La revancha de los pescadores

Pescadores de Pizarro (Chocó) terminan su faena después de las tres de la tarde. / Fotos: Angélica María Cuevas

Nadie niega que los peces en el Pacífico colombiano se están agotando. Ni las grandes compañías pesqueras, ni el Estado, ni los dueños de la pesca a menor escala, ni mucho menos las organizaciones de conservación.

La contaminación, la sobreexplotación y las malas prácticas extractivas han puesto en riesgo los ecosistemas que proveen el 80% de los peces que se consumen y se exportan en Colombia. La situación ha provocado que en los últimos 20 años se haya disminuido casi a la mitad el número de toneladas de pargo, cherna, atún, corvina o camarón que salen de esta región.

Mientras en 1997 se sacaron del Pacífico 120.000 toneladas de pescado comercializable, en 2006 la extracción cerró en 86.278 y en 2010 la cifra ya había llegado mucho más abajo, con 55.332 toneladas.

Organizaciones como Marviva, que han apoyado procesos de conservación y monitoreo de pesca en ese lugar, concluyen que, con el uso de técnicas como el arrastre, las grandes pesquerías sobrepasaron los niveles sostenibles de aprovechamiento de los recursos.

“La pesca de arrastre (en la que una red lastrada barre el fondo del mar atrapando todo lo que encuentra a su paso) sigue afectando la biodiversidad marina. Capturando peces muy pequeños que no se han reproducido por primera vez y otras especies (pesca incidental) como caballitos de mar, estrellas, tortugas o fauna amenazada que son devueltos muertos al mar”, explica Juan Manuel Díaz, director científico de Marviva. Países como Venezuela y Ecuador han prohibido el arrastre al reconocer sus altos impactos negativos en los ecosistemas marinos.

La reducción de las poblaciones en caladeros (sitos apropiados para lanzar las redes, por su concentración de especies) llevó a que los pescadores industriales se acercaran cada vez más a las playas en busca de recursos, desatando conflictos sociales con los pescadores artesanales, quienes alegan que los grandes barcos destruyen sus artes de pesca y atentan contra su economía y su seguridad alimentaria.

En 2008, y después de una ardua tarea de organización y participación comunitaria en la que se pensó de qué manera podrían recuperarse los recursos pesqueros, el Grupo Interinstitucional de Pesca Artesanal (Gicpa) —conformado por pescadores, miembros del Estado y organizaciones civiles— logró que el Gobierno Nacional declarara, de manera provisional, la primera zona exclusiva para pesca artesanal del Pacífico colombiano (Zepa). Un área de 1.112,75 km” de mar, con un ancho de 2,5 millas (entre punta Ardita, frontera con Panamá, y punta Solano, en el Chocó), donde se prohibiría la entrada de pescadores industriales y el arrastre con trasmallo de los artesanales.

La creación de la Zepa exigió que los pescadores de Juradó, El Aguacate, Cupica y Bahía Solano reemplazaran sus redes por anzuelos selectivos, de manera que los pequeños peces pudieran alcanzar tallas ideales de pesca y pudieran ser aprovechados. Los pescadores industriales, agremiados en Acodiarpe, rechazaron desde un principio la medida argumentando que la prohibición del acceso a caladeros claves dentro de la Zepa lesionaría de muerte a su industria ya agonizante.

“El Gobierno ha abandonado a la pesca industrial, no tenemos cómo hacer una transición tecnológica que permita capturas más sostenibles. En pocos años más del 70% de la flota pesquera industrial quedó inutilizada. Mientras en 2008 teníamos 138 barcos funcionando, ahora las faenas las realizan menos de 40. Pasamos de tener más de 16.000 empleos directos a unos 5.000; decisiones como estas generaron despidos, vulneran el derecho al trabajo, porque debería ser aprovechado por todos. El desempleo en Buenaventura supera el 63% y la criminalidad va en aumento”, dice Judith Segura, representante de los pescadores industriales.

