Como una garantía para las víctimas de los grupos paramilitares se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), mediante la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz). Pero desde el martes, cuando 14 ex jefes de las Auc fueron extraditados a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de ese Gobierno, las preguntas son: ¿Qué función le queda a la CNRR? ¿Tiene razones para seguir vigente?
Su presidente, Eduardo Pizarro, responde que el papel de la Comisión no se ve afectado y, por el contrario, asegura que gracias a la extradición se están acelerando los procesos de reparación, porque cuando los ex jefes ‘paras’ perdieron los beneficios que les otorgaba la ley de Justicia y Paz, la Policía quedó con toda la facultad para ocupar los bienes que en un principio se negaron a entregar.
Sobre la verdad, Pizarro asevera que “se fueron 14, pero quedaron más de 33.000 desmovilizados en Colombia que la conocen” y por eso cree que la CNRR “queda más viva que nunca”.
Una conclusión opuesta es la de Patricia Buriticá, también miembro de la Comisión, quien considera que con la extradición la entidad entra en una profunda crisis y pasa a ser un órgano gubernamental, porque pierde las funciones para las cuales fue creada. “Es un fracaso. Quedó entre dicho la verdad, la justicia y en incertidumbre la reparación”, agrega.
En la reparación es pesimista por antecedentes como la sanción a Chiquita Brands, con 25 millones de dólares, por colaborar con las autodefensas, sin que un año después las víctimas hayan recibido nada. Sobre la verdad de los otros paramilitares, cree que no saben lo suficiente. De los 14 extraditados, recuerda las dificultades que tenían las víctimas para trasladarse de un municipio a otro a escuchar las versiones libres, “¿que será ahora en Estados Unidos. Hasta qué punto van a correr con sus gastos?”.
Por otra parte y pese a las dificultades que deja la extradición para el conocimiento de la verdad, Ana Teresa Bernal, también integrante de la CNRR, cree que esa circunstancia intensifica su labor, pues el reto ahora es tratar de garantizarla.
“La verdad no se construye sólo con versiones libres de desmovilizados. Por ejemplo, en pocos meses vamos a presentar un informe de memoria histórica que aporta mucho a las víctimas. No podemos hablar de un fracaso de la Ley de Justicia y Paz, todavía quedan muchas tareas por cumplir”, enfatiza.
Y Patricia Helena Perdomo, otro miembro de la Comisión, defiende su funcionalidad, la cual, según dice, deberá ahora velar porque se cumplan los compromisos fijados con el gobierno de Estados Unidos.
Lo cierto es que la incertidumbre reina al interior de la CNRR. El próximo 20 de mayo, sus 13 miembros tendrán una reunión para determinar la nueva manera de operar y si debe haber cambios tras la reciente extradición de los ex jefes paramilitares.
“Se cierra opción en busca de la verdad”: CIDH
A través de una declaración pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó ayer la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, al manifestar que se está afectando la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación por los crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
En opinión de la CIDH, instancia internacional que hoy examina varias demandas contra el Estado colombiano, la extradición de los jefes paramilitares a los Estados Unidos “cierra la posibilidad de la participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes del paramilitarismo y limita el acceso a la reparación”.
De manera complementaria, la Misión de Apoyo al proceso de paz de la OEA expidió igualmente una declaración en la que aclaró que la decisión constituye una prerrogativa del Gobierno sustentada en acuerdos internacionales, y que lo importante es que no se afecte el derecho de las víctimas. La Misión expresó que no es de su competencia decir si es conveniente o no.