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Con una diferencia de $189 mil millones que ha impedido ponerle punto final al paro judicial más largo de la historia en Colombia, anoche representantes de Asonal Judicial y voceros del Gobierno iniciaron una nueva ronda de conversaciones en la sede del Ministerio del Interior.
Mientras la Rama Judicial definitivamente no rebajará sus pretensiones de nivelación salarial a menos de $300 mil millones, previo al trascendental encuentro el Gobierno reafirmó que no subirá a más de $111 mil millones su ofrecimiento y que, tal como lo anunciara el presidente Álvaro Uribe en el consejo comunal del sábado, a ese monto se le adicionaría una “especie de bonificación de productividad”, que resulte de unos mayores incrementos de los depósitos judiciales. Con esta última propuesta, el presidente Álvaro Uribe plantea —en esencia— que los rendimientos de los depósitos judiciales que pasan al presupuesto nacional se conviertan en una especie de bonificación de productividad.
“Si los ingresos por ese concepto (depósitos judiciales) en los últimos años han sido de $25 mil millones anuales, digamos, en adelante, los primeros 25 mil millones, mantenidos en pesos constantes, después de restar inflación, se van a seguir dedicando a inversión en la justicia. Pero aquello que se produzca en la fuente de los depósitos y que ingrese al presupuesto, por encima de esos 25 mil millones en pesos constantes, se puede llevar a una bonificación de jueces y empleados”, indicó el mandatario.
En ese contexto, hasta anoche era bastante remota la posibilidad de levantar el paro judicial. “Nosotros no estamos pidiendo prima, sino una nivelación salarial, y estas diferencias son sustanciales.
“Creemos que es necesario que de aquí a mayo, como lo dice el Presidente, sigamos mirando la forma de continuar nivelando. Nos hemos rebajado de $860 mil millones que decíamos representaba la nivelación, a $300 mil millones para iniciar ese proceso. Con esa cifra tampoco se obtiene la nivelación, pero sería un buen inicio”. Ese es el planteamiento de Luis Fernando Otálvaro, representante nacional de los empleados de la Rama Judicial, quien representa a los 42 mil empleados de la rama.
Para Otálvaro, no habría un acuerdo si el Gobierno se mantiene en la misma posición, pues la diferencia para alcanzar los $300 mil millones es enorme. De igual manera, está convencido de que el Gobierno tiene que escuchar al Congreso, a las comisiones Tercera y Cuarta que conforman Germán Reyes, Yolanda Pinto y Gilberto Rondón, a quienes pusieron al tanto de la situación y conocen sus peticiones.
“Los congresistas estuvieron muy atentos a generar recursos dentro de algunos rubros, pero el Ministro de Hacienda no los recibió el pasado viernes, con el argumento de que el Presidente —en el consejo comunal del sábado— iba a dar soluciones a la organización y lo que vimos en el consejo comunitario fue un Presidente con todos sus asesores reafirmando que no había plata. El paro va a continuar porque Asonal hasta el momento no ve voluntad política del Gobierno de gestionar los recursos que incrementarían el salario de los empleados en un 20%, y para los jueces y fiscales en un 10%”, indicó.
Según el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, el cese de actividades ha traído consigo que se haya dejado en libertad a 2.194 delincuentes por falta de judicialización. Se encuentren represadas más de 60 mil tutelas en el Consejo Superior de la Judicatura y cerca de otras mil en materia de salud no hayan sido aún tramitadas, de acuerdo con lo comunicado por la Corte Constitucional. En una cifra más global, el paro afecta hasta el momento a más de 520 mil personas, entre ellas 170 mil litigantes que están paralizados en sus gestiones e igual número de clientes.
Empleados endeudados
Los estragos del paro también han afectado a los propios empleados judiciales, quienes han debido acudir al sistema financiero, a la cooperativa Juriscoop y a la ayuda de familiares y amigos. Son conscientes de la parálisis que han generado en un gobierno que no se deja presionar y por eso asumen medidas para seguir en pie de lucha, como recurrir a préstamos y ajustándose el cinturón en la casa.
Nelson Rafael Iguarán Daza es un citador en tercer grado en un despacho Civil en Santa Marta, vive con su esposa y dos bebés, de uno y dos años de edad, su salario es de $850.000 con el descuento de la seguridad social. Para sortear las necesidades en su hogar ha recurrido a préstamos que ya superan los $500.000 fuera de intereses y la ayuda de sus suegros. “Con esta situación en la que estoy ahora mismo, pienso que después de haber resuelto ciertas obligaciones como son mis niños, tengo más fuerza y más ánimos para continuar en pie de lucha, porque lo que se está peleando no es la miserableza del sueldo, sino la nivelación, que es una solución a largo plazo”, indicó.
Iguarán Daza considera que el sacrificio del movimiento y de los empleados está en la conciencia de que el paro no iba a ser fácil y que algo iban a perder. “Yo presto plata para vivir este mes, no me han pagado todavía. Al recuperar ese salario pago, pero los intereses me toca sacarlos de mi bolsillo, esa es la cuota de sacrificio que debemos entender los empleados para poder lograr un objetivo común que es la nivelación”.