera a Morales? Para resumir, este es el panorama: existen once EPS en “proceso administrativo sancionatorio tendiente a revocatoria” (lo que quiere decir que podrían desaparecer por, aparentemente, reincidir en el incumplimiento de los requisitos financieros). Hay nueve EPS bajo medida de vigilancia especial (una especie de advertencia que les da un plazo de seis meses para presentar un plan financiero sólido) y otras seis que fueron intervenidas para administrar (lo que se traduce en que la Superintendencia tomó el mando de ellas). Finalmente, hay tres EPS en liquidación: Selvasalud, Salud Cóndor y Comfenalco Tolima (ver infografía).

Muchas de estas decisiones fueron anunciadas en los últimos dos meses, tiempo en el que estuvo en el cargo de superintendente Mery Bolívar. Antes de dejar su despacho, Bolívar habló con El Espectador sobre la realidad que le hereda a su sucesor.

En los últimos meses se han tomado medidas muy contundentes en comparación con lo que se venía haciendo...
Cada momento histórico y cada componente es diferente. Esto ha sido un proceso de política pública incremental. No es que se haya dejado de hacer cosas antes, sino que estamos haciendo más.

¿Y en qué consiste ese “más”?
Nosotros no tenemos un estatuto propio frente a este tema de vigilancia y control, como sí lo tiene el sistema bancario. A partir de este año tomamos unas herramientas del estatuto financiero para aplicarlas a las EPS. Fue así como empezamos a implementar la medida de vigilancia especial, una especie de matrícula condicional de seis meses para que aquellas que tienen un déficit presenten un plan de acción; si no cumplen, se van.

También hay problemas de recursos...
A diferencia de lo que pasa con el sector bancario, nosotros no tenemos un fondo de salvamento para las EPS que tienen problemas financieros. Sólo ahora, con la Ley 1438, se le dieron facultades al Gobierno para crear un fondo de garantías, que es la quinta subcuenta del Fosyga. Esto no está funcionando todavía, apenas está enunciado. Hasta hoy, cuando la Superintendencia interviene a las EPS con miras de salvarlas, ¿cómo lo hace si no tiene plata? Sólo puede administrar. El interventor sólo puede mejorar la gestión administrativa y clínica, contener los costos y negociar mejor una tarifa, porque no hay dinero.

¿La desaparición de estas EPS que no tienen liquidez es una oportunidad para las otras que sí están sólidas?
El Decreto 1955 (del 19 de septiembre de 2012) permite que las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) llamen a otras EPS de los regímenes contributivo o subsidiado para suplir los vacíos que dejan aquellas que sean liquidadas. Gracias a este decreto las EPS del régimen contributivo puedan solicitar la operación en sitios en los que hay déficit de oferta.