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Un día los colombianos se despiertan con la noticia de la renuncia masiva de especialistas en el Hospital de Meissen en Bogotá. Otro, con las declaraciones de la contralora general, Sandra Morelli, denunciando que el detrimento patrimonial en Saludcoop podría ascender a un $1 billón, mientras revela un interminable listado de triquiñuelas utilizadas por las EPS para desviar recursos públicos. La crisis del sistema de salud parece tener mil caras.
Buscando un poco de claridad en esta avalancha de información y desinformación, un grupo de 50 investigadores y docentes de la Universidad de los Andes, vinculados a siete facultades, pasaron los últimos dos años tratando de entender qué es lo que realmente está sucediendo con el sistema de salud colombiano para plantear algunas salidas.
El resultado de ese esfuerzo es el “libro blanco en salud” titulado: La salud en Colombia: logros, retos y recomendaciones, que será presentado este viernes en la universidad bogotana. “La idea no es entrar en el debate de acabar el sistema y poner uno nuevo. Lo que se plantea allí es: con lo que hay qué podemos mejorar”, afirma Óscar Bernal, editor del libro, quien es médico y director de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes.
Cinco grandes preguntas orientaron el trabajo de los investigadores: ¿Cómo está la situación en la salud? ¿Cómo está organizado el sistema y dónde están los problemas? ¿Cómo se presta el servicio y dónde están los problemas de prestación? ¿Qué sucede con el financiamiento? ¿Cuál es el impacto de la tutelas en el sistema?
Para Bernal y su equipo la crisis de la salud debe dejar de verse en blanco y negro. Existen indicadores, como la esperanza de vida y la reducción en la mortalidad infantil, que demuestran las bondades del sistema de aseguramiento por el que apostó el país con la Ley 100. Otros como las altas tasas de mortalidad materna y la baja calidad de los servicios sin duda constituyen retos por superar.
Entre las muchas recomendaciones planteadas, que van desde reorganizar los niveles primarios de atención y evitar tantos intermediarios en el manejo de recursos, quizá las más interesantes y polémicas se refieren a los mecanismos para financiar el sistema.
“Hay un peligro real en la sostenibilidad”, advierte Bernal. Los expertos proponen mantener el impuesto a los empleados, pero que las empresas paguen “una sobretasa directa a salud, que no dependa del numero de empleados ni del tipo de contratos”. Es decir, que cada empresa realizaría aportes al sistema dependiendo de su tamaño y desempeño económico y no del número de empleados.
También sugieren que los colombianos que hoy forman parte del régimen subsidiado y son cubiertos en un 100% por el Estado asuman una parte de la responsabilidad, que paguen un porcentaje de acuerdo con su condición económica.
Una propuesta interesante está relacionada con los trabajadores independientes que hoy se ven obligados a pagar un aporte alto a salud y muchos prefieren obviarlo. Para traerlos al sistema, la idea es que su tarifa sea equiparable a la de un empleado.
En este esfuerzo por recuperar la salud financiera del sistema, la contralora Sandra Morelli lanzó una propuesta provocadora en su intervención del miércoles en el Congreso de la República, donde se llevó a cabo un debate de control político sobre el tema.
“Si ustedes recuerdan cuando surgió la crisis en el sector financiero”, dijo la Contralora, “lo que hizo el Gobierno en esa época fue decretar una emergencia económica, invitó a los dueños y accionistas de las entidades financieras para que contribuyeran al saneamiento y creó un fondo que se llamó Fogafín”. Aquellos actores bancarios, que no tenían el músculo financiero para sacar adelante su entidad, perdieron la titularidad y el Estado se hizo cargo de sanearlos y volverlos a colocar en el mercado. “Fue una operación muy exitosa porque, entre otras cosas, el Estado recuperó unos recursos muy importantes. Las vías que se adoptaron fueron claras y transparentes”, señaló Morelli.
Bernal y su equipo coinciden con la contralora en que se debe revisar el papel que están cumpliendo hoy las empresas aseguradoras. “Se debe reducir el número de actores involucrados para hacer más sencillo el sistema. Las EPS adecuadas pueden continuar operando y las que no tengan viabilidad económica no deberían existir”, concluyó Bernal.
Como lo señaló la contralora, lo cierto es que en estos momentos, cerca de 20 millones de personas están afiliadas a EPS que están intervenidas, liquidadas o bajo medidas cautelares.
Una situación, que como aconseja Bernal, sólo podrá resolverse con el trabajo y compromiso de todos los actores del sistema.