“Durante los últimos meses he sentido que en los interrogatorios no hay tranquilidad ni confianza y por eso he tomado esta triste decisión. Mi familia y yo hemos estado sometidos a una presión que no somos capaces de resistir (...) Es una decisión que se ha tomado en las últimas 24 horas debido a que se rebosó la copa cuando se llamó a dar testimonio a Óscar Iván Zuluaga. Ese interrogatorio fue de verdad el detonante para tomarla”. Esto dijo la senadora Adriana Gutiérrez Jaramillo en la tarde de este viernes, a la salida de la Corte Suprema de Justicia, cuando oficializó su renuncia al Congreso.
Su intempestiva dimisión acrecentó los rumores sobre una inminente orden de captura proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, desde agosto de 2007, la investiga por sus presuntos nexos con grupos de autodefensas. De hecho, sus más cercanos colaboradores, en declaraciones extraoficiales a El Espectador, confirmaron que desconfiaban de la imparcialidad de la investigación y que dicha circunstancia motivó la renuncia de Gutiérrez. “Me duele como mujer, como madre, como ciudadana, el haberme hecho acreedora a la lotería macabra de una investigación penal cuando la misma tuvo como fundamento un anónimo cobarde”.
Más allá de los rumores o especulaciones, son tres frentes los que relacionan a Adriana Gutiérrez con paramilitares. Por un lado, la declaración de oídas de la condenada ex parlamentaria Rocío Arias, quien ha sostenido que autodefensas le habrían colaborado al grupo político de Gutiérrez, concretamente en el municipio de La Dorada (Caldas). Fuentes allegadas a la investigación le confirmaron a este diario que lo dicho por Rocío Arias ha sido desmentido en reiteradas oportunidades por aquellos testigos que ella señaló de poder corroborar su versión, incluido el propio Ramón Isaza, el jefe de jefes de las autodefensas en el Magdalena Medio.
El segundo incómodo nexo vino por cuenta de una fotografía publicada por la revista Cromos, en donde aparece en un evento en La Dorada, durante la campaña electoral para el Congreso en el año 2002, con una ex concejal de ese municipio, de nombre Maribel Galvis Salazar, quien poco después se desmovilizó como comandante política de los paramilitares que operaban en esa zona. Gutiérrez y Zuluaga se vieron obligados a dar explicaciones y a pie juntillas sostuvieron que conocieron a Galvis como una líder comunitaria y que desconocían sus nexos con grupos irregulares.
Pero vino una tercera relación aún más incómoda. Se trata de su vínculo con el ex alcalde de La Dorada César Arturo Alzate Montes —quien estuvo en el cargo entre 2001 y 2003, un hombre que fue elogiado públicamente durante un evento en la Alcaldía de Norcasia (Caldas) por Ramón Isaza, a mediados de 2002; y al que el jefe ‘para’ le agradeció por sus servicios. Ocurre que Alzate Montes hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Gutiérrez entre febrero de 2004 y septiembre de 2005. Como si fuera poco, Alzate es primo del desaparecido jefe del narcotráfico de los años 80 Jairo Correa Alzate, a quien le administró la finca El Japón.
El Espectador conoció que durante los últimos seis meses, la investigación en contra de Adriana Gutiérrez se ha concentrado en indagar los presuntos nexos de Alzate con Ramón Isaza, sus hijos o miembros del grupo paramilitar. De hecho, existe un sinnúmero de anónimos en poder de las autoridades en donde se sostiene que sin la ayuda de los ‘paras’, habría sido imposible que Alzate llegara a la Alcaldía y que, como contraprestación, éste le dio contratos de salud y adjudicación de viviendas de interés social a alias El Gurre, comandante ‘para’ urbano de La Dorada, y a alias Memo Chiquito.
En reiteradas oportunidades, Gutiérrez ha dicho que conoce a Alzate desde 1998 y que lo han querido estigmatizar por ser primo de un narcotraficante. “Lo único que he construido es un patrimonio moral que nos están destruyendo”. Precisamente, esa parece ser la molestia principal de la congresista Gutiérrez, quien declaró que el insistente rumor desmentido de su captura inminente le ha causado zozobra a su familia. “Ustedes saben que insistentemente se rumora que hay tantas celdas en El Buen Pastor esperando a Adriana Gutiérrez, Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema Jattin. Eso una familia no lo resiste”. Por el contrario, una fuente cercana al proceso le confirmó a El Espectador que “no hay ni una sola prueba directa que la comprometa y sus explicaciones han sido coherentes”.
De cualquier manera, su renuncia se convierte en un aviso de que el llamado escándalo de la parapolítica está más vivo que nunca. Este viernes mismo, la Corte Suprema ratificó la detención del representante por el Magdalena, Rodrigo Roncallo, y se espera que el lunes haga lo mismo con el representante por el departamento de Bolívar, Miguel Ángel Rangel. El primero está señalado por sus nexos con Jorge 40. El segundo, por ser beneficiario de Ernesto Báez en el sur de Bolívar. Además, al representante caldense Mauricio Lizcano, la Corte le acaba de abrir una investigación preliminar. La parapolítica, qué duda queda, volvió a la arena y ya causó la primera renuncia de este año.
Pero mientras Gutiérrez renuncia en momentos en que, según ha podido establecer El Espectador, no hay evidencia directa que la incrimine, el caso de la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez tiene un nuevo elemento que genera controversia.
Es una carta personal que le envió Don Berna desde Estados Unidos a Rocío Arias, en la que le dice que un día antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, en mayo del año pasado, alias El Pájaro, jefe paramilitar de Cundinamarca, le confirmó que ellos sí habían apoyado a Nancy Patricia Gutiérrez. Sin embargo, la versión oficial de El Pájaro en la Corte es todo lo contrario.