Académicos rechazan propuesta que despenalizaría la inasistencia alimentaria

La iniciativa del Fiscal y del Gobierno, que argumenta que esta responsabilidad no debería tener sanción penal porque en la cárcel el deudor no puede asumir los pagos, pretende descongestionar el sistema penitenciario del país. El debate está abierto.

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Hace una semana una polémica propuesta fue presentada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el Ministerio del Interior en cabeza de Juan Fernando Cristo. Se trata de una iniciativa que busca descongestionar el sistema penitenciario en el país despenalizando la inasistencia alimentaria por considerar que esta responsabilidad no debería tener sanción penal porque en la cárcel el deudor no puede asumir los pagos asignados.

Luego del anuncio, varios políticos, padres cabeza de familia y académicos, han expresado rechazo al asegurar que se afectaría la calidad de vida de los niños y los dejaría desprotegidos.

“Es absurdo el tratamiento que hoy establece la ley en donde se exige que, en estos casos, el moroso tiene que irse para la cárcel y nunca va a poder cumplir con las obligaciones alimentarias de su núcleo familiar”, explicó el fiscal Martínez. (Lea: Juez prohíbe salida del país a “el Pibe” por inasistencia alimentaria)

Según la coordinadora de la Clínica de Familia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Carmen Lilia Uribe, con esta nueva medida los abuelos terminarían pagando la manutención de sus nietos, dejando a los padres sin ninguna coerción para responder por sus obligaciones.

“No estoy de acuerdo con la iniciativa y me parece muy grave que no entendamos que el delito de inasistencia alimentaria se comete frecuentemente y lo que se busca con este es sancionar una conducta dolosa. Es decir, de aquella persona sea hombre o mujer que no quiere dar alimentos a sus hijos pudiéndolo hacer. Este no es el camino y por eso invito replantearla”, expresó Uribe.

Otra de las preocupaciones es que con la aprobación del proyecto se configure, además del delito de inasistencia alimentaria, el de violencia intrafamiliar porque afectaría el patrimonio de la persona que asuma la totalidad de los gastos de sus hijos.

La ley solo sanciona al que comete el delito

La coordinadora del Rosario explicó también que la propuesta deja en el limbo a aquellas personas que no pueden mantenerse por sí solas y que, por lo tanto, no pueden mantener a sus hijos, porque la ley solo sanciona a quienes tengan trabajo o bienes. Palabras más, palabras menos, a quienes tengan cómo aportar y no quieran hacerlo.

 “No dar alimentos a sus propios hijos es una conducta dolosa y reprochable para cualquier sociedad y es la última instancia a la cual se recurre si después de conciliar o fijar la cuota de alimentos por medio de sentencia, no se puede ejecutar por que la persona ha traspasado sus bienes o renuncia a su trabajo con tal de no cumplir con su obligación”, agregó Carmen Lilia Uribe.

¿Y el plan b?

Conforme lo explicó la senadora del Partido de La U Maritza Martínez a la revista Semana, a pesar de que con este cambio los padres que no respondan con las cuotas alimentarias de sus hijos no pagarían una condena en prisión, un plan b radicado como proyecto de ley los reportará en una nueva central de riesgo.

“Es la creación de una central de riesgo similar a datacrédito en donde serán reportados los padres irresponsables y no podrán acceder a créditos, cargos públicos, firmar escrituras ni comprar vehículos hasta que se pongan al día con su deuda. Es absolutamente absurdo que un padre que esté incumpliendo con sus deberes compre un carro o que viva en condiciones de lujo y esté haciendo pasar a sus hijos necesidades. Esto puede ser más eficiente que el hecho de llevarlos a la cárcel”, indicó la senadora.

La nueva propuesta tuvo el aval de todas las bancadas de la Unidad Nacional y en dos semanas empezará su trámite en el Congreso de la República. Esto se da en el marco de la reforma del Consejo de Política Criminal, encargado de asesorar al Gobierno en la formulación de estrategias para la crisis carcelaria, la seguridad ciudadana y la congestión judicial.