Pero otra cosa piensa Julián Botero, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), quien dice que después de cuatro años de Zepa provisional, el modelo “ha demostrado ser un sistema de gobernanza y ecomanejo ideal, encaminado a las tendencias internacionales de conservación del recurso pesquero. La Zepa no deja por fuera a ninguno de los gremios. A los pescadores industriales les permite aprovechar los recursos que están por fuera de esta área y a los artesanales les garantiza la reproducción de los peces de los que se beneficiarán todos”.

Su posición la valida Carlos Robles, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, quien considera que la pesca para los industriales no ha terminado: “El Invemar acaba de presentar un estudio en el que reafirma que aún hay recursos para ellos. Tenemos que pensar en cómo hacer la transición hacia una pesca más sostenible. El área exclusiva de pesca artesanal ha demostrado ser producto del proceso organizativo admirable de los pescadores. En poco tiempo se ha visto cómo se han mejorado sus ingresos y sus niveles de captura, lo que comienza a dinamizar la economía local y ha mejorado la calidad de vida de estas personas”.

Fueron estos argumentos los que llevaron al Gobierno Nacional a decidir el pasado 17 de mayo que la Zepa se mantendrá de manera permanente y se ampliará hacia el norte hasta Panamá y hacia el sur hasta límite norte del Parque Nacional Natural Ensenada de Utría.

“La defensa de esta área no fue un capricho. Las buenas prácticas protegerán a los peces que abastecerán, en un futuro, al país. Los pescadores actuamos como respuesta a 20 años de sobreexplotación”, dice orgulloso Luis Alberto Perea, presidente del Gicpa.

Aunque los pescadores artesanales habían propuesto una ampliación más extensa, celebraron la decisión y el aval que recibieron del Gobierno, mientras los industriales reafirmaron su rechazo.

Pero ¿qué representa que la Zepa sea permanente? “Este es sólo el primer paso dentro de la constitución de un complejo sistema de ordenamiento de la actividad pesquera del Pacífico. Ya tenemos estudios en los que hemos identificado dónde se encuentran los caladeros, qué tipo de artes se utilizan para la pesca o cuáles son las especies que más se extraen. Pero los pescadores tienen que ir más allá, deben pensar en la consolidación de áreas de reproducción de especies, en el turismo de avistamiento de ballenas, en las redes de frío que deben consolidarse para que no se pierda el pescado. Además, los pescadores deberán sumarles a los espacios de discusión algunas problemáticas que antes no tenían en cuenta, como las proyecciones que se tienen de extracción minera en el Pacífico, sobre las que ellos deberán actuar”, dice Carlos Vieira, gerente del Programa de Comunidades de Marviva.

Vieira se refiere, en parte, a los 2,9 millones de hectáreas delimitadas el año pasado como áreas estratégicas mineras por el Ministerio de Minas, de las cuales 817.025 pertenecen al territorio chocoano y 481.113 colindan con el Pacífico.

“Nos están diciendo que hay gente rara que está llegando a Juradó. Sabemos que tenemos que ser fuertes frente al tema minero, porque si llegan las minas, llegan también las aguas contaminadas y la sedimentación y la pesca se acabaría. No lo podemos permitir”, agrega Ana Zita Pérez, lideresa de los pescadores de Bahía Solano, quien además se pregunta por qué si la pesca es la actividad económica que por años ha sostenido al Pacífico, ahora se está pensando en amenazarla con la minería. Los pescadores temen que los altos niveles de contaminación derivados de esta y otras industrias pasen de los ríos a los mares y terminen desapareciendo importantes colonias de peces, como ocurrió con el Mar Caribe que ahora sólo le entrega a Colombia el 6% de la producción total de pesca .

Producción pesquera nacional año 2010, Porcentaje de participación de capturas, Evolución de las capturas pesqueras, Pesca de arrastre cerca de la Zona Estratégica de Pesca Artesanal (Zepa)