A la inseguridad vial hay que pararle bolas

Un poco más de 5.600 muertos, 44 mil heridos y pérdidas económicas de alrededor de US $ l.500 millones, son el resultado que año a año dejan los accidentes de tránsito el país.

Jorge H. Rozo Gómez
15 de julio de 2008 - 06:07 p. m.

En el caso de los muertos, es como si desapareciera la población de un municipio como El Bordo en el Cauca, o los habitantes de la Isla de Providencia, o los pasajeros de 30 articulados de Transmilenio en hora pico, o las personas reunidas en la manifestación del 4 de febrero contra el terrorismo en el parque El Tintal. Lo anterior nos da una idea de la dimensión de este problema de salud pública de primera magnitud.

Debemos ponerles cuidado a estos dramáticos índices de inseguridad vial

Durante el 2007 fallecieron en accidentes de tránsito 5.642 personas y 44.702 quedaron heridas, según los registros del Instituto de Medicina Legal, en reciente publicación. Esto significa un AUMENTO del 3% en las muertes y del 11% en los heridos con relación al 2006, cuando murieron 5.486 personas y 40.114 sufrieron lesiones no fatales respectivamente.

Pero lo anterior, no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino de todos los colombianos; aunque es obligación de los primeros, liderar, planear y desarrollar acciones de prevención. NO podemos esperar más; diez años nos quedamos en silencio y no protestamos contra los grupos terroristas.

Gestión de la seguridad vial con planeación

Es imperioso hacer gestión de la seguridad vial con planeación; es igualmente necesario articular las acciones institucionales; veíamos en el fin de año pasado varias entidades "bombardeando" masivamente a la población con distintos mensajes de prevención, pero no de una manera integral, y lo que muy probablemente suceda, es que los mensajes se vuelvan parte del paisaje y no lleguen al grupo objetivo. Se requiere que haya unidad de campaña, para que el individuo tome una decisión positiva y asuma conductas seguras; además habría un mejor aprovechamiento de los recursos.

La mejor manera de lograr este y otros propósitos preventivos, con efectividad reconocida internacionalmente, es la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Vial y de comisiones locales y regionales; pero con dientes y presupuesto y que no se limite a que sus miembros asientan con la cabeza las iniciativas, pero no se lleven a la práctica. Estas Comisiones se encargarían de aprobar, definir responsabilidades y supervisar los planes de seguridad vial; planes que deben hacer parte de los planes de desarrollo, de los POT y de los planes de movilidad dentro de un proceso lógico de planeación; para poder hacer seguimiento y asignar partidas. Inclusive el país debe contar con un documento CONPES en materia de seguridad vial.

Hay que desempolvar el "Plan Nacional de Seguridad Vial - Hacia una nueva cultura de seguridad vial 2004 -2008", actualizarlo, mejorarlo y convertirlo en un símil de la "Política de defensa y seguridad democrática". Las muertes por accidentes de tránsito son 2.6 veces las producidas por el conflicto armado y el tratamiento de este problema debe hacerse con la misma entereza y valor que el problema de la inseguridad ciudadana.

Llamado la responsabilidad social empresarial

La empresas pueden entrar a jugar un papel definitivo en la ejecución de acciones preventivas, para lograr en sus empleados -del directivo al trabajador más humilde-, la adopción de conductas seguras, cuando se hace parte del tránsito, ya sea como peatón, pasajero, motociclista, ciclistas o conductor; ejecutando programas de salud ocupacional con énfasis de seguridad vial. Hay que decirles a los empleados como atravesar una vía, donde tomar el bus, a aquellos que tienen el privilegio de tener carro; el peligro de conducir en estado de embriaguez, la importancia de respetar los semáforos, los límites de velocidad y de compartir la vía con seguridad. Es un aporte mínimo, que sumado va a producir un efecto positivo en la reducción de las consecuencias de los accidentes de tránsito. Hagamos cuentas: empleados de fábricas e industrias, empleados de empresas y entidades públicas, empleados de almacenes, supermercados e hipermercados, entre otros. Por otra parte, estos conocimientos pueden ser llevados al núcleo familiar y servir de factor multiplicador. Sencillo


Vías seguras

No hay disculpa que valga; hoy en día los adelantos en conocimientos y tecnológicos reducen al mínimo la posibilidad de construcción de vías peligrosas. Todo proyecto vial debe ser sometido a procesos de auditoría de seguridad vial que evite, la generación de puntos y sectores de alta accidentalidad; es inaceptable que nos limitemos a colocar la señal de denominada "Riesgo de accidente", a sabiendas que es peligroso para los usuarios. No hay disculpa.

Responsabilidad del legislativo

Aunque muchas de las acciones preventivas deben ser de libre iniciativa por decisión propia del individuo y de las colectividades; hay que incluir dentro de las normas del Código Nacional de Tránsito o e las Leyes que correspondan, algunas de manera clara, sin lugar a interpretaciones de los "vivos" ciudadanos e instituciones para no cumplirlas o evadirlas, como por ejemplo:

• Obligación de las entidades territoriales de diseñar y ejecutar planes de seguridad vial; que hagan parte de los planes de movilidad. Y asignar los recursos provenientes de multas exclusivamente a esta labor.

• Obligación de las empresas, fábricas e industrias de desarrollar programas de salud ocupacional, con énfasis en seguridad vial. Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública.

• Obligación de los patronos de dotar a los motociclistas a su servicio de la indumentaria de protección necesaria (casco, chaleco, guantes, botas). Así como someterlos a curso periódicos de adiestramiento.

• Hacer obligatorio para todo proyecto vial, la realización de auditorías de seguridad vial.

• Solucionar la disyuntiva en que se encuentran las entidades que manejan el sector de la educación respecto al a obligación de enseñanza escolar del tránsito y seguridad vial en el sentido, si la Ley de la educación prevalece sobre el Código Nacional de Tránsito, a pesar que este último, también Ley, e incluirla en la Ley 115, como lo hizo reciente, al incluir la instrucción cívica, y sea obligatoria como la educación física, protección del medio ambiente, justicia y la paz, educación sexual.

Por Jorge H. Rozo Gómez

 

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