Una reforma de dos cabezas

Los estudiantes llamarán nuevamente a asamblea permanente si no ven voluntad del Gobierno para dialogar.

Esta semana nuevamente el Gobierno salió a ratificar que la reforma al sistema universitario del país estará en manos del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), integrado por organizaciones de rectores, funcionarios, estudiantes, maestros y representantes del sector productivo. Lo reiteró, al parecer, con el ánimo de dejar claro que es este organismo el que liderará el revolcón al sistema que se dará a conocer en diciembre, y no el Ministerio de Educación que falló en su intento en 2011.

Por estos días, también, la Mesa Amplia Estudiantil (MANE) está alistando los últimos detalles de la propuesta de reforma que será anunciada en agosto, luego de someterla a una consulta con asesores en distintas áreas. Hasta ahora, los dos bandos han trabajado por separado en esta tarea. ¿Cuál de los dos tendrá mayor legitimidad frente al país a la hora de llevar una propuesta concreta al Congreso?

Ya la MANE ha dicho que el Gobierno está reeditando los errores de 2011. Uno de sus voceros, Sergio Fernández, le aseguró a El Espectador que no han aceptado la propuesta de hacer parte del CESU, porque “no nos interesa que nos consulten, lo que queremos es un proceso de concertación cara a cara, de construcción conjunta, no de discutir por discutir”. Y el Gobierno ha repetido que las opiniones de la MANE se sumarán a las de los otros sectores que serán recopiladas por el CESU.

El Espectador consultó, además, a otro de los actores claves del sistema: los rectores. Ellos han sido decisivos en este largo proceso de reestructurar el sector educativo. Su oposición a la propuesta de reforma del Gobierno en 2011, argumentando que tampoco habían sido tenidos en cuenta, llevó en parte al fracaso de esta iniciativa oficial. Ahora, ¿en qué bando están?

El rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, señala que “a diferencia del proyecto anterior, que fue presentado exclusivamente por el Gobierno para ser considerado por el país”, el que se está construyendo ahora alrededor del CESU ha sido un proceso participativo. Además expresó su apoyo total al CESU que, según él, “está dispuesto a estudiar, a sentarse a dialogar con quien sea necesario para llegar a un amplio consenso. Lo que necesita el país y tenemos muy claro los rectores es que necesitamos una verdadera política de educación superior para los próximos 20 años que sea incluyente”.

Sobre la posición de la MANE, de negarse a participar en las consultas del Consejo Nacional de Educación Superior, afirma que lamenta esa visión, porque “ellos mismos, en la gran movilización que tuvieron ante la propuesta de reforma pasada, dijeron que querían una ley plural, en la que participara todo el país”.

Álvaro Ramírez García, rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), afirma que el Gobierno “está llamado a liderar. Tiene un papel de liderazgo altísimo, porque concentra las necesidades, recursos y políticas”. Además, señala que es “un poco inconsecuente que un sector pretenda hoy sacar un articulado sin consultar a los demás” y que esta pretensión “de desconocer a los otros sectores y considerarse el único con capacidad” podría llevar a una “crisis de liderazgo”.

“Personalmente veo muy positivo que la MANE, el CESU, sectores productivos, profesores, rectores, propongan y debatan, y que cada uno intente tomar liderazgo haciendo propuestas, pero todo debe confluir en los órganos de dirección del Estado: en el Congreso y el Gobierno”, dice. Con ellos dos coincide Ricardo Gómez Giraldo, rector de la Universidad de Caldas, quien opina que la participación de los diferentes sectores del sistema educativo en el CESU es muy amplia, por “lo que es importante que lidere la discusión”.

Otro aspecto que seguramente será tema de debate es el mecanismo que se utilizará para darle este revolcón al sistema educativo. Mientras la MANE se la está jugando por un proyecto de ley para que sea el Congreso el que defina las nuevas reglas de juego que regirán al sistema, el CESU ha insistido en que su propuesta sobre una nueva política pública de educación superior no necesariamente contempla una reforma legislativa. “Tenemos que mirar cuál es la mejor herramienta, si un proyecto de ley o si los cambios pueden realizarse a través de decretos o directivas ministeriales. El CESU no está comprometido todavía con una propuesta de ley”, aseguró el rector de la Universidad de Antioquia.

El rector de la Universidad de Caldas también opina que “lo importante es hacer el diagnóstico de lo que hay que cambiar, porque hay cosas que se pueden reformar sin cambiar la Ley 30 (de 1992, que rige en este momento el sistema). También puede ser a través de decretos o cada universidad individualmente”.

En agosto, la MANE destapará sus cartas y ha dicho que si encuentra resistencia del Gobierno para sentarse a dialogar, llamará nuevamente a un paro nacional. El cronograma del CESU da plazo hasta diciembre para plantear su propuesta. Cuando el país conozca los planteamientos de cada uno, ¿a cuál respaldará? ¿No será posible una construcción conjunta? Por ahora, la opinión de los rectores dejan entrever que esta vez el Gobierno sí está siendo legitimado y que la decisión de crear un actor como el CESU para que entre a concertar, cuenta con gran aceptación.