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Hasta el momento, la minería del oro ha sido una actividad secundaria en la Amazonía, realizado en forma artesanal e informal. Pero las cosas podrían cambiar dramáticamente, si la compañía canadiense Cosigo Resources logra su propósito de abolir la reserva natural del Yaigojé-Apaporis, como lo denuncia el sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo.
Dos días después de firmada la Resolución 2079 de 2009 que creó el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis que coincide con el resguardo del mismo nombre, Ingeominas otorgó un título minero a la compañía canadiense Cosigo Resources para explotación de oro a cielo abierto, un tecnología minera que viene siendo criticada por organizaciones sociales, ecologistas y por economistas del prestigio de Eduardo Sarmiento y Aurelio Suárez Montoya.
El economista y abogado Aurelio Suárez Montoya de la Red contra la gran minería ‘Reclame’ y Cedetrabajo, explica que las explotaciones mineras por parte de las grandes compañías se hace a través de contratos de seguridad jurídica que ‘congela’ por 20 años los marcos jurídicos que las propias empresas escogen para los concesiones, además de otorgar varias prerrogativas fiscales y comerciales, todo en nombre de la llamada “confianza inversionista”, asegura Suárez Montoya.
El economista hace notar que tanta concesión no es proporcional con los aportes de la gran minería: explica que en 2010 pagaron 1.6 billones en impuestos de renta y 1.3 billones en regalías, es decir, solo una trigésima parte del PIB, mientras las empresas mineras experimentan crecimiento del 11 por ciento. Y critica además que es el Estado y la sociedad en general quienes a largo plazo pagan el daño emergente derivado de los impactos ambientales negativos.
En resumen, Suárez Montoya sintetiza en cinco puntos las “gabelas” de la gran minería: 1) modificación del régimen de regalías para rebajarlas al 4 por ciento por autoliquidación, 2) flexibilización laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, 3) descuentos del 7 por ciento en las transferencias de utilidades a las casas matrices de las compañías, 4) contratos de seguridad jurídica por 20 años, y 5) Exención de 40 por ciento sobre los impuestos por reinversión de utilidades en equipos.
La explotación de oro en el Yaigojé-Apaporis podría ser el asalto más grave a los recursos de la Amazonia y a los derechos de los indígenas, y en consecuencia debería invalidarse la licencia minera obtenida mediante trucos permitidos durante el gobierno Uribe, tal como recientemente lo denunció el propio ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, quien no dudó en calificar la situación que encontró en Ingeominas como una “piñata” y una “olla podrida”.
Lugar sagrado y biodiverso
Por la reserva Yaigojé-Apaporis cruza el río Apaporis, uno de los principales del Departamento de Caquetá junto con los ríos Caguán, el Orteguaza, el Yarí, el Guayas, el Fragua, el Hacha y el San Pedro.
El río Apaporis es en parte límite natural de Caquetá con los departamentos de Guaviare y Vaupés. Nace en cercanías de San Vicente del Caguán, atraviesa la prístina región del Chiribiquete y termina como afluente del gran Caquetá en la frontera con Brasil.
La reserva-resguardo es el hogar antiquísimo de las etnias Makuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup-maku y Yauna, guardines sempiternos y legítimos propietarios de esas selvas, organizados desde 2008 en la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigoje-Apaporis (Aciya).
La reserva-resguardo constituye el lugar más sagrado de la cultura del Yuruparí, base chamánica de la Amazonía. Y es un lugar de inmensa biodiversidad, muy poco contaminado por la sociedad occidental.
Una expedición científica de la Universidad Nacional de Colombia en noviembre de 2009 colectó 2.510 especies de flora y fauna. El estudio sirvió para que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales declarara la zona de Yaigojé-Apaporis, en el Vaupés, como Parque Nacional Natural.
Los riesgos
El ojo de la compañía Cosigo Resources está puesto en la reserva de un millón cincuenta y seis mil veintitrés hectáreas (1.056.023 Ha). De acuerdo con las investigaciones del sociólogo Alfredo Molano para El Espectador, lo primero que resulta sospechoso es que el título minero se hubiera otorgado justo dos días después de creada la reserva.
Para Molano, la Cosigo busca dividir las comunidades indígenas a través de prebendas y falacias y “programitas de responsabilidad social”. Indicios de tal estrategia son las visitas turísticas a Bogotá de niños y adultos de las etnias, las expediciones pagadas a periodistas de diversos medios de comunicación, las brigadas cívicas que publicita a través de su sito en Facebook y la creación de organizaciones paralelas a Aciya, como la Asociación de Capitanes del Vaupés.
El asunto con la minería a cielo abierto es que ella remueve cientos de miles de metros cúbicos de suelo, incluido desde luego toda cobertura vegetal que exista, utiliza millones de metros cúbicos de agua y miles de galones de arsénico y mercurio para obtener unos granos de oro. El resultado es literalmente un peladero y aguas muy contaminadas.
La explotación aurífera a cielo abierto sería un golpe mortal para una reserva destinada a “contribuir a la conectividad de los ecosistemas de las cuencas del río Caquetá y del río Negro”. Como lo sería también para las etnias que habitan el resguardo. Los impactos negativos son físicos, bióticos y sociales. Tanto en el aire, en el agua, en el suelo y el subsuelo.
Si bien el resguardo-reserva Yaigojé-Apaporis está localizado en territorio del Vaupés, esto no debería ser óbice para que los caqueteños tomaran cartas en el asunto, si tanto se precian de ser territorio amazónico, pues una cosa son los imaginarios límites político-administrativos y otros los naturales. La Amazonía es una.
Por César Augusto Useche Losada, colaborador de Soyperiodista.com