17 Mar 2009 - 4:02 a. m.

Absueltos cinco funcionarios de Palacio por yidispolítica

En su fallo, el procurador Alejandro Ordóñez sostuvo que lo que sirvió para que la Corte condenara a Yidis Medina, para él no fue suficiente.

Redacción Judicial

Por fin hubo humo blanco en la tan esperada decisión de la Procuraduría sobre la yidispolítica. En contravía con la condena de la Corte Suprema  a Yidis Medina, que señaló que su súbito cambio de voto para apoyarla reelección se debió a que se dejó corromper “por las mezquindades envilecedoras de las promesas burocráticas del Ejecutivo”, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, determinó que no fue posible establecer los motivos que la impulsaron a tomar esa decisión, “quedando descartado que la razón suficiente para ello hayan sido los presuntos ofrecimientos” por parte del Gobierno.

En el fallo dejó constancia de las múltiples contradicciones en los testimonios entregados por Medina en los medios de comunicación y en la Corte Suprema de Justicia, aspectos que, a juicio del Procurador, son indicativos de la parcialidad de sus declaraciones y “su nutrido grado de sospecha, porque bien podría considerarse el interés de la ex congresista de involucrar a servidores públicos en las conductas de reproche penal” investigadas. Por estos motivos absolvió disciplinariamente al ministro de Protección Social, Diego Palacio; al ex ministro del Interior Sabas Pretelt, al ex director del DAS Jorge Noguera, al ex superintendente José Félix Lafaurie y al ex viceministro Hernando Angarita.

El pasado 26 de junio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 47 meses de prisión a Medina por el delito de cohecho, luego de que confesara que vendió su voto para la reelección a cambio de cuotas burocráticas en una notaría, en Etesa, en la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, en el Sena, en Acción Social y en la ESE Luis Carlos Galán de Santander. Todos esos puestos le fueron entregados a Medina, según la Corte, como contraprestación de su voto, y estuvieron condicionados “por actos corruptos” en los que supuestamente intervinieron los cinco alfiles de la administración Uribe que ayer fueron librados de toda responsabilidad disciplinaria por parte del Procurador.

En su providencia, Ordóñez resaltó que ninguno de los funcionarios influyó en la entonces parlamentaria Medina, que no hubo desviaciones de poder, que fue desmentida por todos, incluidos los beneficiarios de sus presuntos pactos con el Gobierno; que no se les probó a los investigados un interés político partidista en la aprobación de la reelección presidencial, que no se constataron, como dijo la Corte, “las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió” la ex congresista y que ella no tuvo injerencia en las designaciones que narró en su confesión ante la Corte Suprema. “Se suscita una duda razonable sobre el verdadero móvil de la congresista para depositar el voto positivo”, concluyó Ordóñez.

Agregó que la autoincriminación de Yidis Medina estaba sustentada en un interés personal y subjetivo consistente en que se judicializara a los emisarios del Palacio y que ésta no quiso ratificar sus señalamientos en la Procuraduría, por lo cual fue imposible determinar si su voto por la reelección estuvo influido por las interferencias del Gobierno. La Corte Suprema, en cambio, está convencida de que el acto legislativo de la reelección tiene connotaciones delictivas por cuanto “Yidis permutó su libertad para votar” y su apoyo a la enmienda constitucional fue decisivo para que ésta no se hundiera en la Comisión Primera de la Cámara, en junio de 2004.

Acerca de lo declarado por Medina en la Corte, Ordóñez sostuvo que no se demostró en el expediente todo cuanto dijo o responsabilidad alguna sobre quienes acusó. En relación con el video en el que Yidis le confiesa al periodista Daniel Coronell que cambió su voto por prebendas, el Procurador recalcó que no se pudo considerar como prueba, porque el contenido del video “no fue corroborado por el entrevistador, como correspondía”, y su relato fue desestimado. En últimas, la decisión respaldó lo dicho por el presidente Álvaro Uribe, quien en la Comisión de Acusación tildó a Yidis de “mentirosa empedernida” que “como una buena delincuente se contradice”.

Desde que se desató el escándalo de la yidispolítica, es la primera vez que el Gobierno gana un round. Aún siguen procesados disciplinariamente el ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez y el actual, Bernardo Moreno. Paralelamente, en la Fiscalía están llamados a indagatoria Diego Palacio, Sabas Pretelt y Jorge Noguera. El vicefiscal Guillermo Mendoza Diago está al frente del expediente, debido a que el fiscal Mario Iguarán se declaró impedido por su “amistad entrañable” con algunos de los investigados. En la Comisión de Acusación, entretanto, Uribe Vélez también es indagado.

Por ahora, la llamada yidispolítica quedó herida de muerte. Medina cambió su voto. Para la Corte, por una compraventa. Para Ordóñez, por un misterio que no alcanza para sancionar a alguien. Para la Corte, se constataron los acuerdos burocráticos con el Gobierno. El Procurador sólo habla de supuestos que no fueron corroborados. El representante Germán Navas, quien denunció la yidispolítica, así observó el fallo: “Sigo sin entender que Yidis esté en la cárcel y no los que le ofrecieron cosas. Alguien fue el intermediario. Estos juicios jurídicos se terminan volviendo políticos”.

Tras los pasos del Emisor y del personero

En otras decisiones que también llamaron la atención de los colombianos, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, abrió investigación disciplinaria contra el personero de Bogotá Francisco Rojas Birry, e indaga presuntas irregularidades de la junta directiva del Banco de la República.

En el primer caso, el Ministerio Público averigua presuntos nexos del personero con la firma DMG, en particular si David Murcia le entregó $200 millones, cosa que Rojas negó.

Y en el caso del Emisor, Ordóñez ordenó indagar por la pérdida de US$22,7 millones que fueron depositados en el sistema financiero internacional.

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