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“Estamos identificando a nuestros enemigos en esta guerra que necesita dineros para sostenerse (...) nuestra organización ha tomado la decisión de poner un impuesto de guerra semestral a su establecimiento de $1 millón...”. Estas líneas forman parte de un panfleto que llegó el pasado 21 de noviembre a siete cafeterías de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Lo firmaba la Junta Militar Urabeños. Hoy, 7 de noviembre, se cumple la fecha límite para ese pago que, según la misiva, sería reclamado en cada establecimiento por “nuestras unidades”. Quien se opusiera, remataba el comunicado, será declarado “enemigo de nuestra organización y se convierte en objetivo militar”.
En los alrededores de la zona deportiva, donde está ubicada gran parte de las cafeterías amenazadas, la mayoría se rehúsa a dar declaraciones. Reina el silencio. Sólo unos pocos reconocen que el panfleto efectivamente fue encontrado en sus locales y uno más dice que dará declaraciones hasta que la administración de la universidad abra canales de diálogo con los empleados y administradores de estos negocios. Una empleada reconoce que la universidad sí los ha consultado, pero eso no les ha dado la tranquilidad de lo que pueda pasar hoy, cuando se venza el plazo.
El rector de la institución, Alberto Uribe Correa, sólo se atreve a decir que “es un delito probablemente de las bacrim o la delincuencia común”. Se lamenta de que haya regresado el fantasma de los panfletos amenazantes y extorsivos a integrantes de la universidad y explica que se denunció el hecho a las autoridades. El Gaula del Ejército está haciendo el trabajo de investigación.
Para tratar de dar una explicación a este hecho, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, dice que es necesario leerlo desde un contexto más amplio. Explica que la historia de este tipo de negocios dentro de la universidad “es muy compleja. Ha sido escenario de hurtos a mano armada y de intentos de extorsión, así como epicentro de los conflictos que se viven en la universidad”. Los victimarios varían dependiendo del momento por el que esté atravesando la guerra en Colombia. Hoy son ‘Los Urabeños’, según la misiva, aunque fuentes del Gaula dicen que no hay certeza de esto.
Cuando se le pregunta si los panfletos provenían de grupos que están en el interior de la universidad, el secretario dice: “No me atrevo a lanzar una hipótesis, pero no tenemos información sobre la presencia interna de un grupo de estos”.
“No permitiremos guerrilleros, sapos, gamines, delincuentes, carritos o infiltrados que atenten contra nuestra organización”, concluye el panfleto que despertó la incertidumbre y el miedo en la Universidad de Antioquia.
*Este artículo fue realizado con la colaboración del Sistema Informativo de la Urbe de la Universidad de Antioquia.
En medio de amenazas a maestros, Unimagdalena posesiona rector
Durante la ceremonia en la que Ruthber Escorcia Caballero fue posesionado ayer rector de la Universidad del Magdalena por segunda vez, el Consejo Superior les pidió a las autoridades aclarar e investigar las amenazas de muerte que hace una semana recibieron a través de un correo electrónico nueve docentes de la institución pública.
El mensaje ‘acusa’ a los profesores de “torpedear el proceso de autonomía universitaria” al oponerse a la elección de Escorcia Caballero. Los maestros sospechan que las intimidaciones provienen de funcionarios de la misma universidad, quienes tendrían conocimiento de las inconformidades de éstos con la actual administración. La rectoría ha rechazado estos señalamientos y ha expuesto los hechos ante las autoridades, quienes ya visitaron a los profesores para evaluar el tipo de protección que necesitan. El vicerrector académico, Pedro Eslava Eljaiek, informó que dos de los maestros ya pidieron ser trasladados hacia otras ciudades.